El Gobierno aprueba 794 millones en ayudas para financiar siete proyectos de hidrógeno 'verde'
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 794 millones de euros en ayudas directas para la financiación de siete proyectos de hidrógeno renovable, que se desarrollarán en Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco. En total sumarán una potencia adicional de electrólisis de 652 megavatios (MW) alimentada con energía solar, eólica e hidráulica, y movilizarán inversiones superiores a los 6.000 millones a lo largo de su vida útil.
Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, y lo ha detallado después la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable, el Gobierno ha fijado un objetivo de 4 gigavatios (GW) en 2030. "Favorecerán la producción próxima al consumo y con su integración los usuarios podrán experimentar, desde un primer momento, el proceso de descarbonización", ha subrayado Ribera.
En un comunicado, Transición Ecológica ha explicado que se trata de cinco valles de hidrógeno y dos aplicaciones industriales innovadoras, seleccionados por la Comisión Europea en el marco del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, en sus siglas en inglés) Hy2Use. Cinco de las iniciativas beneficiarias incluyen la construcción de electrolizadores de alta capacidad –de 100 MW o más– en entornos de gran actividad industrial, como puertos y otros complejos industriales, constituyendo clústeres o valles integrados.
Los siete proyectos del IPCEI Hy2U supondrán, como se ha dicho al principio, 652,2 nuevos MW de potencia de electrólisis de manera agregada y, en términos económicos, movilizarán recursos por valor de 1.141 millones de manera inmediata y más de 6.000 millones de inversión total a lo largo de toda su vida útil. Entre los beneficiarios están Iberdrola, Endesa, Repsol y EDP. "La financiación pública a los siete proyectos permitirá seguir avanzando en la construcción de una economía del hidrógeno renovable sólida, tanto a escala comunitaria como en España, para acelerar el proceso de descarbonización y ganar competitividad industrial en el despliegue global de las energías renovables, donde nuestro país puede hacer valer su posición de liderazgo internacional", ha señalado la cartera que dirige Teresa Ribera.
También se ha dado luz verde al Real Decreto que regula los requisitos para la concesión de permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses situados en el dominio público hidráulico, que podrán ocupar entre un 5% y un 15% de la superficie útil total de dichos embalses. Las confederaciones hidrográficas, además, podrán promover concursos públicos para otorgar las autorizaciones y concesiones en embalses de titularidad estatal. Las concesiones tendrán una duración máxima de 25 años. Este tipo de instalaciones producen más electricidad que sus equivalentes en tierra, gracias a los efectos del enfriamiento del agua y la disminución del polvo, y mejoran la protección y el potencial de las masas de agua, reduciendo su evaporación y las floraciones de algas, gracias a la sombra que proporcionan.
El real decreto condiciona la instalación solar a su compatibilidad con el Plan Hidrológico correspondiente, así como con las necesidades de la explotación de cada embalse, los derechos y usos preexistentes, los objetivos ambientales de las masas de agua y el procedimiento de evaluación ambiental. Asimismo, la extensión de estas instalaciones se establecerá en función del estado trófico del embalse de que se trate: cuanto peor sea la calidad de sus aguas, mayor podrá ser su cobertura. No se instalarán plantas fotovoltaicas en lagos, lagunas u otras masas de agua que no se consideren muy modificadas o artificiales, ni en aquellas superficies que, siendo muy modificadas o artificiales, estén afectadas por alguna figura de protección ambiental.
El Consejo de Ministros también ha dado el 'ok' a la adenda número 1 de modificación del convenio de gestión directa de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que permitirá, entre otras actuaciones, iniciar la ejecución de la desaladora de Foix y las obras de ampliación de la planta de Tordera. La inversión total asciende a 513 millones: 223 millones para la situada en la provincia de Barcelona y 290 millones para la de la provincia de Girona. La financiación de ambas plantas se hará con fondos europeos, en concepto de créditos que deberán devolverse, en virtud del principio de recuperación de costes que establece la normativa europea en las infraestructuras del agua.
Por su parte, Transición Ecológica destinará casi 58 millones de euros a las obras de ampliación y el servicio de operación y mantenimiento de la planta desaladora de Águilas-Guadalentín (Murcia). Declaradas de Interés General del Estado, han sido encomendadas a Acuamed, de acuerdo con el convenio de gestión directa entre esta sociedad y el ministerio de Ribera. Finalmente, Transición Ecológica y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han elevado a Consejo de Ministros el acuerdo de remisión a Cortes del Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por sus siglas en inglés o Tratado de Alta Mar) para que España pueda prestar su consentimiento y ratificarlo.