Escrivá impulsa la ley para el teletrabajo de los funcionarios acordada hace tres años
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado, con el que se busca dar salida a cuestiones pendientes y negociadas con los sindicatos como el teletrabajo. Tal y como contó este medio, los representantes de los trabajadores habían reclamado a José Luis Escrivá que trasladara el acuerdo que habían firmado con uno de sus predecesores en 2021 para desarrollar el artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que ya había sido incluida en la norma que decayó el pasado verano por la convocatoria de elecciones generales.
Actualmente, algunos trabajadores públicos ya estaban desempeñando su actividad profesional sin acudir de forma presencial a su oficina, dado que se acogían al plan de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado en el marco de la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania. La orden reconocía el "trabajo a distancia" pero no incluía las garantías que se habían pactado con los sindicatos, se limitaba a fijar un 40% mínimo de jornada presencial y a designar quién podía acogerse. Lo que en la práctica se ha traducido en que cada ministerio aplicaba una serie de criterios, por lo que tenían diferentes derechos en función del órgano del que dependieran.
A falta de conocer el detalle del texto, recogerá la obligación de que en todo caso se garantice la atención presencial a los ciudadanos, que haya profesionales que queden al margen (personal militar, establecimientos sanitarios, centros docentes, jueces, magistrados, fiscales y Justicia), que se debe haber cumplido un año en la unidad de trabajo y que todos los funcionarios conservarán su derecho a la desconexión digital una vez hayan concluido su jornada de trabajo. Es decir, se desarrollará el 47 bis introducido por Carolina Darias en 2020 para responder a la situación de urgencia generada por la pandemia de coronavirus.
El documento, que iniciará su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados también recoge otros puntos previstos en el real decreto 6/2023 que recogía los hitos pactados para el cuarto pago de los fondos europeos. La convocatoria de elecciones generales y la demora en la formación de un nuevo gobierno llevó a incluir las materias más urgentes en uno de los reales decretos leyes aprobados en diciembre para llegar al desembolso de 10.000 millones de euros. Por lo que ahora también se dará salida a la carrera horizontal y vertical de los funcionarios (movimientos internos), las retribuciones y la formación continua de los funcionarios.
Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública explican que el texto también busca acelerar las convocatorias de empleo público, trabajar en la presencia de la administración en el territorio y los planes de captación y retención de talento en el sector público. Asimismo, se introduce la dirección pública profesional que persigue fortalecer las figuras de liderazgo en los procesos de transformación e incorporar criterios propios del sector privado que puedan hacerla más eficiente, así como conceder más autonomía a los gestores con el uso de tecnología.
El Gobierno también quiere acabar con "un marco jurídico obsoleto y fragmentario", por lo que completará el proyecto de ley -que reproduce el real decreto ley 6/2023-, con los desarrollos reglamentarios y el estatuto de la dirección pública profesional para dar forma al "marco jurídico de la transformación del modelo de Recursos Humanos de la Administración General del Estado" con el que tendrá que adaptarse al envejecimiento de las plantillas y a la oleada de las jubilaciones que marcará la próxima década.