El BdE 'se borra' del debate sobre el SMI y deja sin argumentos a los empresarios

Hubo un tiempo en el que los empresarios disponían de informes solventes con los que armaban su argumentario para rechazar incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en base a catastróficas previsiones de destrucción masiva de empleo. Pero en esta ocasión, la patronal se ha quedado sin el principal soporte documental que esperaba utilizar de ariete para plantarse ante la intención del Ministerio de Trabajo de ejecutar una nueva subida del suelo salarial en España para 2021, en plena crisis económica provocada por la Covid. Fuentes de la CEOE lamentan que la nueva ofensiva gubernamental para aproximar la referencia hasta los prometidos 1.000 euros mensuales les haya cogido sin un paper de referencia al que agarrarse, donde una institución independiente como la Autoridad Fiscal o el Banco de España traduzca a cifras el pernicioso impacto sobre el empleo de la sucesión de subidas del SMI de los últimos años.

Para entender esta necesidad que expresan varios sectores de la patronal hay que remontarse a principios de 2019. El Banco de España publicó entonces una polémica proyección en la que estimó que la subida del SMI hasta los 900 euros para ese año - la mayor de la historia (un 22,3%), fruto del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos- podría suponer la pérdida de hasta 125.000 empleos de comportarse el mercado de trabajo de manera similar a cómo lo hizo tras la subida del 8% aprobada para 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La publicación de esta estimación hizo que el Gobierno socialista saliera en tromba contra el organismo que ya dirigía Pablo Hernández de Cos, al que la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, llegó a tachar de "profeta del desastre" y al que se le 'invitó' de mala manera a realizar una rectificación pública. El supervisor se mantuvo firme en sus proyecciones y emplazó el debate sobre el asunto a la publicación de una evaluación específica sobre la 'macrosubida del SMI en 2019' - la proyección que hizo público se basaba en el estudio de impacto realizado sobre la subida del SMI de 2017- que entonces se comprometió a publicar en algún momento de la segunda mitad de 2020. 

Desde entonces se espera, en algunos ámbitos empresariales incluso con cierta ansiedad, el célebre informe para determinar hasta qué punto la subida de más de 22% del Salario Mínimo en 2019 condicionó la capacidad de la economía española para generar empleo y para conocer la eventual factura que la decisión pudo pasar en términos de puestos de trabajo. El jarro de agua fría sobre estas expectativas ha llegado muy recientemente tras la confirmación por parte del director de Economía y Estadística, Óscar Arce, de que el informe no se publicará este año y que habrá que esperar al menos hasta el primer trimestre de 2021 para disponer de ese diagnóstico.

La demora en el esperado informe del Banco de España se ha recibido con decepción en CEOE, que en pleno debate sobre la subida para 2021, con la mesa de diálogo social ya abierta, se ha quedado sin el que se antojaba como su principal argumento técnico para desaconsejar una nueva subida del sueldo mínimo legal de referencia. Fuentes empresariales insisten en que nueva subida del Salario Mínimo en un contexto de crisis económica  tendrá un impacto negativo sobre el mercado laboral, por ser precisamente los trabajadores más afectados por este indicador (unos 2,5 millones de ocupados de baja cualificación y bajos salarios, según los datos que maneja el propio Gobierno en los Presupuestos de 2021) los que pertenecen en su mayoría a los sectores más afectados por la pandemia.

Las fuentes empresariales consultadas subrayan como evidente que en medio de una negociación sobre el asunto no tiene el mismo valor, particularmente a ojos del Gobierno, que esa posición la exprese CEOE que se sostenga a partir de un informe salido de una institución independiente como el Banco de España.

La conocida posición del Banco de España sobre el SMI

"No es necesario que el Banco de España publique un informe para saber cuál es su posición respecto a la subida del Salario Mínimo en un contexto como el actual", aseguran fuentes de la institución, apelando a los no pocos pronunciamientos públicos que ha realizado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre el asunto en los últimos dos años y medio y también al posicionamiento de la institución frente a otras medidas como la decisión del Ejecutivo de elevar de forma general un 0,9% las nóminas tanto de los pensionistas como de los funcionarios.

