El plazo para reclamar gastos hipotecarios de antes de 2019 finaliza en cinco días

Los dueños de una casa comprada antes de 2019 con una hipoteca tienen deberes estos días si quieren recuperar hasta 1.000 euros de los gastos de la formalización del préstamo hipotecario. Se acaba el plazo para poder reclamarlos en cinco días y antes deberán haber presentado su solicitud con toda la documentación necesaria al banco correspondiente. Como en todas las reclamaciones, lo más prudente es hacerlo antes del 23 de enero, que es cuando se cumple el plazo para reclamar gastos vinculados a la formalización de la hipoteca, pero ahora desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han puntualizado que los gastos asociados a la formalización de las hipotecas, en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como la mitad de los gastos notariales, se pueden reclamar judicialmente hasta el 14 de abril de 2024.

¿Cuándo acaba el plazo para reclamar los gastos hipotecarios?

Se presentan unos días por delante de búsqueda de todos los documentos necesarios si cumplimos los requisitos y queremos que el banco nos devuelva lo que pagamos demás. Así, si estás pensando en reclamar los gastos hipotecarios derivados de la compra de tu vivienda, debes saber que la fecha tope es el 23 de enero de 2024. Así lo recogía la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba abusiva esta práctica y obligaba a los bancos a devolver una parte de la cantidad cobrada. Según este organismo, el plazo de prescripción era de cinco años, aunque los jueces no tenían claro cuándo empezaba a contar, por lo que de momento se recogen esos cinco años, desde enero de 2019, que fue cuando se dictó la sentencia.

Antes del 16 de junio de 2019, la entidad bancaria tenía que hacer frente a varios gastos en la formalización de un préstamo hipotecario, pero en la práctica se los cobraba todos al cliente. Estos costes serían los de registro, gestoría y tasación, y la mitad de los de notaría. En cuanto al importe de los gastos, dependerá del valor de la vivienda hipotecada, es decir, cuánto mayor sea más elevados serán los gastos en los que se incurrirá. A modo de ejemplo, los costes de un préstamo hipotecario por importe de 150.000  euros giran en torno a los 1.000  euros, incluyendo notaría, registro de la propiedad, gestoría y tasación. A ello habría que sumar los impuestos, pero éstos no se podían reclamar.

Sin embargo, esto cambió a partir de marzo de 2019, cuando entró en vigor la la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. La nueva normativa modificaba la regulación existente en materia de gastos hipotecarios cuando se constituyera un crédito, de modo que tanto notario como registro y gestoría correrían a cargo del banco. Una excepción serían las copias de la escritura que quiera para sí el consumidor. Por parte del cliente correría de su cuenta el pago de la tasación. En cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, la nueva normativa establece que correrán de parte de la entidad financiera. Además, el hecho de que esta cláusula haya sido declarada nula permite al titular de la hipoteca reclamarla aunque ya haya cancelado la deuda, señalan fuentes financieras consultadas por La Información.

Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto, explica que "dado que el plazo termina en enero de 2024, lo más recomendable es acelerar el proceso y no dejarlo para último momento ya que los plazos para ir por la vía extrajudicial (y gratuita) están ya muy ajustados".

Fecha clave para reclamar los gastos hipotecarios según la OCU

Para la OCU, el plazo de cinco años para reclamar empieza a contar desde el 23 de enero de 2019, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que los bancos debían devolver estos gastos a los clientes. Sin embargo, recuerda que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, implicó la suspensión de los plazos de prescripción hasta el 4 de junio, esto es, un total de 82 días naturales.

Por tanto, afirma que a partir del 4 de junio, una vez finalizado el estado de alarma y el levantamiento de la suspensión, se han de sumar a los plazos de prescripción los citados 82 días naturales en los que los plazos estuvieron suspendidos. Por ello, OCU considera que la acción no prescribiría hasta el 14 de abril o, en el mejor de los casos, el 15 de abril de 2024 a las 15:00 horas, por aplicación del día de gracia que concede la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cómo reclamar al banco los gastos hipotecarios

En cuanto a los pasos, primero hay que acudir al servicio de reclamaciones de la entidad, señalan desde Kelisto, y presentar la queja. Si la respuesta es negativa o no fuese satisfactoria habría que acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España. Y si esta vía tampoco es efectiva, acudir a la vía judicial. No obstante, lo habitual es que muchos consumidores prefieran reclamar a través de despachos de abogados especializados para acelerar el proceso, pese a que este servicio tenga un coste.

Desde HelpMyCash recomiendan anticiparse lo máximo a esa posible prescripción y reclamar extrajudicialmente la devolución de los gastos hipotecarios. "De este modo, quedará constancia de que se ha reclamado antes de la prescripción del plazo", señala Javier Mezcua.

Documentación necesaria para reclamar los gastos hipotecarios

En cuanto a la documentación que deberá aportar, además del DNI del afectado, tendrá que incluir la escritura del préstamo hipotecario, la factura del notario y la factura del registro de la propiedad. También la factura de la gestoría y de la tasación de la vivienda así como el importe del registro de la propiedad. En cuanto a dónde localizar los documentos, normalmente se llevan a cabo a través de una gestoría, por lo que sería posible pedir una copia a la misma.

Pese a que se puede reclamar los gastos de constitución de hipotecas no está tan claro en lo relativo a la comisión de apertura de hipoteca. Precisamente, el Tribunal Supremo estableció también en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que este cargo, para ser válido, debe ser transparente; en otras palabras, serán los tribunales los que se encarguen de valorar si el consumidor ha podido evaluar las consecuencias económicas que supone pagar una comisión de apertura y entender que su objeto es compensar los gastos de estudio y de tramitación de una solicitud de préstamo.