"Tirar a la basura el 18% de la generación renovable de autoconsumo es un absurdo para España"

José María González es director general de la Asociación de Energías Renovables (Appa Renovables) desde el 14 de mayo de 2015. Ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia profesional, gran parte de su trayectoria la ha desarrollado en el sector energético. González se incorporó a la asociación en 2010 como director técnico. Es miembro del consejo rector del Ciemat y representante de Appa Renovables en el Consejo Consultivo de la Electricidad de la CNMC, en el Comité de Agentes de Mercado de OMIE y en diferentes comités y grupos de trabajo en Red Eléctrica de España (REE). Atiende a La Información en un momento clave para el sector e insta a todos los agentes a tomar nota de lo aprendido y emprender medidas en aras de que se cumplan los objetivos climáticos al mismo tiempo que se ofrece estabilidad y seguridad en el tiempo a los promotores de proyectos. Destaca el desperdicio de los excedentes de autoconsumo como uno de los principales retos a abordar.

Pregunta.- En mayo cumplió nueve años como director general de Appa, ¿actualmente es la época más ‘difícil’?

Respuesta.- En absoluto. Vivimos una época de grandes retos, porque estamos acelerando la integración de renovables eléctricas en un período temporal de contracción de demanda, especialmente por los avances en eficiencia que han permitido desacoplar crecimiento económico y consumo energético. Pero esos retos no pueden ocultar un respaldo social, político y empresarial claro a las renovables, ni el hecho de que contamos con unos objetivos claros y muy ambiciosos.

P.- Se habla de que los precios eléctricos comprometen la rentabilidad de los proyectos, ¿es cierto?

R.- Es cierto que un mercado con precios bajos afecta negativamente, pero las casuísticas son muy distintas. Entre tecnologías, por supuesto, debido a que los precios capturados de la fotovoltaica son muy inferiores a los precios medios, algo que ocurre en menor medida, por ejemplo, con la eólica o la hidráulica. Pero también hay diferencias entre los distintos proyectos de una misma tecnología debido a su exposición al mercado, que puede haberse limitado mucho mediante PPAs. En el caso de los proyectos de autoconsumo, difiere mucho el comportamiento del consumidor residencial, más influenciado por las noticias de precios bajos o negativos, que la decisión que toma un cliente industrial, que mira más a largo plazo. Aquí hay que resaltar que tanto para una y otra tipología de clientes, los ahorros pagan la instalación en pocos años, y las facturas, una vez que se contemplan los términos de potencia y los peajes, distan mucho de reflejar esos precios cero y negativos que vemos en el mercado eléctrico.

P.- ¿Tal y como está actualmente configurada la regulación para el desarrollo de un parque renovable y su posterior conexión a la red resta valor atractivo a España?

R.- Lo primero que tenemos que entender es que estamos en un mercado competitivo y esto aplica también a los países. Si en toda Europa buscamos unos objetivos ambiciosos de renovables y en otros países del Viejo Continente tienen una regulación más clara que permite una mayor visibilidad del retorno de las inversiones, pues una multinacional dirigirá allí sus proyectos. En España no tenemos visibilidad clara sobre cuándo se realizarán nuevas subastas, la tramitación posterior es compleja y la salida del 'top 10' del índice Recai de atractivo inversor, muestra hasta qué punto empieza a preocupar a los desarrolladores la congestión de la red eléctrica.

P.- Al final del año pasado llegó la ansiada ampliación de los hitos para la construcción de proyectos y salvar así miles de millones de inversión, ¿es suficiente para los promotores?

R.- Debería serlo. Es cierto, que tal y como estaban configurados los hitos, era totalmente imposible que se pudiese conectar todo lo inicialmente previsto, pero también es verdad que las condiciones estaban claras desde el principio. Hubo compañías que decidieron no ir adelante con proyectos porque los tiempos eran demasiado ajustados, también hay que entender su reacción al ver que se amplían los hitos. Estas empresas consideran que si los que están en el actual esquema de cumplimiento de hitos no van a llegar a tiempo, deben renunciar y dejar libre la red para los siguientes. No hay una solución sencilla que pueda contentar a todas las partes, queremos alcanzar unos objetivos muy ambiciosos y siempre va a haber fricciones entre los actores implicados.

