Cómo evitar que el perro del vecino haga sus necesidades en las zonas comunes
Cada vez más personas en España tienen animales de compañía. El número de mascotas en nuestro país continúa creciendo entre los hogares. Sin embargo, si bien son un motivo de alegría para algunos, un mal dueño puede suponer un suplicio para otros, especialmente si se vive en una comunidad de vecinos. Es habitual que surjan roces en torno a los posibles desperfectos que pueden ocasionar estos animales entre los propietarios de un edificio comunitario.
Todo aquel que haya tenido un perro sabrá la responsabilidad que supone. Estos necesitan alimentarse, jugar de forma constante, limpiarlos... muchos quehaceres que pueden no ser considerados de forma correcta en medio de la emoción de adoptar o comprar uno, pero que luego pasan factura a todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el perro de mi vecino hace sus necesidades en las zonas comunes? Aquí te lo contamos.
La Ley de Propiedad Horizontal es la legislación encargada de definir y estipular qué comportamientos son aptos y cuáles no dentro de una comunidad de vecinos. De esta forma, se regula el acceso a las zonas comunes, la cantidad de ruido que se puede realizar o las características del ascensor. Sin embargo, estos estatutos no recogen normas acerca de los excrementos producidos por un perro, y que actitud debe presentar el dueño del animal en tales casos.
A falta de reglas definidas en los estatutos, la normativa municipal se aplicará de forma completa, por lo que sería ilegal. Esta norma general aplica a todas las zonas de la urbanización, por lo que aún existiendo un parque de perros, el dueño deberá recogerlo o recibirá una sanción.
De esta forma, lo más recomendable es que se confronte la situación de manera colaborativa y cordial, para hacer entrar en razón al vecino y que cese su comportamiento. Se puede dialogar con el, elevar la queja al presidente de la comunidad o incluso presentarlo como orden del día en la próxima junta. Así, la situación no escala y se evita un derroche de tiempo y dinero por ambas partes.
Multas por los excrementos de los perros
Pero puede darse la situación de que todo esto no funcione, y se necesite una intervención judicial para zanjar el asunto. Para ello, se utiliza el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta norma defiende que ninguna persona que resida en el edificio puede "desarrollar desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
En este caso, el asunto se presenta como un caso de actividad molesta o insalubre, y se elevará ante un juez. Así, la institución obligará a la persona a detener de forma inmediata la actividad prohibida, y en casos extremos, podrá privar al dueño del perro de su derecho a usar el inmueble para su uso habitual hasta un máximo de 3 años.