Bruselas presiona a España para aplicar el mínimo global del 15% del impuesto de Sociedades
La Comisión Europea dio este jueves un paso más en su expediente a España y otros cinco países por no haber informado todavía de qué medidas tomarán para incorporar a su legislación nacional la nueva directiva europea que exige fijar un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a grandes empresas, una "prioridad" para Bruselas.
Tras abrir expediente a España por este tema en enero, el Ejecutivo comunitario no ha recibido aún información de cómo se trasladará esta norma al ordenamiento jurídico español y envía ahora un dictamen motivado, el paso previo a enviar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
España, junto a Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal, debía haber notificado cómo incluiría esta directiva en su legislación antes del 31 de diciembre. El resto de Estados miembros ya lo han hecho. El Gobierno aprobó en Consejo de ministros el pasado diciembre el anteproyecto de ley para aplicar esta medida, pero aún está pendiente su tramitación parlamentaria.
En última instancia, Bruselas puede denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no recibe una respuesta satisfactoria en dos meses. La directiva, aprobada en diciembre de 2022, introduce en la UE el acuerdo global alcanzado por 140 países en la OCDE para asegurar que las grandes empresas pagan un tipo mínimo efectivo del 15 % en impuesto de sociedades en todos los territorios donde tienen actividad y desincentivar así que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o países con niveles muy bajos de impuestos.
Las normas se aplicarán a multinacionales y grandes empresas nacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tengan una matriz o filial en la UE. Estas incorporan las reglas para calcular la carga impositiva de las empresas de modo que si pagan en alguna jurisdicción un tipo inferior al 15%, el país dónde tienen su matriz pueda aplicar un impuesto complementario para que la contribución efectiva llegue a esa tasa.
Normas tributarias en las divisiones de empresas
La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no eliminar las condiciones que impone para beneficiarse de un aplazamiento en el pago de impuestos tras una división empresarial. La Directiva europea sobre fusiones establece que el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que resultan de una reorganización empresarial debe ser aplazado a una fase posterior de venta o disposición de los activos y acciones.
Sin embargo, la normativa española prevé que, en los casos de división de una empresa, este aplazamiento solo se conceda si los accionistas de la compañía dividida reciben la misma proporción de acciones en todas y cada una de las empresas resultantes de la división. "Estas condiciones no son requeridas por la legislación de la Unión Europea y, por lo tanto, son una violación de la Directiva de fusiones", ha explicado hoy el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La aplicación inadecuada de estas normas crea una distorsión en el mercado interior, genera desigualdad entre las empresas que operan en el mismo y contribuye a la incertidumbre lega para las compañías, según la Comisión Europea. Bruselas abrió un expediente a España en 2019 por ese motivo y, desde entonces, ha mantenido un diálogo con las autoridades nacionales en el que éstas han defendido que la legislación española respeta la directiva comunitaria.
La Comisión Europea, sin embargo, considera que los esfuerzos de España, hasta la fecha, "han sido insuficientes", por lo que ha decidido elevar el caso a la Justicia europea, a la que podría solicitar que le imponga una multa por incumplimiento.