'Hispanobonos' y coto a los oasis fiscales autonómicos: el ideario fiscal de Montero
- La nueva ministra de Hacienda defendió como consejera andaluza la participación de las CCAA en las decisiones sobre IRPF, IVA o Impuestos Especiales
De la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se espera que lleve a buen puerto los Presupuestos de 2018, que lo haga a ser posible sin desviarse en exceso del objetivo de déficit del 2,2% del PIB pactado con Bruselas - el Banco de España, la Airef y la propia Comisión Europea ya han avanzado que no desviarse sería una sorpresa- , que amase el consenso necesario para poner en marcha los Presupuestos de 2019 y que ya puestos encarrile la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que ya resultó un importante quebradero de cabeza para el anterior Gobierno del PP.
La misión parece ambiciosa en exceso, pero, según los que la conocen, si de algo dispone la nueva titular del Ministerio de Hacienda es de energía, disposición y empeño a raudales, como bien sabe el ministro saliente, Cristóbal Montoro, que la ha tenido que 'sufrir' durante cinco años en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las negociaciones bilaterales que Hacienda ha mantenido con la Junta de Andalucía. Por otra parte, Andalucía ha acreditado en este último lustro un desempeño presupuestario intachable y el pasado ejercicio no sólo cumplió su objetivo de déficit del 0,6%, sino que dejó el desequilibrio de sus cuentas en el 0,22%.
Este 'track record' animó a la Junta de Andalucía a solicitar a comienzos de año formalmente al Ministerio de Hacienda su retorno a los mercados de deuda, para empezar a romper el vínculo que ata las cuentas autonómicas al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del resto de mecanismos de liquidez establecidos por el Estado. Andalucía aparece como la tercera comunidad autónoma que más fondos ha recibido del Fondo de Liquidez Autonómica (tras Cataluña y Comunidad Valenciana), con una suma total de más de 38.000 millones de euros de los que 25.000 están pendientes de devolución, pero también se ha puesto a la cabeza de la manifestación a la hora de exigir la retirada progresiva de este sistema de emergencia para financiar a las CCAA.
¿Vuelven los 'hispanobonos'?
Como consejera andaluza, María Jesús Montero, ha cuestionado el FLA con el argumento de que ha arrebatado la autonomía financiera a las comunidades autónomas y las ha condenado a depender del Estado, y ha defendido su retirada progresiva. También, y esto es interesante, ha planteado alternativas. Esencialmente, dos. Liquidar la deuda pendiente del FLA mediante su sustitución por emisiones conjuntas de varias comunidades autónomas o de éstas con la Administración General del Estado - la opción que en su día se denominó como 'hispanobonos'- para mutualizar los riesgos y garantizarse un precio de mercado razonable; o bien establecer un mecanismo de ajuste que calcule el volumen de deuda acumulado por la infrafinanciación derivada del actual sistema de financiación autonómica y compense a las comunidades autónomas perjudicadas por ello.
El fin de los 'oasis fiscales' autonómicos
La liquidación del FLA no ha sido el único caballo de batalla de Montero como consejera andaluza. Hasta ahora, la posición de la nueva ministra de Hacienda en relación al nuevo modelo de financiación autonómica ha sido particularmente beligerante con la competencia fiscal entre territorios en el ámbito de los impuestos cedidos, singularmente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Andalucía ha sido una de las autonomías más perjudicadas por la estrategia de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid y su propuesta de financiación autonómica recogía claramente avanzar hacia la convergencia en los impuestos cedidos de todas las comunidades autónomas, de modo que se establezcan unos mínimos y máximos comunes para evitar una competencia desabrida entre territorios.
Menor competencia fiscal entre autonomías y mayor peso de las autonomías en la definición de la política fiscal del Estado. La nueva ministra de Hacienda defiende reformar el funcionamiento del Consejo Política Fiscal y Financiera para dar a las comunidades autónomas la opción de participar en la definición de la política fiscal general e incluso de vetar cualquier subida o rebaja de los grandes impuestos incluidos en su cesta de ingresos (IRPF, IVA o Impuestos Especiales) cuando éstas no respondan a sus intereses.