La historia al revés: las pensiones se crearon para ahorrar gasto al Estado

Mucho antes del sistema de seguridad social esbozado durante el régimen franquista en los años 60, al que se suele señalar como origen del moderno sistema de pensiones en España, las pensiones por vejez se habían planteado con muchas dificultades a principios del siglo XX. Sí supuso un cambio importante en el concepto que tenemos actualmente, ya que en vez de un modelo 'bismarckiano' como el actual, en el que se proporciona una pensión suficiente para todos los trabajadores independientemente de su calificación, estaba más inspirado en un sistema tipo ‘Beveridge’ -JuanVelarde Fuentes- que garantizaba una pensión mínima, dejando espacio para que las clases medias pudieran optar por fondos privados.

Lo que es menos conocido es que las pensiones inicialmente no se articularon exclusivamente como podemos entender ahora exclusivamente el Estado del bienestar, sino como criterio de eficiencia económica. No ha evitado, sin embargo, que protagonicen cada poco tiempo la actualidad política del país y con ella la revisión del Pacto de Toledo, auténtico hito en el moderno esquema y que se señale a menudo la dificultad de sostener el ritmo de cotizaciones frente al desembolso que suponen.

Ahora, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez aboga por un sistema que beneficie retrasar la edad de jubilación con incentivos en las pensiones -cuanto más tarde se produzca, mejor-, racionalidad en el sistema cuyo principal desafío ha sido siempre el poder garantizar dichas pensiones a partir a su vez de una amplia cotización. Al mismo tiempo se estaría creando una "reforma silenciosa".

El eterno problema estalla cuando las previsiones no se cumplen, la afiliación cae y la crisis económica irrumpe, como ocurre actualmente, para generar dudas sobre cómo seguir manteniendo las prestaciones. En realidad, la principal tesis para establecer los primeros seguros del trabajo en 1900 con la denominada Ley Dato -por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato- residía precisamente en que la aportación de empresarios y trabajadores a un fondo que garantizase una renta en caso de accidente o vejez acarrearía también importantes ahorros en las arcas del erario público.

De otra forma, éste acababa perdiendo más dinero en transferencias a fondo perdido de beneficencia, por ejemplo, tal y como se planteó en los primeros compases en paralelo con las demandas de la clase trabajadora y el primer sindicalismo. La pregunta realmente no es si no podemos permitirnos ahora un sistema de pensiones, sino quizás la contraria: ¿Podríamos no hacerlo? ¿Podríamos dejar en la pobreza a miles de españoles dependientes de las instituciones sociales?

El comienzo de las prestaciones por vejez, el primigenio sistema de pensiones por denominarlo de alguna forma se remonta a 1908, casi una década después de que se aprobara la Ley Dato que daba cobertura a los accidentes del trabajo. La creación del Instituto Nacional de Previsión -que se mantuvo con altibajos hasta la Transición- venía a sustituir a las bienintencionadas iniciativas privadas que no pudieron dar respuesta sin una intervención estatal.

Las cajas de ahorro de Guipúzcoa y Barcelona fracasaron en su intención de crear fondos de pensiones para los trabajadores a finales del siglo XIX demostrando la necesaria participación del Estado de forma obligatoria en un sistema que, de otra forma, acababa fracasando. Se acentuaría más adelante cuando el INP daba la posibilidad a los trabajadores de adherirse al los seguros por accidente o de vejez: las cifras demuestran que la inmensa mayoría se decantaba por lo primero. Una de las constantes: sin una fórmula planteada de forma obligatoria la tendencia de los trabajadores era precisamente la de la imprevisión, ya que no ahorraban para el futuro.

El sistema cristalizó en 1919 con el primer seguro obligatorio, el seguro de vejez o Retiro Obrero. que implicaba la afiliación obligatoria y la cotización compartida por el trabajador los empresarios y la Administración. Con la dictadura del general Primo de Rivera el INP prácticamente se paralizó, ya que se impuso un "freno radical a los planes de el Instituto Nacional de Previsión". Primo De Rivera se desentendió del pago de las bonificaciones anuales del Estado, que no se recuperaron hasta 1925.

El Estado incentivó de nuevo durante la II República el sistema del INP y, tras la Guerra Civil, siguió funcionando con el Seguro Obligatorio de la Vejez en 1947, hasta la crucial ley de bases de 1963. Para entonces se comprobó que el sistema de seguros corporativizado del Mutualismo Laboral -el principio franquista de compensación- estaba literalmente quebrado (como recogió Juan Velarde Fuentes en su obra ‘Cien años de economía española’, "de forma que en 1963 se cambió el sistema a una Seguridad Social de reparto según el modelo de Beveridge, abandonando el bismarckiano".

Es la gran crítica al sistema de pensiones que se reformuló en 1986 con los gobiernos de Felipe González volviendo al sistema bismarckiano: garantizar una pensión vitalicia en función de los años trabajados y cotizados que puede resultar deficitaria debido también a la mayor esperanza de vida. Frente a esta idea se habla de una "reforma silenciosa" que consistiría en la modificación de algunos parámetros del sistema, según J. Ignacio Conde Ruiz y Clara Rodríguez (‘La Reforma silenciosa’).

Es decir, modificar la pensión máxima y mínima así como la base máxima y mínima de cotización –para conseguir importantes cambios en el grado de redistribución y la generosidad total del sistema-, cuya característica también esencial es que son difícilmente apreciables a corto plazo por la población en general: "Actualizar las pensiones con la inflación en lugar de con el crecimiento de los salarios y (poner un tope a la pensión que puede recibir un individuo (pensión máxima) y actualizar dicho tope con la inflación".

La reforma silenciosa estaría acercando a un tipo Beveridge: si los sistemas 'bismarckianos' o contributivos trataban de satisfacer a la clase media proporcionándole un ahorro suficiente para la vejez, los asistenciales, por el contrario, trataban de defender los intereses de los trabajadores más ricos y más pobres simultáneamente. El cambio al que nos están llevando de forma prácticamente inadvertida ahora.