Las negociaciones para la reducción de jornada continúan el lunes con una nueva propuesta de Trabajo
El Gobierno volverá a abordar este lunes la negociación de la reducción de jornada con los agentes sociales, tras una semana marcada por la tensión entre el Ministerio de Trabajo y la patronal. Pese a que a la crispación por la falta de consenso escaló a principios de semana, el diálogo ha ido avanzando y la situación se ha suavizado.
Al encuentro de este 8 de julio está previsto que acudan representantes de Trabajo, así como las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. El ministerio planteará su nueva oferta para la regulación de la reducción de jornada, una medida que ya cuenta con el apoyo de los representantes de los trabajadores pero aún no ha convencido a las dos patronales.
El recorte de la jornada desde las 40 horas semanales actualmente en vigor se acordó como parte del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar. Contempla una reducción hasta las 38,5 horas este mismo año, que caerá hasta 37,5 horas semanales el siguiente.
Aunque la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar el contenido de esta nueva propuesta, estaría en línea con lo señalado esta semana por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o a aumentar las "bolsas de horas" en algunos sectores.
La reunión llega tras un encuentro previo para el que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había dado a la patronal "un ultimátum" para que presentara por escrito una propuesta en la mesa de diálogo social.
Pérez Rey les acusaba de "burlarse del diálogo social" al negarse a aceptar la reducción de jornada planteada por el Gobierno, sin presentar una alternativa o realizando planteamientos "maximalistas". En el mismo sentido, la ministra Díaz calificaba esta actitud de la patronal de "huelga de brazos caídos" y amenazaba con sacar adelante la reducción de la jornada sin el apoyo de los empresarios.
Los sindicatos se han mantenido esta semana al margen del conflicto entre el Gobierno y los empresarios, pero realizando llamamientos al diálogo, evitando el "ruido" generado en torno a la negociación y pidiendo a la patronal que plantee una alternativa porque, a partir de ahí, "seguro que la negociación es más sencilla".
La patronal se queja de que no se les escucha
Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba que sí que estaban presentando propuestas pero que "no se les escuchaba", que no tienen margen de negociación porque la decisión ya está tomada y animaba al Gobierno a sacar adelante la norma pero sin su apoyo.
"Se nos plantean ultimátum, pues que lo hagan, es muy legítimo", decía Garamendi, al tiempo que recordaba que los empresarios no están obligados por el pacto de Gobierno a reducir la jornada.
Por su parte, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, mostraba el hartazgo de los empresarios ante un Gobierno "intervencionista, cortoplacista e intransigente" y aseguraba que muchas empresas le habían pedido un "paro patronal".
Posteriormente y tras varios mensajes del Gobierno abriéndose a introducir flexibilidad en la negociación, el presidente de ATA y vicepresidente también de CEOE, Lorenzo Amor, avanzaba que aún hay margen para alcanzar un acuerdo, siempre que se incorporen esas medidas alternativas.
La patronal "no está cerrada (a negociar) ni mucho menos a hablar", decía Amor, al tiempo que reclamaba medidas para paliar el impacto de la reducción de jornada sobre pymes, como las del comercio u hostelería.
Impacto económico sobre las empresas
Cepyme calcula que una reducción no negociada de jornada laboral a 37,5 horas semanales manteniendo los salarios conllevaría un impacto sobre las empresas de hasta 42.400 millones de euros, de los que 11.800 millones serían de coste directo y 30.600, de la producción perdida.
Por su parte, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que reducir "forzosamente" la jornada tendrá "consecuencias colaterales no deseadas" como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial.
El informe, que advierte de "efectos adversos" sobre la competitividad y el empleo, prevé una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que calcula que la medida afectará al 67 % de los ocupados.