Las 'vices' y Montero exigen voz y voto en el fondo soberano ideado por Escrivá

El principal órgano de Gobierno del 'superfondo' de pensiones público ideado por José Luis Escrivá no será finalmente una comisión de cinco personas formada en exclusiva por altos funcionarios designados de forma directa por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como se pretendía en un principio y se planteaba en los primeros borradores que el departamento negoció con los agentes sociales. El tránsito de la propuesta por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha alumbrado una configuración mucho más colegiada donde los representantes designados por Seguridad Social seguirán ostentando la mayoría, pero estarán acompañados por otros designados desde los ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo, Transición Ecológica y Hacienda, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Desde el Ministerio se admite que el asunto de la gobernanza del fondo ha sido uno de los principales puntos de fricción en los contactos que Seguridad Social ha mantenido con los agentes sociales y con el resto del Gobierno en relación a la norma que regulará por primera en España la posibilidad de que el Estado impulse sus propios fondos de pensiones, una realidad hasta ahora restringida al sector privado y más en concreto al sector financiero y asegurador, y que fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Las propuestas iniciales salidas desde el departamento dirigido por José Luis Escrivá residenciaban esa gobernanza casi en exclusiva en su Ministerio, al que reservaba la designación (y potencial revocación) de todos los miembros de la Comisión de Promoción y Seguimiento - principal órgano de gobierno del 'macrofondo' público de pensiones -, a la que se asignaba asimismo no sólo la capacidad de impulsar los fondos públicos de pensiones que se considerasen convenientes, sino también de seleccionar a las entidades gestoras y depositarias y, quizá lo más importante, la potestad de fijar los criterios de inversión del 'macrofondo'.

No hablamos de un asunto menor. El Gobierno tiene grandes planes para el fondo de pensiones público. Si se atiende a las proyecciones que Seguridad Social intercambió con Bruselas en el proceso de negociación de los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, la hoja de ruta gubernamental estima que en menos de una década - entre su entrada en vigor y el año de 2030 - el número de partícipes de planes de pensiones de empleo se multiplicará por cuatro o cinco y el patrimonio invertido en los mismos se multiplicará por tres desde los alrededor de 35.000 millones de euros que hay en la actualidad hasta situarse por encima de los 100.000 millones de euros, una dimensión que de concretarse configuraría la plataforma ideada por Escrivá como un auténtico 'fondo soberano' español. 

No sólo el resto de ministerios económicos han querido ser partícipes del proyecto, sindicatos y empresarios también se han movido en la negociación para desactivar ese mando único que planteaba Seguridad Social. Fuentes conocedoras de la negociación del texto admiten que los agentes sociales han exigido cambios en la gobernanza del 'macrofondo' público y que, por ejemplo, han conseguido liquidar el derecho de veto del que Escrivá pretendía dotar al órgano de gobierno del fondo para descartar las propuestas de inversión elevadas desde las comisiones de control, dónde sí tienen representación los representantes de empresas y trabajadores, al cabo los que representan a los que ponen el dinero..

El Gobierno no oculta sus planes. Ya deslizó a Bruselas que confiaba en que la generalización de los planes de pensiones de empleo que aspira a conseguir con esta norma se convierta a futuro "en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital" y la norma aprobada este martes deja bien claro que la decisión sobre los criterios de inversión le corresponderá en exclusiva al Gobierno pese a tratarse de recursos provenientes de las aportaciones de empresas y trabajadores a sus propios planes de pensiones de empresas, es decir, pese a tratarse de fondos privados. El planteamiento implícito de la reforma de los planes de pensiones de empleo impulsada por Escrivá no ha pasado desapercibido para el sector privado del ahorro, que observa la maniobra como una auténtica 'opa' del Estado para hacerse con el control de miles de millones de euros que hoy son gestionados por el sector financiero.

