Escrivá retoma la jubilación parcial de los funcionarios tras convocar plazas y subir salarios
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha pisado el acelerador. Su titular, José Luis Escrivá, quiere dar salida a las cuestiones que quedan pendientes del Acuerdo Marco para la Administración del SXXI firmado con CCOO y UGT antes de que acabe el año y la jubilación parcial de los funcionarios es la próxima tarea abordar, según trasladan a este medio fuentes de la negociación. Su predecesora en el cargo, María Jesús Montero, se había comprometido a incorporar este cambio -igual que la subida del 2% aprobada hace unas semanas- en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, pero la prórroga de las cuentas públicas ha llevado al Gobierno a improvisar otras vías para sacarla adelante.
La vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Hacienda cerró el acuerdo marco con los sindicatos de clase en 2022 en el que se marcaba el final de 2024 como fecha límite para llevar estas cuestiones a la práctica por lo que las dos centrales sindicales han presionado durante los últimos meses para que el texto no quedara en papel mojado. Parece que no será así, dado que las mismas fuentes trasladan que el Ministerio trabaja ya en un borrador que remitirá a los representantes de los empleados públicos para dar paso a la negociación. No obstante, Escrivá quiere aprovechar la oportunidad para asimilar al sistema al privado y poner sobre la mesa la jubilación demorada y la activa, como adelantó La Información.
Una vez ha llevado al Consejo de Ministros la subida del 2% que se aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero para todos los funcionarios y que podrá verse incrementado en otro 0,5% en función de la evaluación del PIB y convocada la mayor oferta de empleo público de la historia (40.146 plazas para Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil), el próximo objetivo es eliminar la restricción que se aprobó en el marco de la crisis financiera y por la que los funcionarios no pueden reducir su jornada y percibir una parte de la pensión pública.
El objetivo de la negociación
El objeto de esta negociación será el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEB) que regula el acceso a la jubilación de estos trabajadores. En concreto, según reflejó el acuerdo, se tiene que derogar la supresión de la jubilación parcial, es decir, recuperar la redacción de esta parte de la ley previa a 2012, cuando se eliminó esta posibilidad. Este mismo cambio es el que ha dado lugar a que los miembros de la Policía Local o de los cuerpos autonómicos sí puedan acceder a la jubilación anticipada y los de la Policía Nacional o la Guardia Civil no, un aspecto que el Partido Popular ha intentado cambiar desde el Senado sin éxito.
Los negociadores de CCOO y UGT están, por tanto, expectantes por ver cómo se traduce la voluntad expresada por el ministro de homogeneizar en la medida de lo posible el acceso a la jubilación con el sistema privado que él mismo impulsó en la reforma del sistema público de pensiones llevada a cabo entre 2021 y 2023. Mientras, ambas partes siguen de cerca las conversaciones que encabeza el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en las que trata de abordar un nuevo modelo de jubilación parcial para los trabajadores del ámbito privado con patronal y sindicatos. Hasta el momento, el Gobierno solo ha trasladado un borrador que no convenció a ninguna de las dos partes por endurecer el acceso.
El cambio de regulación sería el primer paso de lo que después tendría que desarrollarse en la práctica en la negociación colectiva, como va a suceder también con la evaluación de los funcionarios incluida en un real decreto de diciembre para cumplir con la Comisión Europea y dar salida a lo que inicialmente se había pensado como una Ley de Función Pública. Además, tendrá que concretarse como se recoge la figura del contrato de relevo que va ligado a esta jubilación parcial anticipada (a la que ya tiene acceso el personal laboral), ya que los sindicatos advierten que sobre todo funciona en los ayuntamientos donde el número de plazas ofertadas es reducido.