La deuda pública rompe su récord en el primer trimestre y se dispara hasta 1,613 billones

La deuda del conjunto de las administraciones públicas pulverizó récords y se situó en los 1,613 billones de euros durante el primer trimestre del año y escaló hasta el 109% del Producto Interior Bruto (PIB), según recogen los datos publicados este viernes por el Banco de España. La deuda pulveriza así su récord, después de que el endeudamiento del Estado y las autonomías marcaran máximos históricos. 

El Banco de España ha confirmado este viernes el dato de deuda adelantado hace un mes, con un desglose que constata que el endeudamiento de la administración central se elevó hasta el 99,6% del PIB, equivalente a un importe histórico de 1,474 billones de euros. Mientras, la cuantía de deuda de las autonomías marcó un récord en 328.932 millones, pero el nivel equivalente sobre el PIB se mantuvo en el 22,2%.

Por su parte, las corporaciones locales también mantuvieron el nivel de deuda sobre PIB en el 1,6% y disminuyeron su importe a 23.145 millones. Las administraciones de la Seguridad Social lograron reducir su deuda a 116.170 millones, equivalentes al 7,8 % del PIB, una décima menos que el trimestre anterior.

Las autonomías con deuda récord 

Los mayores importes de deuda en términos absolutos los marcaron Cataluña (87.253 millones), Comunidad Valenciana (57.676 millones), Madrid (38.358 millones) y Andalucía (38.302 millones). Por su parte,

Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia anotaron importes récord de deuda pública, pero no en ratio sobre PIB, tasas que en todos los casos están lejos de los máximos marcado en el año de la pandemia, crisis que provocó mayores necesidades de endeudamiento mientras la economía se desplomaba, según recoge la agencia Efe. 

La Comunidad Valenciana sigue a la cabeza con la mayor ratio de deuda, del 41,5% de su PIB, seguida por Castilla-La Mancha (31,5% de su PIB), Murcia (31,4%) y Cataluña (31,1%). Las menores ratios son para Navarra y Canarias (11,7%) en ambos casos) País Vasco (12,7%) y Madrid (13,3%).

La deuda de los ayuntamientos

Por otro lado, el endeudamiento de los ayuntamientos con más de 300.000 habitantes disminuyó a 5.298 millones en el primer trimestre, frente a los 5.352 millones del cierre de 2023. Sólo la ciudad de Murcia subió su deuda de 269 a 274 millones, en tanto que Alicante, Bilbao y Las Palmas mantuvieron las cifras del trimestre anterior. Las mayores deudas continúan siendo las de Madrid, con 1.949 millones de euros, y Barcelona, que asciende a 1.325 millones. 

Los cálculos del Gobierno 

Pese a estos datos, los cálculos del Gobierno apuntan a que la ratio de deuda sobre PIB se reducirá este año hasta el 106,3%, lo hará al 105,4% el año que viene y se situará en 104,4% ya en 2026. Sin embargo, existe el riesgo de que el país no pueda ir mucho más allá en la rebaja necesaria de su pasivo los años siguientes.

De momento, ayudará la mejora de las previsiones económicas gracias al efecto arrastre por un trimestre en el que la actividad avanzó al 0,7%, por encima de lo previsto y en línea con el crecimiento de finales del año pasado. Tanto la Comisión Europea, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España han elevado sus estimaciones para el país y sitúan el crecimiento en una horquilla entre el 2,1 y el 2,4% este ejercicio, por encima del cálculo del Gobierno.

Ese mayor tirón de la actividad permitirá que la ratio de deuda mejore, si bien organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han venido alertando de que España tendrá que hacer un ajuste adicional para poder ceñirse a las exigencias de las nuevas reglas fiscales y mantener una reducción del endeudamiento que sea sostenible a medio plazo. En este sentido, el organismo que capitanea Cristina Herrero ha instado al Ejecutivo a que pacte con el resto de grupos y con las comunidades autónomas una senda de reducción viable para los próximos años.

Tras el último informe del Banco de España 

Esta solicitud está muy en línea con los mensajes lanzados por el Banco de España, que en su último Informe de Estabilidad Financiera apuntaba a que la deuda pública española “mostraría una senda creciente a medio y largo plazo si no se aplica un proceso de consolidación fiscal que abarque varios años".

El motivo es que la economía nacional deberá asumir en un futuro a medio plazo el impacto sobre el gasto público que tendrán fenómenos estructurales como el envejecimiento de la población y el desembolso en pensiones, las necesidades de inversión ligadas al cambio climático y la transición energética, así como la digitalización y los compromisos asumidos en materia de defensa con sus socios. El mensaje que cala es que España, que ahora crece muy por encima de sus principales socios y del conjunto del área del euro, no puede permitirse basar su ajuste tan solo en un ciclo económico que puede agotarse.