El Gobierno cambiará la clasificación de las profesiones para incluir los nuevos empleos
La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) actual fue aprobada a mediados de 2007 y entró en vigor 2009, por lo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cree que quince años después ha llegado el momento de actualizarlo. Este listado profesional tiene un fin estadístico, pero también es utilizado en el ámbito administrativo y resulta clave para reflejar los cambios que se dan cada mes en el mercado laboral, ya que se usa este código para ordenar las afiliaciones a la Seguridad Social. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se ha hecho eco de esta petición con un real decreto que ha sometido a audiencia pública.
El trámite calificado como urgente recibirá aportaciones hasta el próximo 10 de julio antes de ser aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del titular de la cartera económica, Carlos Cuerpo. Este paso consumaría el tercer cambio de la clasificación creada en 1992, retocada en 2003 y por última vez en 2007, dado que al no tener rango de ley no necesita pasar por las cámaras parlamentarias. Y viene motivado por la irrupción de los negocios relacionados con el medioambiente y la transformación digital, que han creado nuevos puestos de trabajo y desechado algunas de las categorías profesionales que se habían recogido en el último registro.
Así lo explica el borrador del texto que creará el nuevo CNAE 2025, en el que también se apunta a la globalización como parte del fenómeno que ha "cambiado la forma en que muchas actividades proporcionan bienes y servicios". La nueva redacción mantendría la división en 99 grupos, pero incorpora grupos y sobre todo, nuevas clases profesionales dentro de este como la promoción inmobiliaria, las relaciones públicas y comunicación, despliega las secciones artísticas y pormenoriza las telecomunicaciones.
"Hay actividades que han cobrado importancia en la economía mundial, europea y nacional, mientras que otras la han perdido. También se han producido cambios rápidos en las tecnologías de la información" resume el proyecto de real decreto. En el que también se explica que la extensión del uso de esta clasificación tiene efectos positivos en cuanto a que genera una importante base de datos, pero también exige una coordinación del Sistema Estadístico Nacional con las administraciones públicas que se verán obligadas a adaptar sus sistemas de información. Es precisamente este punto el que justifica que haya cierto margen entre la aprobación y la entrada en vigor, que en caso previo superó el año y medio.
Una vez haya recibido el respaldo del Gobierno, el listado también tiene que conseguir la luz verde de la Comisión Europea por ser el órgano de gobierno del que depende la oficina estadística comunitaria Eurostat. El objetivo es que las estadísticas generadas por cada país miembro puedan ser comparables entre sí, por lo que existe un reglamento que establece la clasificación europea de actividades económicas (NACE) -revisada por última vez en octubre de 2022- y que recoge unas recomendaciones que España los otros 26 estados deben seguir al elaborar sus referencias.
La idea es que la nueva distribución entre en pleno funcionamiento el 1 de enero de 2025, por lo que los organismos e institutos tendrían algo menos de un año para adaptarse a la clasificación. Si bien, el texto hace una diferenciación y establece que las unidades económicas incluidas en los registros de la Tesorería General de la Seguridad Social utilizadas para el Directorio Central de Empresas tendrán que comunicar la codificación antes de mayo de 2025, mientras que el resto de registros tendrán hasta enero de 2027 para adaptar esta misma variable al CNAE 2025.
La disposición adicional única deposita esta responsabilidad en los encargados de ingresar las cuotas de la Seguridad Social, de forma que sean estos los que comuniquen en que nueva categoría se sitúan para que pueda actualizarse el registro público. Si son nuevos en el sistema, solo tendrán que hacer referencia al nuevo sistema, excepto en el periodo que transcurra desde que se aplique este real decreto y que entre en vigor la nueva norma a través de la que Seguridad Social aplique la tabla de tarifas para cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.