Fidere argumenta que la subida de mensualidades responde a la pérdida de ayudas públicas, "con independencia del casero"
Fidere adquirió 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) con Ana Botella como alcaldesa de Madrid. De ellas, el 72 por ciento tenían contrato de arrendamiento, ya fuera de alquiler cien por cien o de alquiler con opción a compra.
"Se dijo por el vendedor (la Administración de Botella) que mientras durasen esos contratos no se tocaban las rentas", han explicado a Europa Press desde la sociedad, que hizo extensible esa medida, de manera voluntaria, a los gastos comunes. "Los contratos vigentes subrogados no han sido alterados ni un céntimo de euro hasta su vencimiento, lo que ocurrirá en algunos casos en 2022", han insistido.
"Ese régimen se respeta al cien por cien y se le explica con documentación en la mesa a la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, y a la presidenta de la empresa municipal, Marta Higueras. Se les dijo que si veían un caso de subida de rentas o de los gastos (sin haber finalizado los contratos) en las 1.500 viviendas que nos lo comunicaran. Han pasado meses y no nos han aportado ningún caso", han declarado.
En Fidere han señalado que los contratos expiran en un plazo variable, que puede ser de cinco, siete o diez años. Es entonces, cuando finaliza el contrato de arrendamiento, cuando se pone punto y final al régimen de protección, "que no es indefinido", y se va a un nuevo contrato. Esto ha ocurrido en dos promociones en Carabanchel y Vallecas, una de 40 viviendas y otra de 52. "Las viviendas dejaron de ser protegidas y pasaron a ser libres", insisten desde el grupo.
La portavoz del Gobierno de Madrid, Rita Maestre, advirtió de una posible subida de las mensualidades en agosto en aquellas viviendas sociales vendidas a sociedades de este tipo. Fidere ha contestado que, una vez que vence el contrato y el régimen de protección, "el nuevo contrato ya no recoge el subsidio" que aportaba la Administración. "No lo podemos dar nosotros", apostillan.
"El subsidio no se pierde por vender la vivienda sino porque ha pasado el plazo reglamentario, al pasar cinco, siete, diez años se perdía, con independencia de que el Ayuntamiento fuera el propietario", han insistido.