El máximo que podemos instalar de aquí a 2030 es de unos 63 GW

P.- A día de hoy, ¿cuántos megavatios corren peligro de no lograrlo?

R.- Los objetivos de potencia de fotovoltaica, eólica y baterías, suman 73 GW de aquí a 2030 y contamos con proyectos que suman una potencia, con acceso concedido, de 118 GW. Si tenemos en cuenta que, el máximo histórico de instalación ha sido de unos 7 GW, cerca de 9 GW si contamos con autoconsumo, esto nos dice que el máximo que podemos instalar de aquí a 2030, por nuestra experiencia, es de unos 63 GW si todo fuera bien. Tendríamos que duplicar el ritmo instalador máximo anual para que se incorporasen todos esos megavatios. Está claro que todos ellos no se van a incorporar, pero tampoco sería recomendable en el actual escenario de contracción de la demanda eléctrica.

P.- Se está a la espera de una nueva subasta de renovables. En su opinión, ¿cómo debe ser bajo un contexto de precios a cero euros e incluso negativos?

R.- Las subastas facilitan la financiación de los proyectos, pero no son un fin en si mismas. En España hemos tenido subastas muy exitosas que no han aportado ni un solo megavatio, y hemos tenido subastas que, mientras se habían quedado vacías, se estaban alcanzando niveles récord de instalación en España. Nuestros objetivos últimos son porcentaje de renovables y descarbonización, y estos sólo se alcanzan si los proyectos que conectamos a la red se traducen en una mayor integración en el sistema. Para ello tiene que haber demanda y la red no debe estar saturada, no tiene sentido acumular potencia si no hay demanda y si no podemos llevar la generación renovable hasta los puntos de consumo. Y sobre cómo deben ser las subastas, cada vez estamos viendo más componente social, más peso de características que poco o nada tienen que ver con la energía. Todos estos componentes son positivos, pero no podemos perder de vista nuestros objetivos. Las renovables pueden reducir la dependencia energética de las importaciones fósiles, pueden mejorar la calidad de nuestro aire, pueden reducir nuestra factura eléctrica… Pero si priorizamos la cantidad de empleos locales generados, la riqueza que genera en el municipio o el impacto visual, tenemos que ser conscientes de que esto puede ir en contra de la eficiencia de los proyectos.

P.- ¿Qué señal mandan impuestos como el aprobado recientemente por Aragón?

R.- Una señal muy negativa. No sólo porque se ponen en peligro miles de millones de euros de inversión en renovables y miles de empleos en la región, es que un impuesto como el que se plantea podría ir en contra del marco fiscal europeo. Según la normativa europea, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y no causan un perjuicio significativo a los objetivos ambientales. Justo lo contrario del nuevo impuesto que ha aprobado el gobierno de Aragón. Ponemos un impuesto que internalice los costes sociales y ambientales a proyectos que, por su propia naturaleza, la Comisión Europea niega que causen perjuicios a los objetivos ambientales. No tiene sentido.

P.- Hay una apuesta clara de la administración por impulsar la electrificación. ¿Debe cambiarse la fiscalidad para acompasar este movimiento?

R-. La respuesta debe darla la propia Administración. La apuesta es clara, porque estamos ante una necesidad. En 2022, las importaciones energéticas superaron los 90.000 millones de euros, siendo los combustibles fósiles, que debemos importar en su totalidad, la mayor partida. La electrificación, entendiéndola como la sustitución de combustibles fósiles y no como un incremento desmedido del consumo eléctrico, es una vía para descarbonizar, aumentar el porcentaje de renovables y reducir las importaciones fósiles. Y las administraciones tienen en la fiscalidad una palanca muy interesante, porque su aplicación tiene un calendario y visibilidad muy claro para los beneficiarios. Muchas veces pensamos en la administración central, pero también podemos pensar a nivel regional o municipal. Si un municipio quiere mejorar su calidad del aire, puede apostar por incentivar la electrificación del transporte y las calefacciones, todas las administraciones pueden colaborar para alcanzar los objetivos globales.

