El tipo mínimo de Montero alarma a los campeones nacionales de la innovación

Casi todas las reformas fiscales tienen efectos no deseados. Muchas veces se manifiestan tiempo después de su implantación e incluso presentan un cierto punto imprevisible, pero en otras ocasiones se ven venir por los afectados desde antes incluso de su activación y ponen a prueba la flexibilidad de los gobiernos a la hora de cambiar el paso para evitar un eventual desastre. El sector tecnológico ha detectado que la implantación del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se va a traducir muy probablemente en un tijeretazo de las desgravaciones fiscales por actividades de I+D de las que se benefician en la actualidad las empresas más intensivas en innovación y ya ha empezado a movilizarse ante Gobierno y grupos parlamentarios para tratar de frenar una medida que entienden que de aplicarse supondrá un paso atrás en los ya lentos avances del tejido productivo español por modernizarse.

"Hay un grupo de empresas de mediano tamaño, en fase de crecimiento, que son 'campeones' en sus respectivos sectores y que es probable que se vean afectados por la medida", advierte Jorge Barrero, director general de Cotec - la fundación sin ánimo de lucro que desde hace más de dos décadas trabaja por el fomento de la innovación en la economía española -, en una línea argumental que ya ha deslizado ante altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos, por ejemplo en una reciente jornada por Ayming Consulting. "Una cosa es la propuesta que se está barajando a nivel internacional de aplicar ese impuesto mínimo a multinacionales que facturen más de 750 millones de euros y otra aplicarlo a todas las que facturen más de 20 millones como prevé el proyecto de Presupuestos del Estado".

Tal y como se ha formulado por parte del Ministerio de Hacienda en su proyecto presupuestario la tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades no tendrá incidencia alguna sobre el 80% de los beneficios fiscales existentes en el impuesto, pero sí alcanzará a las deducciones por inversiones en I+D+i de las que, según los datos que maneja el Ministerio, se benefician anualmente cerca de 4.500 empresas y que en 2022 les supondrán un ahorro potencial próximo a los 900 millones de euros.

La no exclusión de las deducciones fiscales por I+D+i del perímetro de actuación del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades implica, básicamente, que si una vez aplicadas las bonificaciones y desgravaciones previstas en el impuesto a la cuota a pagar de un ejercicio determinado ésta resultara inferior al 15% de la base imponible declarada esa deducción se vería minorada hasta situar la cuota en ese umbral del 15%. Fuentes empresariales admiten que en compañías con un fuerte componente innovador es más que posible que esa situación se produzca. 

La deducción por I+D+i en el Impuesto de Sociedades permite desgravarse hasta el 42% de la inversión realizada en proyectos de investigación y desarrollo y hasta el 12% del gasto destinado a innovación tecnológica, con un límite máximo del 25% de la cuota líquida del impuesto que se puede ampliar hasta el 50% si las deducciones aplicadas superan el 10% de la cuota a pagar. En el sector se asume que las empresas de base tecnológica - no las que hacen investigación de forma puntual, sino las que se dedican a eso o como mínimo han hecho de la I+D su vector de desarrollo - optimizan ese marco fiscal y que, por tanto, están expuestas a la reforma legal incluida en el proyecto de Presupuestos para 2022.

"Las empresas que hacemos investigación o somos innovadoras no vamos a dejar de invertir porque no podamos aplicarnos en su totalidad el incentivo fiscal, pero no operamos en un mercado español sino que competimos con empresas de otros países y, lógicamente, una medida así no nos proporciona una ventaja competitiva", argumenta desde el anonimato el director general de una de las empresas más importantes del sector industrial español. En el sector tecnológico doméstico no se entiende que se mutile el incentivo fiscal a la innovación en pleno despliegue de los fondos europeos, uno de cuyos objetivos declarados es precisamente impulsar la transformación y la modernización del tejido productivo español.

Objetivo: salvar la deducción por I+D+i

"El incentivo fiscal es una herramienta imprescindible para el tejido empresarial innovador", señalaba Pilar Rodríguez, director de Estrategia, Innovación e I+D de Capgemini Engineering, uno de los líderes mundiales en servicios de ingeniería e I+D, en una jornada organizada por la consultora Ayming. "Es más versátil y más flexible que las subvenciones directas y por esa razón es mucho más útil a la hora de fomentar la investigación y la innovación en las empresas". Desde el sector tecnológico se destaca que la evaluación del incentivo realizada por la Airef concluyó que por cada euro de recursos públicos que se detraía de la recaudación del Impuesto de Sociedades por la operativa de este incentivo generaba más de dos euros de inversión desde el sector privado.

"No se puede tocar el incentivo a la I+D porque sería un terrible paso atrás", aseguran fuentes del sector tecnológico, que admiten ya han empezado a moverse para tratar de retocar la regulación del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades en el trámite parlamentario. Las organizaciones del sector ya han trasladado tanto al Ministerio de Asuntos Económicos como al Ministerio de Ciencia e Innovación las consecuencias negativas para el tejido empresarial innovador del país que puede tener la aplicación efectiva de esta medida y han comenzado también a mover hilos para conseguir impulsar alguna enmienda al proyecto de Presupuestos en el trámite parlamentario que permite retocar la regulación original del tipo mínimo para 'salvar' de su radio de acción a la deducción por I+D. Una de las opciones, que ya se ha estudiado a nivel interno en el Ministerio de Hacienda, sería subir el umbral de facturación al que se aplicará el tipo mínimo para impedir que afecte a esos campeones sectoriales que se quiere proteger.