El pulso entre PSOE y Podemos atasca la ley clave para la lucha contra el fraude

Desde el pasado 26 de diciembre el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal aguarda a que los grupos parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo sobre qué enmiendas incorporar al proyecto original presentado por el Gobierno para que éste supere el trámite parlamentario con un respaldo suficiente como para evitar su devolución al Ejecutivo. La cosa no está fácil, según advierten fuentes parlamentarias, y el motivo es la distancia sideral que a día de hoy separa las posiciones del PSOE y Unidas Podemos respecto al proyecto, que arranca desde su aprobación misma - impulsada desde el Ministerio de Hacienda sin participación alguna del área de Podemos - y que se prolongó a la tramitación parlamentaria cuando la formación morada renunció a presentar enmiendas en protesta a la falta de disposición del PSOE a negociar bilateralmente la norma.

La situación a día de hoy, según las fuentes consultadas, es que el Grupo Socialista ha empezado a negociar de forma unilateral y sin participación alguna de representantes de Podemos algunas enmiendas concretas con varios grupos parlamentarios, que sin embargo no las tienen todas consigo porque no terminan de ver que Unidas Podemos vaya a respaldar con sus votos la tramitación de la norma. Mientras tanto la norma sigue estancada a la espera del informe de la ponencia, sin que ésta se haya constituido, sin que haya calendario fijado para sus trabajos y sin ningún indicio de que se vaya a reactivar su tramitación parlamentaria a corto plazo. 

Las maniobras de Unidas Podemos en torno a esta ley tampoco han contribuido a aproximar posiciones. Pese a no haber presentado enmienda alguna al proyecto de ley en el trámite correspondiente, el portavoz del grupo parlamentario morado no ha dudado en brindar su apoyo público y de manera ostensible además a alguna de las enmiendas más controvertidas presentadas al proyecto, como las planteadas por ERC para reabrir el debate sobre la reforma del Impuesto de Patrimonio y el derribo por la vía rápida del presunto oasis fiscal madrileño - que supuestamente había quedado apaciguado tras el episodio con esta misma enmienda vivido en la tramitación del proyecto de Presupuestos de 2021 -, o a otra también de los republicanos, que abría la puerta a meter a Andorra en la lista de paraísos fiscales y a la que Pablo Echenique se sumó con entusiasmo en plena polémica por los traslados de 'youtubers' a Andorra.

A día de hoy esas maniobras no han cuajado sin embargo en ningún acuerdo político con ERC en torno a esas enmiendas y no han ido más allá de las manifestaciones públicas que se hicieron en su día. En este proceso Unidas Podemos sólo puede 'engancharse' a las propuestas de modificación de la norma del Gobierno presentadas por terceros, ya que en su día renunciaron a presentar enmiendas al texto.

Control de pagos en efectivo, lista de morosos...

El retraso en la tramitación de la norma no es en absoluto inocuo. El Gobierno contabilizó en sus Presupuestos para 2021 nada menos que 828 millones de euros de nuevos ingresos fiscales a partir de las medidas recogidas en el proyecto gubernamental, que por ejemplo pretenden fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes reduciendo las sanciones y recargos por pagos voluntario fuera de plazo, incrementar el control sobre los programas informáticos que amparan el mantenimiento de una doble contabilidad o limitar de 2.500 a 1.000 euros la cuantía de los pagos que se pueden hacer en efectivo, que la Agencia Tributaria observa como un potencial nicho de fraude.

El proyecto, además, contempla otras medidas emblemáticas para el Gobierno como el endurecimiento del trato a las sicav y el traslado del control sobre las mismas a la Agencia Tributaria, o el impuesto del 15% a los beneficios no distribuidos de las socimi, además de una subida invisible de la fiscalidad inmobiliaria a través de la implantación de un nuevo sistema de valoración fiscal de los inmuebles.

La fuente de preocupación no es sólo económica. El Gobierno ha decidido utilizar el trámite parlamentario de la norma para resolver el grave problema operativo que le ha creado a la Inspección de Hacienda la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las inspecciones por sorpresa en los domicilios de contribuyentes y que según la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado bloquea una de las principales herramientas con las que cuentan para aflorar fraudes fiscales. Cuanto más se tarde en aprobar la norma, más tardará la Inspección de Hacienda en volver a utilizar este procedimiento para desenmascarar fraudes fiscales.