Cataluña resucita los cálculos de su balanza fiscal para presionar a Sánchez
La Generalitat retomará la próxima semana el cálculo de la balanza fiscal con el Estado. El conseller de Economía y Hacienda reunirá el martes 26 de abril al grupo de expertos en finanzas y hacienda pública para debatir sobre hipótesis y datos que permitan actualizar el dato que maneja el gobierno catalán desde 2016, cuando la cifra ascendía a 16.800 millones de euros. Según ha podido saber este periódico, en la reunión estarán los catedráticos que conforman el grupo de expertos para la actualización de la balanza fiscal y también miembros de la conselleria. Las mismas fuentes añaden que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) continúa sin facilitar los datos necesarios para el cálculo.
Giró lleva menos de un año en el cargo y durante estos meses había aparcado las demandas económicas de Esquerra Republicana al Estado. Ha sido, en todo caso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el más crítico con los temas fiscales, acusando incluso de dumping a la Comunidad de Madrid. Pero después de la crisis del coronavirus y dando por aplazadas la reforma fiscal y la renovación del sistema de financiación autonómica, el conseller pone en marcha la maquinaria para calcular cuánto le debe el Estado, teniendo en cuenta las aportaciones de un lado y del otro, y así, poder reclamar más financiación al Gobierno de Pedro Sánchez.
Cataluña es una de las grandes defensoras de la armonización fiscal. Tanto es así que la Generalitat envió una propuesta al grupo de expertos para la reforma fiscal en la que proponía un impuesto de Patrimonio dual, con un tipo mínimo estatal y otro regional, para garantizar que al menos una parte del impuesto se recaudase por Hacienda y no estuviera bonificado al 100% como ocurre en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los expertos designados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, optaron por plantear un tipo mínimo en todas las autonomías. En cualquier caso, la invasión de Ucrania ha estropeado los planes de Montero que se ha visto obligada a frenar cambios tributarios.
La reforma fiscal era una de las medidas estrella del departamento que dirige Montero para esta legislatura junto con la renovación del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, esta segunda pata quedó fuera del análisis que los expertos en fiscalidad realizaron para el Ministerio. Ahora, fuentes conocedoras de la situación dan también por aplazado este debate que acumula retrasos desde 2014. Las posturas siguen alejadas desde que el Ministerio de Hacienda trasladase una propuesta sobre población ajustada que no ha convencido a regiones gobernadas por el PP, pero tampoco por el PSOE.
En este momento, el Ejecutivo está centrado en las medidas económicas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania y en la ejecución del Plan de Recuperación. De hecho, en la última conferencia de presidentes, celebrada hace algo más de un mes, la financiación de las comunidades autónomas no estuvo sobre la mesa. Por otra parte, el calendario electoral autonómico centra las conversaciones territoriales y se da por hecho que la financiación autonómica quedará, de nuevo, pendiente, después de las elecciones generales que se deben celebrar a finales de 2023. Como publicó El País, tanto el PP como el PSOE consideran inviable lograr un pacto en lo que resta de legislatura.
Agotadas estas dos vías con las que Cataluña preveía mejorar su situación financiera y con una mesa de diálogo sin fecha, el Govern iniciará los trámites para reclamar al Estado, no solo más competencias, sino también más recursos. En la última comisión bilateral, el Gobierno acordó el traspaso de las becas y el estudio de la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV), pero no fue suficiente para las pretensiones de la Generalitat. "Necesitamos resultados tangibles y de más entidad", afirmó la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la reunión con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
El 'Govern' iniciará los trámites para reclamar al Estado, no solo más competencias, sino también más recursos
Los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), recogidos en el Observatorio de Información Económico-Financiera de las CCAA, arrojan un déficit del 1% para las cuentas públicas de Cataluña en 2022, frente al -0,3% de 2021. La Airef estima que el producto interior bruto (PIB) catalán avanzará un 4,6% este año, algo por encima de la previsión para la economía nacional, del 4,3%. En cuanto a la deuda pública, la institución estima que alcanzará el 33,5% del PIB (35,7% en 2021), convirtiéndose en la tercera región más endeudada, por detrás de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha.
Críticas a Hacienda
Los expertos y el Govern echan en cara al Ministerio de Hacienda la opacidad en las cuentas territorializadas que, según la Generalitat, ha ido eliminando conceptos que permitirían descifrar el gasto efectivo del Estado en Cataluña. El informe económico y financiero sobre los presupuestos catalanes correspondientes a 2022 indicaba que "pese a haberlo solicitado en diversas ocasiones, el Estado no ha transmitido los datos necesarios para poder hacer este cálculo como establece la metodología. Por este motivo, se reproducen los resultados de la balanza fiscal presentados en los últimos informes", siendo estos los de 2015 y 2016.
Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Hacienda publicó cuatro informes correspondientes al sistema de cuentas públicas territorializadas en los que se detallaban los ingresos y gastos de cada una de las comunidades autónomas. Sin embargo, estos datos, que facilitarían los cálculos de la Generalitat y del resto de regiones no se han actualizado desde hace cinco años, cuando se publicaron las cuentas territorializadas correspondientes a 2014.
Hasta la fecha, los expertos de la Generalitat han utilizado la metodología del flujo monetario, que tiene en cuenta las inversiones y los gastos que se realizan en el territorio a tener en cuenta, en este caso en Cataluña; y el método de carga-beneficio, que también tiene en cuenta otras inversiones que acaban beneficiando al territorio, como por ejemplo, el gasto en defensa, aunque este no se produzca directamente en la región. Ambos cálculos arrojan diferencias pero coinciden en señalar un déficit fiscal. El Govern considera más "adecuado" el primero. Ahora, el objetivo de la Generalitat es lograr un cálculo transparente que permita actualizar una balanza fiscal que lleva sin cambios desde 2016.