El plan balear de topar la compra de pisos choca con la UE y la Constitución

De salir adelante, la iniciativa que el Parlament balear aprobó la semana pasada para limitar la compra de viviendas a los no residentes o a quienes llevan menos de cinco años afincados en el archipiélago colisionaría de lleno con el derecho europeo y con la Constitución española. La propuesta, planteada por los regionalistas de El Pi, ha reabierto el debate sobre la falta de vivienda asequible en las islas (tanto para compra como para alquiler) y sobre las medidas viables para tratar de frenar la presión medioambiental y la sobrepoblación en las islas.

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, según la cual los extranjeros extracomunitarios pueden conseguir la residencia en España si adquieren una vivienda en el territorio nacional -obtienen un permiso de residencia de dos años renovable- siempre que la inversión inmobiliaria alcance al menos 500.000 euros. La medida que ha puesto sobre la mesa Baleares va más allá, puesto que plantea limitar la adquisición de inmuebles a quienes no hayan residido en las islas al menos cinco años. 

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ven muy difícil que una iniciativa de este tipo vaya a ser admitida en el ámbito comunitario, donde rigen el principio de libertad de circulación y de residencia, y el derecho a la propiedad privada -que incluye la libre disposición de bienes-, que incorpora la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Por todo ello, hay dudas sobre el encaje que una medida de este tipo podría tener en el marco europeo. 

Actualmente, existen varias excepciones en Dinamarca, las islas Aland de Finlandia y en Malta, debido a que en la adhesión de estos países a la Unión se negoció específicamente este punto y se incorporó, de hecho, a sus respectivos tratados. Las mismas fuentes inciden en que en caso de limitarse la compra también a ciudadanos del resto de España no residentes en Baleares, la norma autonómica afrontaría "problemas similares" en su encaje con la Constitución.

El inmobiliario aporta alrededor del 20% al PIB de Baleares

Los compradores extranjeros han copado buena parte del mercado inmobiliario insular. En concreto, representaron el 37% del total de las operaciones que se cerraron en las islas en el primer semestre del año, frente al 17% de media en el conjunto de España. De acuerdo con los datos del Padrón que publica el Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) el porcentaje de población extranjera superó el 18,78% el año pasado, con 220.297 residentes internacionales inscritos, la gran mayoría en Mallorca. 

Si la actividad turística aporta alrededor del 40% al PIB de Baleares, el sector inmobiliario tiene un peso en el entorno del 20% lo que, según KPMG, convierte esta actividad en la segunda de mayor relevancia para las islas. De ahí, que las compañías del sector teman que una medida de este tipo pueda provocar un enfriamiento de la actividad a medio plazo. A corto plazo el miedo es otro, puesto que los expertos temen que se produzca un "efecto llamada" durante el tiempo que la medida esté en estudio. 

La contribución de los compradores extranjeros representa más de la mitad del alza de las ventas totales en el archipiélago, por lo que una iniciativa de este tipo también tendría repercusión en el mercado inmobiliario insular. En su caso, cuentan con mayor capacidad de negociación que la población local lo que, sumado al desacople entre una demanda creciente y una oferta muy escasa ha contribuido a disparar los precios de los inmuebles en Baleares, la autonomía con el mayor aumento del precio de la vivienda entre abril y junio, tanto en términos trimestrales (2,9%) como en interanuales (del 10,9%), según las cifras que ha dado a conocer recientemente el Instituto Nacional de Estadística.