Se ha puesto el foco únicamente en la oferta

P.- ¿Se está dejando de lado el impulso a la demanda?

R-. Más que dejarlo de lado, creemos que se ha puesto el foco únicamente en la oferta y se ha pensado que la demanda la seguiría, y puede ser cierto, pero hemos comprobado que no ha sido al ritmo deseado. Nuestro PNIEC tenía un crecimiento anual de la demanda del 5% y lo que hemos experimentado ha sido una contracción de la demanda, debemos tener medidas porque nos alejamos de la senda. Las empresas y los hogares tomaron nota de los altos precios del mercado eléctrico en 2022 y han buscado soluciones: autoconsumo, medidas de eficiencia y ahorro… Y eso se ha notado. Lo que pedimos al Gobierno es que, si vemos que el mercado no acompaña al plan que hemos marcado, busquemos medidas correctoras, que no siempre tienen que ser económicas. Para alcanzar los objetivos de 2030 tenemos que trabajar desde hoy, y si vemos que nos alejamos, bien en una tecnología específica, bien en la demanda, tomemos medidas.

P.- En el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico, APPA pone de manifiesto que se están desaprovechando miles de gigavatios hora que equivalen a cientos de millones de euros debido a las barreras al vertido de la energía sobrante a la red eléctrica. ¿Se está avanzando en esta cuestión? 

R.- No se está avanzando y es una lástima, porque es generación renovable disponible para inyectar a la red. Lo ideal sería que las empresas pudieran beneficiarse de su instalación y, al igual que ocurre con los consumidores residenciales, compensar sus excedentes. Sin esta situación ideal, deberíamos buscar soluciones creativas para que esa electricidad se consuma, porque es renovable y se está desperdiciando. ¿Comunidades energéticas? ¿Cesión de la electricidad a familias vulnerables? ¿Recarga gratuita de vehículos eléctricos? Seguro que se nos ocurren muchas soluciones y, si las empresas no se pueden apuntar esos ingresos en su cuenta de resultados, seguro que pueden apuntarse esas acciones en su informe de Responsabilidad Social Corporativa, pero tirar a la basura el 18% de la generación renovable de sus autoconsumos por temas burocráticos es un absurdo para nuestro país.

P.- ¿El autoconsumo debe reinventarse?

R.- Debe encontrar su ritmo, que no es el de los 2.649 MW de 2022. Y debe encontrar una forma de conectar y comunicar con el cliente final. El autoconsumo industrial no bajó tanto en 2023 (-13%) como el residencial (-49%) porque el consumidor empresarial mira más a largo plazo y tiene mayor capacidad de acceso al crédito. Tenemos que ser capaces de transmitir a la opinión pública que el mercado eléctrico no lo es todo. Que el mercado puede estar unas horas a cero o negativo, pero luego hay peajes, coste de la potencia… Y el consumidor doméstico mira su factura y ve que no paga cero, que la factura eléctrica sigue pesando. Eso el industrial lo sabe mejor. Un consumidor residencial, con los datos de 2023, compensa con los ahorros de siete años el importe total de la instalación, cinco años en el caso del industrial. Para una instalación que va a funcionar más de veinticinco años… Está claro que es una buena opción que nos va a hacer ahorrar a la larga, pero debemos ser capaces de transmitirlo y, también, hacer partícipes de esta transición a los autoconsumos colectivos. Dos terceras partes de las viviendas en nuestro país son construcción vertical, si no simplificamos trámites y facilitamos el acceso al autoconsumo de estas viviendas, estaremos dejando fuera de la Transición Energética a dos de cada tres familias y empresas.