Función Pública convocará en septiembre a los sindicatos de la Inspección de Trabajo
Los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevan tres años esperando que se apruebe la relación de puestos de trabajo que se acordó en julio de 2021 por los principales sindicatos y el Gobierno a través de la cartera que entonces encabezaba María Jesús Montero. Este pacto suponía el refuerzo y la reestructuración de las plantillas, así como la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales para atender el plan estratégico desarrollado en la misma negociación. Tras un año de bloqueo, el Ministerio de Función Pública convocará a los sindicatos en septiembre para informar del estado de las condiciones pactadas.
Así lo trasladan a este medio fuentes presentes en la reunión de la mesa delegada de la Inspección de Trabajo celebrada el pasado miércoles, en la que el sindicato CSIF incluyó en el orden del día una petición sobre la situación de la RPT pactada hace tres años. Los representantes de los trabajadores tenían dudas sobre quién iba a encabezar las conversaciones tras la reconfiguración del Gobierno, dado que en la pasada legislatura tanto Función Pública como Hacienda estaban bajo el paraguas de la vicepresidenta primera y el órgano depende de la cartera de Trabajo.
En anteriores ocasiones no habían recibido respuesta a esta demanda, por ello las fuentes consultadas celebran que se señalara a la dirección general de Función Pública como el órgano que llevaría las riendas y que se hiciera referencia a septiembre para iniciar las conversaciones. Desde el ministerio que encabeza José Luis Escrivá apuntan que "participarán" en ese diálogo si bien confirman que la negociación se producirá a la vuelta del verano, al ser consultados por este medio. Esta mesa también tendrá que establecer los complementos de productividad extraordinaria para la plantilla de la Inspección de Trabajo.
La mencionada RPT no era el objeto de la reunión convocada por los responsables del organismo dependiente de Trabajo -ya que algunos de los sindicatos firmantes como el de subsinpectores y uno de los dos de inspectores no estaban convocados-, si bien, diferentes sindicatos habían comunicado a este medio que esperaban que sirviera como termómetro de la voluntad política para llevar el acuerdo a la práctica, después de que el enfrentamiento escenificado por las dos alas del Gobierno el año pasado llevase a concluir el año 2023 sin el prometido refuerzo de personal ni la mejora del poder adquisitivo de los empleados.
En los últimos años, el organismo ha sido clave para llevar a cabo las campañas pautadas desde el Ministerio de Trabajo como la búsqueda de falsos autónomos tras la aprobación de la 'ley rider', el examen ante posibles fraudes en el uso de fijos discontinuos -los contratos que pasaron a tener un papel relevante tras la reforma laboral de 2021 que acabó con los contratos por obra y servicio y también para seguir el registro horario de la jornada en las empresas. En este contexto, los diferentes sindicatos denunciaron haberse sentido utilizados en un enfrentamiento político y los secretarios generales de UGT y CCOO mandaron cartas a las dos ministras para solicitar que se aprobase lo acordado años atrás.
Una de las claves de ese pacto era considerar a la ITSS como servicio esencial en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023 para poder tener unas tasas de reposición suficientes para reforzar el servicio. Y este aspecto es clave, porque según los datos arrojados por los principales sindicatos, España está lejos de cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea que sitúan el umbral en un inspector o subsinspector por cada 10.000 trabajadores, mientras que el país está en uno por cada 15.000 -con una plantilla que ronda los 3.100 empleados según las cifras que se hicieron públicas hace un año-.