'Greenwashing', ¿cómo avanza la lucha contra el ecopostureo y dónde se fijan los límites?

El 'greenwashing se ha convertido en habitual en la agenda pública energética durante las últimas semanas. La demanda de Iberdrola contra Repsol ha disparado el interés y ahora acapara la atención de muchos, pero surgen ciertas dudas sobre cómo articulan los mecanimos contra el ecopostuero. En España no existe hoy una regulación sistemática del greenwashing, lo cual no significa que la emisión de información medioambiental errónea esté permitida. 

De este modo, para encontrar la forma en que el ordenamiento jurídico español aborda esta cuestión, se de debe acudir a la Ley de Competencia Desleal y a la Ley General de Publicidad. No obstante, esto va a cambiar dentro de no mucho tiempo. El 26 de marzo de este año entró en vigor la Directiva 2024/825, la cual habrá de ser traspuesta antes del 27 de marzo de 2026 por los Estados miembro. El principal objetivo de esta Directiva es así reforzar la protección de los consumidores en materia de información falsa o que induzca a engaño sobre las propiedades medioambientales o sociales de un determinado producto.

"Con la nueva directiva, que todavía deberá de transponerse a nivel nacional, el consumidor tendrá una información más precisa sobre el impacto medioambiental de los productos que adquiere. Entre las prácticas específicas que la Directiva considera engañosas y, por lo tanto, prohíbe, destacan las afirmaciones medioambientales genéricas que no estén lo suficientemente justificadas, pero que induzcan a creer que son comportamientos medioambientales excelentes", explica a La Información Gemma Bedia, Associate Director de Asuntos Públicos en Kreab España.

Bedia pone los siguientes ejemplos de afirmaciones genéricas que pueden inducir a error: "eficiente desde el punto de vista energético" o "respetuoso con el clima". La nueva Directiva incluye, además, como nuevas prácticas comerciales desleales la referencia a la totalidad de un producto cuando solo es un aspecto del mismo y el uso de etiquetados de sostenibilidad cuando que no se basen en un sistema de certificación.  "Esta directiva es un importante avance con respecto a la normativa previa debido a que el margen de interpretación por parte del órgano competente para resolver, a partir de ahora, estará más definido. Además, la normativa pretende homogenizar la protección del consumidor a nivel europeo", subraya.

Una vez se aplique la directiva europea, las empresas deben de ser más diligentes con la información que ofrecen sobre sus productos para no caer en incoherencias. Según Bedia, estas nuevas exigencias ayudarán a fomentar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización europeos, especialmente en el sector del transporte. "El caso reciente de investigación sobre 'greenwashing' a 20 compañías europeas por parte de la Comisión Europea demuestra que, por ejemplo, los biocombustibles utilizados en el transporte solo podrán ser considerados como sostenibles siempre que su impacto medioambiental sea justificado debidamente", apunta.

De este modo, tal y como indica Bedia, entre los aspectos positivos de la directiva destaca el hecho de que los consumidores dispondrán de una información más detallada sobre la sostenibilidad de los productos que adquieren para poder tomar decisiones informadas. Las nuevas exigencias ayudarán, además, a fomentar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización europeos, como es el caso del sector del transporte. En este sentido, las empresas deberán de asegurarse que sus políticas están alienadas con la normativa energética y medioambiental, que condiciona su actividad económica, para poder garantizar que sus alegaciones y la información proporcionada están lo suficientemente justificadas.

En su opinión, en caso de controversias, esta directiva es un importante avance con respecto a la normativa previa debido a que el margen de interpretación por parte del órgano competente para resolver, a partir de ahora, estará más definido y la protección al consumidor será homogeneizada a nivel europeo. De este modo, tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales competentes pueden iniciar investigaciones y adoptar medidas para corregir estas prácticas de manera coordinada.

En concreto, se establece la obligación de que cualquier alegación que se lleve a cabo ha de estar respaldada por información pública y comprobable, y en su caso de un plan de ejecución verificado por un tercero sobre cómo se espera conseguir lo establecido, tal y como recoge Kreab en un policy paper publicado recientemente sobre 'greenwashing'. También han de ser prohibidos los etiquetados de sostenibilidad no basados en un esquema de certificación o no establecidos por autoridades, así como cualquier alegación basada en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, se pone el foco en la durabilidad de los productos, estableciendo que la información sobre la garantía tiene que ser más visible, y además se creará una nueva etiqueta armonizada para dar más relieve a los productos con un periodo de garantía ampliado.