Hacienda trabaja para que los Presupuestos de 2025 puedan entrar en vigor desde enero
El ministerio de Hacienda trabaja para tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2025 antes de que concluya el año, de forma que puedan entrar en vigor ya en enero. El departamento que encabeza la vicepresidenta María Jesús Montero trabaja desde el pasado mes de abril en las cuentas públicas del próximo ejercicio, tras haber renunciado a sacar adelante las del año en curso por el adelanto electoral en Cataluña y la cercanía de esos comicios a los vascos y europeos, lo que hacía inviable una negociación con sus socios.
El Ejecutivo "está en condiciones de cumplir la hoja de ruta" para aprobar las cuentas públicas antes de 2025, ha asegurado Montero en una entrevista concedida este jueves a RNE. "Ahí es donde estamos", ha incidido, tras precisar que algunas de las actuaciones pueden ser inmediatas o llevarse a cabo en septiembre "como se viene haciendo en los últimos años, por ejemplo, respecto a la aprobación del techo de gasto".
El Gobierno ha venido manteniendo contactos de forma constante con los distintos grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, de ahí que María Jesús Montero considere que "lo ideal" sería que al menos las líneas maestras del proyecto llegasen ya al Congreso discutidas y acordadas con sus socios.
"Tenemos todavía meses por delante para seguir dialogando para seguir discutiendo y sobre todo para contrastar y para constatar que hay voluntad de realmente aprobar los presupuestos", ha recalcado la 'número dos' del Ejecutivo, que se ha decantado por la "prudencia" a la hora de valorar el estado de esas conversaciones antes de que el pacto se haga efectivo.
A finales del año pasado, el Gobierno dio luz verde a un límite de gasto no financiero para las cuentas de este año. Lo situó en 189.215 millones de euros sin contar los fondos europeos y en 199.120 millones incorporando el montante de los Next Generation. Este techo de gasto, que finalmente quedó en saco roto al no aprobarse las cuentas del Estado, suponía un aumento del 0,5% en relación al ejercicio anterior y una cuantía récord.
Mejores perspectivas económicas y el ajuste necesario
En el caso de los nuevos presupuestos se elaborarán en un escenario que sigue siendo favorable para la economía española. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o el Banco de España han elevado recientemente sus previsiones de crecimiento y sitúan este año el avance del PIB entre el 2,1 (Bruselas) y el 2,4% (FMI).
Lo harán también marcados por el ajuste fiscal necesario para reducir el déficit y la deuda y ceñirse a las nuevas reglas fiscales europeas. Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) instaba al Gobierno a que pacte con el conjunto de los grupos parlamentarios y con los ejecutivos de las comunidades autónomas y ayuntamientos el plan fiscal estructural que deberá remitir a Bruselas el próximo mes de septiembre en virtud del nuevo marco.
En este documento España fijará la senda para reducir su endeudamiento público los próximos cuatro años y para poder cumplir así con las nuevas exigencias de la Comisión Europea a los estados. El pasivo del conjunto de las administraciones cerró el año pasado en el 107,7% del PIB, una ratio inferior a la de los ejercicios anteriores, pero que sigue estando muy por encima de la meta europea del 60%. A finales del primer trimestre, la deuda pública tocó un nuevo máximo histórico en términos de volumen al haber superado los 1,613 billones de euros a cierre de marzo, según el Banco de España.