Errores en el padrón y el exceso de renta dejaron sin el IMV a 445.000 familias
El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, trata de reactivar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio estrella del Ejecutivo en materia social que tiene como objetivo ayudar a las familias vulnerables, con unas prestaciones que van de los 491,6 euros a los 1.081,6, dependiendo del número de personas que conformen el hogar, y pretende sustituir a buena parte a las actuales ayudas. Sin embargo, la tarea no está resultando fácil y tras un aluvión de solicitudes que no cumplían con los rígidos requisitos previstos o en las que no se incorporaba parte de la documentación, los funcionarios del Ministerio empezarán a buscar en unos días a los potenciales beneficiarios en los comedores sociales y en las colas del hambre, una labor para la que ya se contaba con el 'tercer sector'.
Junto a esto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública dio el visto bueno hace tres meses a la incorporación de 1.150 efectivos a la plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para hacer frente a la burocracia que genera el ingreso mínimo. Junto a esto, a finales del año pasado se redujeron los requisitos para menores de 30 años y para dar cobertura a menores extranjeros. El objetivo inicial, tras dos años de la puesta en marcha del subsidio, está lejos. El IMV solo ha llegado al 70% de los hogares previstos y a la mitad de los 2,3 millones beneficiarios anunciados, algo de lo en buena medida es responsable el papeleo y el desconocimiento de la iniciativa.
Los datos de la Seguridad Social facilitados a La Información muestran que hasta el 31 de julio de 2022 se habían rechazado 785.021 expedientes, una cifra ligeramente inferior a la aportada hasta ahora debido en parte a la subsanación de errores y ausencia de documentación en los expedientes presentados y a la transferencia en marzo al País Vasco de los expedientes, el reconocimiento de beneficiarios y el abono de ayuda, que ha dejado fuera de la estadística del INSS estos registros. En la primera fase de la tramitación son frecuentes las duplicidades y los fallos al rellenar los formularios y la mejor opción en este caso es presentar nuevamente los papeles. En el caso de que el rechazo se deba al patrimonio o la renta, lo más conveniente es presentar una reclamación, según los expertos. Un buen número de solicitantes han decidido acudir a los tribunales ante la negativa reiterada a la concesión de ayudas y los jueces fallan a favor de los ciudadanos en seis de cada diez procesos.
Hasta 243.170 expedientes fueron denegados por "pertenecer a otra unidad de convivencia o ser una unidad de convivencia distinta de la solicitada"
La causa mayoritaria de rechazo de las peticiones tiene que ver con errores en el padrón y en el detalle de las personas que conviven en los hogares. Hasta 243.170 expedientes fueron denegados por "pertenecer a otra unidad de convivencia o ser una unidad de convivencia distinta de la solicitada". Mientras, 200.624 lo fueron por superar los ingresos o el patrimonio máximo o ser administradores de sociedades mercantiles en activo. Sorprende de la relación facilitada que 156.433 familias se quedaran sin el ingreso por falta de algún documento, duplicidades e incluso por la ausencia de alguna firma.
Otras de las razones descritas por la Seguridad Social para dar portazo a los solicitudes tienen que ver con el incumplimiento de la edad requerida (8.317 expedientes); no acreditar residencia legal y continuada, no residir de forma continuada en España durante 1 año o superar 90 días en un año fuera de España (43.469); incumplimiento de la demanda de empleo (10.860 expedientes) o no haber estado de alta en la Seguridad Social durante los 12 meses anteriores (24.629 solicitudes). El pasado diciembre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) constataba que cerca de cada seis hogares que potencialmente podrían recibir el subsidio no lo habían solicitado. El organismo señalaba que la compleja gestión de esta prestación suponía una traba para los hogares con pocos recursos, en los que sus miembros no tienen estudios y en los que no están informados o son incapaces de realizar el papeleo.
El plazo para resolver una solicitud de IMV es de seis meses desde la fecha de presentación. Solo en el primer mes, hubo 600.000 peticiones del subsidio
El plazo máximo para resolver una solicitud de IMV es de seis meses desde la fecha de presentación, según reconoce el ministerio, que recibió más de 600.000 demandas de la ayuda el mes en el que empezó a estar vigente la subvención. Tras medio año sin respuesta, la petición se entiende denegada por el silencio administrativo, pero el INSS resuelve expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación.
La mayoría de las denegaciones se producen porque el solicitante del subsidio no cumple con el requisito de vulnerabilidad y eso sucede porque se consideran los ingresos de 2019, el año anterior a la Covid, que ha obligado al cierre de numerosos pequeños negocios, ha dejado a 400.000 en paro y ha hecho a los ciudadanos más vulnerables económicamente. El procedimiento de solicitud, además, resulta complicado, un hándicap añadido para gente con pocos recursos que no puede acudir a un asesoramiento externo y presenta su demanda con errores que llevan al rechazo del subsidio.