El Banco de España aún no ha tenido la oportunidad de pronunciarse en público sobre este nuevo intento del Ejecutivo de aproximar el SMI a ese nivel comprometido de los 1.000 euros, que Unidas Podemos y PSOE acordaron en su pacto de legislatura, pero las fuentes consultadas subrayan que eso no significa que se vaya a poner de perfil en este debate. Fuentes próximas al supervisor aseguran que en el Banco de España se contempla la iniciativa impulsada desde el Ministerio de Trabajo con el apoyo de los sindicatos mayoritarios de forma muy crítica, no sólo por el contexto económico en el que se produce sino por la acumulación de evidencias empíricas -en los propios informes de la institución- que apuntan al impacto negativo que las subidas del SMI tienen sobre la creación de empleo y especialmente sobre el de más baja cualificación, concentrado además en los segmentos del tejido productivo más golpeados por la crisis económica. 

Desde el Banco de España se atribuye el retraso en la publicación del informe respecto a las fechas inicialmente previstas a la recepción tardía -normalmente se produce en junio y este año se ha retrasado hasta septiembre- de la información de la Muestra Continua de Vidas Laborales sobre la que se construyen las proyecciones y también a cuestiones metodológicas, ya que según ha explicado Óscar Arce esta vez el análisis del Banco de España no se va a limitar a replicar el análisis que se hizo sobre la subida de 2017 sino que se van a añadir enfoques complementarios para dar la visión más rigurosa, completa y actualizada posible, lo que también va a exigir un mayor tiempo para el tratamiento de la información disponible.

Indignación en los sectores empresariales más afectados

La maniobra de Trabajo ha caído como una bomba en los sectores productivos de menor valor añadido y más intensivos en capital humanos. Alegan que sus márgenes, estrechados ya por la pandemia, no pueden sostener un alza de los costes laborales en medio de una crisis. Las fuentes consultadas explican que la subida del SMI no solo repercute en las nóminas que cobran los trabajadores cubiertos bajo este indicador, sino que "tira al alza" de los sueldos pactados en convenio, lo que "dinamita la negociación colectiva". Los sindicatos, por su parte, afean a la CEOE que busque argumentos para rechazar un nuevo impulso al salario mínimo cuando "las empresas han recibido cantidades ingentes del Estado" para paliar los efectos de la pandemia en sus cuentas de resultados a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los avales del ICO.

Bajo estas premisas, los empresarios se sentaron ayer en el Ministerio para pedir al Gobierno que congele el SMI, e incluso que lo baje, tal y como reveló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión. Los sindicatos, por su parte, pidieron al Ejecutivo un incremento en el entorno del 1,8% en el caso de CCOO (hasta rozar los 970 euros) y del 5% en el caso de UGT, hasta los 1.000 euros. Trabajo, de momento, no ha planteado una cifra oficial, si bien ya ha avanzado de que el salario mínimo subirá sí o sí el próximo año, aunque la patronal se oponga.

Un problema interno para CEOE

El asunto no es pacífico en el seno de CEOE. Tanto hace dos años, con la histórica subida del 22,3% que llevó el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros; como el año pasado, tras decretar el Gobierno la subida del 5,55% que llevó el suelo salarial en España hasta los 950 euros, la cuestión desencadenó los debates más ásperos en la Junta Directiva de la patronal, especialmente desde los sectores más afectados por la maniobra por ser intensivos en mano de obra de bajo valor añadido, como la agricultura, los servicios básicos a empresas o incluso el sector de la hostelería.

Los rumores de los últimos días respecto a una nueva subida del Salario Mínimo, aún cuando anuncian un alza mucho más contenida que la de los últimos años, han reactivado la tensión interna en la patronal. Las organizaciones sectoriales más afectadas por la medida han puesto el grito en el cielo y han pedido a Antonio Garamendi que marque una línea roja en el diálogo social con este asunto. No entienden como el Gobierno puede introducir más presión sobre sus costes laborales en un contexto de recesión económica y con más de 700.000 trabajadores 'hibernados' por la incapacidad de la demanda existente para dar trabajo a decenas de miles de empresas y profesionales.

Las organizaciones empresariales tienen previsto remarcar su situación en la reunión de la Junta Directiva de CEOE que tiene lugar este miércoles y según fuentes empresariales están dispuestas a suspender 'de facto' la negociación colectiva en sus sectores si el Gobierno opta finalmente por elevar el Salario Mínimo otra vez de cara a 2021. Argumentan que la nueva subida, por pequeña que sea, iría contra sus ya estrechados márgenes empresariales y que pondría en una situación muy difícil a miles de negocios por la imposibilidad de repercutir esas subidas a sus clientes privados en un contexto de estrecheces financieras ni a sus clientes públicos, por la negativa del Gobierno a trasladar los cambios en la regulación salarial a los precios de los contratos públicos ya firmados.