El acuerdo de pensiones deberá sortear el escollo del Congreso a la vuelta de vacaciones

El Gobierno logró alcanzar el miércoles, tras siete meses de negociación, un acuerdo con sindicatos y patronal que amplía la reforma de las pensiones aprobada en dos fases la pasada legislatura en aspectos que habían quedado pendientes. La clave del pacto está en el diseño de una transición más flexible y progresiva del empleo a la jubilación, en línea con lo que sucede en los países del entorno. Varios de los cambios que se contemplan requerirán del visto bueno del Congreso a la vuelta de las vacaciones, dado que implicarán modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social.

Así, deberán superar el trámite parlamentario tanto las modificaciones previstas en los distintos modelos de jubilación (parcial, activa, demorada y flexible), como la recuperación del coeficiente del 1,5 para acceder a la pensión de jubilación en el caso de los trabajadores fijos discontinuos. No sucede lo mismo con las otras dos patas de la reforma, puesto que el nuevo procedimiento para establecer los coeficientes con los que adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones de riesgo sólo requiere de la aprobación vía real decreto-ley en Consejo de Ministros, y el acuerdo para la colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas se aplicará a través de un modelo de convenio que tendrán que suscribir el organismo, las comunidades autónomas y las mutuas. 

El texto ha servido al Ejecutivo para limar asperezas con la patronal, que se descolgó del acuerdo para reformar el subsidio de paro, del que permitió la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que no consigue acercar posturas con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 desde las 40 actuales, como pretende el Gobierno. Sin embargo, el aval de los empresarios y de los representantes de los trabajadores no garantiza que el Gobierno vaya a lograr el respaldo necesario en la Cámara Baja. 

Esto pese a que, para entonces, podría haberse despejado algo la situación en Cataluña. Este viernes las bases de ERC votan el acuerdo de financiación singular sellado con el PSC esta misma semana y su visto bueno dará vía libre a la investidura de Salvador Illa. El hecho de que el socialista acceda a la presidencia de la Generalitat puede complicar, sin embargo, el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que dependerán entonces de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, no opte por el bloqueo como ya hizo la pasada semana con los objetivos de estabilidad -votó en contra junto al PP y Vox-. 

Lo acordado en el diálogo social tripartito en relación a las pensiones deberá pasar primero por el examen de la Comisión del Pacto de Toledo el próximo mes de septiembre, tras las vacaciones de verano. En este punto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inciden en que los detalles que finalmente recoge el documento se mueven dentro del marco de recomendaciones de dicha comisión, lo que da a esta reforma un elemento de legitimación social muy reseñable. 

Medidas equilibradas... también para Bruselas

Destacan que el conjunto de medidas acordadas conlleva una actuación razonable y equilibrada donde se han recogido todas las sensibilidades, tanto las más cercanas a la patronal, como las defendidas por los sindicatos. Que el Gobierno incida en esa idea de equilibrio no es casual, puesto que supone también un mensaje de cara a Bruselas. La Comisión vigila que las reformas en este ámbito no eleven el gasto en exceso y ayuden a garantizar la sostenibilidad del sistema, que se verá especialmente presionado los próximos años al jubilarse la generación del 'baby boom'. 

Entienden las mismas fuentes que por coherencia y, dado que recoge sus recomendaciones, el acuerdo debiera ser bien recibido por el Pacto de Toledo. Con todo, señalan que es difícil fijar un calendario con el momento en que el paquete de medidas que requerirán de distintas vías para establecer los cambios legales pactados. 

"Objetivamente el contenido (del acuerdo) no debiera suponer un problema para ser aprobado por unanimidad", asegura a La Información Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. En su opinión, sería una sorpresa que el texto no fuese validado por mayoría de la Cámara. 

Pinceladas de la reforma

La reforma pactada contempla más fórmulas para que los trabajadores alarguen su vida laboral superada la edad legal de retiro, así como de los incentivos para conseguirlo. A la vez, se aplicarán cambios en la jubilación activa y parcial para, como explicó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compatibilizar mejor el cobro de la pensión con el empleo, de forma que el tránsito hacia la jubilación sea mucho más flexible y se adapte a la situación de cada trabajador. 

Esto último es especialmente importante en el caso de los autónomos, cuyas pensiones son por lo general más bajas. El Gobierno, CEOE, Cepyme y CCOO y UGT han fijado, además, el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en las ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Además, han fijado el marco para un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas en las pruebas diagnósticas y tratamientos en los procesos de Incapacidad Temporal de origen traumatológico, entre otras medidas.