El teletrabajo de los funcionarios sigue en el aire tres años después del pacto con los sindicatos
Los representantes de UGT, CCOO, CSIG y CIG firmaron un acuerdo en abril de 2021 con el Ministerio de Función Pública, entonces encabezado por Miquel Iceta, para regular el teletrabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado. No obstante, tres años más tarde, este desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado público no ha llegado a materializarse y los representantes sindicales apremian a que la cartera ahora liderada por José Luis Escrivá lleve al papel todas las garantías pactadas para que los trabajadores públicos presten su servicio a distancia.
Actualmente, buena parte del personal de la AGE desarrolla su actividad sin acudir a su centro habitual de trabajo algunos días a la semana, pero lo hacen con base al plan de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado en 2022 en respuesta a los efectos de la guerra de Ucrania. La orden ministerial PCM/466/2022 reconocía el "trabajo a distancia", señalaba qué cargos eran susceptibles de acogerse a él y fijaba en un 40% de la jornada semanal el mínimo a prestar de forma presencial. Para los sindicatos se trata de una vía deficiente, dado que cada ministerio ha establecido una serie de criterios y días de trabajo a distancia y está sujeto al contexto de emergencia y puede decaer en cualquier momento.
"Antes de la pandemia apenas había habido experiencias de teletrabajo en ciertos cuerpos de la AGE como el personal de tráfico, del ministerio de Asuntos Exteriores y de Fomento, por lo que lo veíamos como algo muy lejano. Con el coronavirus nos vimos obligados a trabajar desde casa sin ninguna regulación y asumiendo algunas consecuencias como el daño de ordenadores personales" explica el coordinador de Acción Sindical de la AGE de UGT, Antonio Gónzalez, a La Información. Entonces se publica el real decreto-ley 29/2020, se habla de "trabajo no presencial" y durante un tiempo se alternaban las dos modalidades de trabajo en función de los contagios.
La norma aprobada en 2020 con Carolina Darias al frente de Función Pública añade el artículo 47 bis al Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEB) en el que sí se habla específicamente de teletrabajo y se recoge que es voluntario y reversible. No obstante, los sindicatos explican que esta redacción era muy genérica, por lo que apreciaron el interés que tuvo Miquel Iceta al tomar el relevo de la cartera en enero de 2021. El Gobierno y los representantes de los trabajadores públicos desarrollaron un intenso calendario de reuniones que tuvo como resultado el "acuerdo de criterios generales para el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado".
En el documento se dejaba al margen al personal militar de las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establecimientos sanitarios, centros docentes, jueces, magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia. Se establecía como límite que se garantizara en todo caso la atención directa presencial a la ciudadanía, se recogía que cada ministerio o departamento debería analizar qué puestos podrían desempeñarse en teletrabajo y se establecían vías de seguimiento y evaluación de cómo funcionaba tras su puesta en marcha. Además, se garantizaba que el trabajador mantenía todos sus derechos y obligaciones, como la desconexión digital una vez concluida su jornada de trabajo y debía tener un año de antigüedad en la unidad y puesto de trabajo para desarrollar sus servicios a distancia.
Ninguno de estos puntos están garantizados en el real decreto-ley inicial aprobado en la pandemia por coronavirus o en la orden que hace referencia a la necesidad de ahorrar energía por la invasión rusa de Ucrania, como apunta desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Montserrat Gómez Esteban, quien apremia al Ministerio de Función Pública a dar salida al acuerdo cuanto antes. Al ser consultado por este medio al respecto, el Gobierno se limita a indicar que no hay novedades al respecto y que anunciarán cualquier cambio antes de llevarlo a cabo. No obstante, no se ha pronunciado al respecto desde la llegada de Escrivá al departamento, según confirman también desde CSIF.
Los puntos recogidos en el acuerdo son el desarrollo del artículo 47 bis introducido en el marco de la pandemia, por lo que desde UGT defienden que sería suficiente con sacar un reglamento lo que facilita su aprobación, dado que solo tiene que recibir la luz verde del Consejo de Ministros y la aritmética parlamentaria no supondría un problema. Sin embargo, también podrían ser introducidos en otra ley como se tenía la idea de hacer con la Ley de Función Pública, un proyecto de ley que decayó en su tramitación parlamentaria con la convocatoria de elecciones generales de julio.
Esta norma estaba vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que España está a la espera de recibir, pero el Gobierno aprovechó la negociación de la adenda para rebajar los requisitos y canalizar los cambios en la carrera horizontal del personal público, la evaluación de los funcionarios y la planificación de los recursos humanos de la Administración General del Estado en el decreto ómnibus aprobado a final del año 2023, mientras que el teletrabajo quedó al margen de esta negociación con el órgano de Ursula von der Leyen. La Comisión Europea concluirá la evaluación para desembolsar los 10.000 millones de euros comprometidos el próximo 20 de mayo.