Bruselas fía a la revisión de la Airef la reducción del déficit previsto hasta 2025
La Comisión Europea considera que las evaluaciones del gasto público que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tiene encargadas hasta 2026 supondrán un fortalecimiento de la estabilidad fiscal. Así lo recoge en la evaluación preliminar que Bruselas ha hecho de los 40 hitos y reformas vinculados al segundo pago del Plan de Recuperación. La Comisión afirma que las revisiones del gasto (spending review) supondrán un incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, una reducción del déficit, que el Gobierno espera reducir al 2,9% en 2025, según recoge el Programa de Estabilidad.
La fiscalización del gasto público es una de las reformas a las que se compromete el Gobierno en el Plan de Recuperación, junto al análisis de los beneficios fiscales, un ejercicio que también ha realizado la Airef. En concreto, en este caso, estos análisis que la institución que preside Cristina Herrero tiene encargados para el periodo 2022-2026 abarcan seis áreas. El primero está relacionado con el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo; el segundo tiene que ver con el ingreso mínimo vital y con la prestación por incapacidad temporal, además, la Airef revisará la ayuda oficial al desarrollo y los instrumentos financieros a los sectores productivos. Por último, deberá evaluar el gasto en políticas de empleo y el marco financiero plurianual 2014-2020.
La Comisión Europea ha recomendado a España una política de gasto prudente y, por ello, asume que la revisión del gasto en estas áreas por parte de la Airef va en la línea de la reducción del déficit. No es solo que estos análisis puedan identificar áreas de mejora en las políticas de gasto, sino que como parte de la misma reforma del Plan de Recuperación, el Gobierno se ha comprometido a incorporar las conclusiones del spending review a la política económica. La previsión de Bruselas para nuestra economía es que termine este año con un déficit del 4,9%, por debajo del 5% previsto por el Gobierno. No obstante, de cara a 2023, la Comisión Europea estima un déficit del 4,4%, frente al 3,9% que dibuja el escenario de Moncloa.
Que se tengan en cuenta estas evaluaciones es una de las reclamaciones de la Airef, que recientemente ha creado una nueva división de análisis del gasto público. No obstante, la institución también ha pedido mayor planificación al Gobierno para poder llevar a cabo estos análisis y que se pueda destinar el tiempo y los recursos necesarios a cada una de ellas. "Se han sentado las bases para hacer de la evaluación una función permanente de la AIReF, pero queda mucho camino por recorrer. Veo un reto en dos ámbitos: asegurar una capacidad evaluadora de la AIReF y garantizar la utilidad de las evaluaciones", expresó Herrero durante la presentación de esta división en febrero de este año.
Ahora, la Comisión eleva las expectativas puestas en estos informes que la institución que preside Herrero deberá publicar durante los próximos cuatro años y que deberán servir para volver a la senda de la sostenibilidad fiscal. Este es un asunto en el que insisten todas las instituciones que revisan la evolución macroeconómica. La reducción del déficit tras hacer frente a la crisis del coronavirus y las consecuencias de la guerra de Ucrania es una de las meta que fija no solo Bruselas, sino también el Banco de España y la propia Airef. Este lunes, Cristina Herrero insistió de nuevo, en el Congreso de los Diputados, en la necesidad de aprobar una estrategia que garantice la sostenibilidad fiscal en el medio plazo.
El compromiso a conseguir ese equilibrio a través de la revisión de gasto es uno de los hitos que ha llevado a la Comisión a aprobar el segundo pago vinculado a los fondos Next Generation. Se trata de 12.000 millones de euros ligados a 40 reformas que se suman a los anteriores pagos recibidos por España. En julio del pasado año y tras recibir la aprobación del Plan de Recuperación, Bruselas desembolso un avance de 9.000 millones de euros. Meses más tarde, a finales de 2021, España se convirtió en el primer país en recibir el primer pago de los fondos Next Generation, por importe de 10.000 millones. Tras este segundo tramo, la Comisión habrá transferido 31.000 millones de euros a nuestro país para realizar proyectos e inversiones que permitan recuperar y transformar la economía.
España ha logrado, hasta ahora, el visto bueno en el análisis preliminar que la Comisión ha publicado este lunes. A continuación, deberá ser el Comité Económico y Financiero el que deberá dar una respuesta en un plazo de cuatro semanas sobre la decisión final del desembolso. Esta aprobación llega unos días antes de que se conozca cuál será la asignación definitiva de los fondos Next Generation para cada miembro de la Unión Europea. Tal como publicó este periódico, la Comisión Europea tendrá en cuenta la evolución del PIB entre 2020 y 2021 para compensar a las economías que han tenido un peor comportamiento del esperado, entre las que se encuentra España. Según ha podido saber este periódico, entre el miércoles y el jueves, Bruselas notificará cuál es la cuantía final de la que dispone el Gobierno para ampliar el Plan de Recuperación.