La mayor subida de los alimentos desde que existe el euro aviva la pelea política

A comienzos de este mes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) constaba cómo, pese a que los precios de los alimentos se redujeron en agosto por quinto mes consecutivo a nivel mundial, los costes de la mayoría de los productos de referencia -como cereales, aceites vegetales, productos lácteos y carne- siguen siendo muy superiores a los de hace un año. Advertía también el organismo de que la producción mundial de cereales disminuirá un 1,4% este año en relación al anterior. Los fenómenos meteorológicos extremos, los problemas en las cadenas de suministro y la invasión de Ucrania han provocado una coyuntura que en el caso de la zona euro se traduce en la subida más acusada de los precios de la alimentación desde la entrada en circulación del euro en 2002.

Sirva como ejemplo el de la mayor economía europea, Alemania, donde los alimentos costaban un 16,6% más en agosto que en el mismo mes de hace un año. Por el aceite se paga un 44,5% más, por los lácteos y huevos un 26,8% más; por la carne, un 18,6%; y por el pan y los cereales, un 17,1%. En España el alza de los alimentos fue del 13,8% el mes pasado, un nivel como no se había visto desde el inicio de la serie estadística en el año 1994. Eurostat advertía este mismo viernes de que la economía europea siguió siendo vulnerable en agosto a las perturbaciones en los mercados de productos básicos provocadas por la guerra. Esto se refleja en el sentimiento económico en los Veintisiete -que disminuyó por sexto mes consecutivo hasta situarse muy por debajo de su nivel previo a la pandemia-. 

El IPC se disparó al 9,1% en tasa interanual en la zona euro el mes pasado y existe un cierto consenso en que el pico de inflación en la Eurozona llegará a lo largo del cuarto trimestre, cuando el Banco Central Europeo probablemente aplicará otras dos nuevas subidas de los tipos de interés oficiales para contrarrestarla (se prevén en octubre y diciembre). El cierre del grifo del gas por parte de Rusia y las sequías se sumarán a la presión sostenida sobre los precios de la energía y los alimentos los próximos meses. Pero el nivel y el momento exacto en que se produzca ese pico siguen dependiendo de "cómo los gobiernos se ocupen de trasladar las subidas de los precios de la energía a los clientes finales", apuntan desde la gestora francesa Carmignac.

En una conversación con este diario, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, tampoco descartaba que los próximos meses podamos ver tasas de inflación más elevadas en el caso de los alimentos antes de que empiecen a bajar. El problema de ese encarecimiento es que golpea más fuerte a los hogares con menos recursos, puesto que para las familias vulnerables la alimentación tiene un peso mayor en su consumo total que en el caso de aquellas que cuentan con más recursos. En un artículo publicado recientemente (El aumento de los precios de las materias primas alimenticias y su traslación a los precios de consumo en el área del euro), el Banco de España expone que el precio de los alimentos supone el 17% del alza inflacionista en el conjunto de la zona euro, mientras, en España, el peso del encarecimiento de los alimentos aumenta hasta el 22%.

El debate del tope a los precios

En medio de esta coyuntura, La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que su propuesta para acordar con la gran distribución y los consumidores un tope a los precios de productos de alimentación básicos es "perfectamente legal", ante las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que la fijación de precios máximos en alimentos está prohibida por ley. Defiende Díaz que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista cuenta con "excepciones" en esta materia. En concreto, el artículo 13 establece, que "el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa".

La medida impulsada por Díaz ha generado reacciones en contra dentro y fuera del Gobierno de coalición. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguraba el pasado miércoles en el Congreso que no hay ninguna propuesta de control de precios sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Economía inciden en que fijar una cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o topados puede parecer una medida que tiene sentido a corto plazo, pero a medio y largo plazo podría afectar de forma negativa a las empresas y a la economía. 

Dentro del PP, una de las respuestas más contundentes ha llegado desde Murcia. El consejero de Agua, Agricultura, Pesca, Ganadería y Medioambiente, Antonio Luengo, incidía en que "no se puede, bajo ningún concepto, impulsar una iniciativa que tope los precios sin conocer cuál es el coste de producción de esos productos". Los populares de la región reclaman al Gobierno que elabore un Decreto de sequía y que rebaje el precio del agua, por la que los agricultores de la zona están pagando 0,70 euros por metro cúbico, lo que les resta competitividad. Mientras, desde Podemos, Pablo Fernández, que tachó la propuesta de la vicepresidenta segunda de "sensata", apuesta por ir más allá y crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de producción y distribución de alimentación, para poder así facilitar a las familias "cheques" de productos.