Impulsar el ahorro para la jubilación para todos los trabajadores

El argumentario del Gobierno sostiene que su única intención es impulsar el ahorro para la jubilación en el ámbito de la empresa, que en España lleva estancado desde hace lustros y que a juicio del Ejecutivo es más beneficioso para los trabajadores que los planes individuales, cargados en opinión del Gobierno de excesivas comisiones. Los datos que maneja el Gobierno indican que en las condiciones actuales un plan de ahorro para la jubilación a 35 años rentaría en un plan individual cerca de un 20% menos que en uno de empleo a igual rentabilidad por el único efecto de las comisiones. Un desequilibrio financiero que no ha impedido que a igualdad de ventajas fiscales los españoles se hayan decantado masivamente por los planes individuales por delante de los planes de empleo a la hora de planificar su ahorro para la jubilación, un fenómeno insólito que desde Seguridad Social se atribuye a que la oferta de estos instrumentos financieros se ha intentado canalizar desde el sector financiero hacia el ahorro individual.

El anteproyecto de ley aprobado este martes concreta la intención del Gobierno de modificar esa realidad. De hecho el Ejecutivo ya ha empezado a actuar en ese sentido recortando de manera drástica los incentivos fiscales en el IRPF a los planes de pensiones individuales proporcionando así un mejor trato relativo a los planes de empleo. La idea de fondo del plan de Escrivá es que con menos incentivos fiscales a los planes individuales y la garantía de que las comisiones de los planes de empleo serán menos elevadas que las que ofrece el mercado a los planes individuales en la actualidad se producirá un trasvase del ahorro individual al colectivo.

La norma trata de contribuir a acelerar este efecto por varias vías. Por un lado crea los planes de pensiones de empleo simplificados, como adelantó La Información,  orientados a pymes y autónomos, que permiten crear un plan de pensiones de empleo sin las complicaciones burocráticas que hay en la actualidad y que ponen una pasarela para que éstos se integren en los fondos de pensiones de promoción pública. Por otro, habilita a la negociación colectiva para obligar a todas las empresas encuadradas en un determinado sector a participar en el plan de pensiones sectorial como una vía más de ampliar el ahorro previsión entre el tejido empresarial. Seguridad Social confía en que los sindicatos lo vean como una forma de mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y las empresas como un cauce para rebajar la presión sobre las reivindicaciones salariales, ofreciendo un instrumento de salario diferido. 

La pregunta es: ¿Y por qué cree el Gobierno que va a funcionar ahora cuando esa posibilidad está regulada desde hace años? El primero de los argumentos que aflora es que salvo en las grandes empresas el impulso de un plan de pensiones de empleo es a día de hoy una misión excesivamente compleja para la mayoría de las pymes y microempresas del país. El segundo es que tampoco contribuía a su formalización el hecho de que se dejara su gestión y su rentabilidad en manos de un gestor privado, lo que al parecer suponía un obstáculo para los sindicatos. El tercer argumento que enarbola la Seguridad Social es que la futura reforma laboral, cuyo aspecto definitivo aún se desconoce, se va a traducir en una mejora de las condiciones de los trabajadores que va a habilitar la posibilidad de que la negociación salarial ya no solo vaya a intentar cubrir las necesidades perentorias de los trabajadores, sino que también va a permitir pensar en el ahorro a futuro.

Con estos argumentos y otros más concretos como alguna disposicion legal que empujará a un millón de autónomos a convertir los planes individuales que tienen en la actualidad en planes simplificados de empleo si quieren conservar sus ventajas fiscales, el Gobierno confía en que a lo largo de la próxima década el número de trabajadores encuadrados en un plan de pensiones de empleo se multiplique desde los dos millones actuales hasta los cerca de diez millones y que el patrimonio en los mismos pase de los 35.000 millones actuales a suponer más de 100.000 millones de euros. A lo que aspira Seguridad Social es a gestionar a través de fondos de pensiones públicos con bajas comisiones la mayor parte de ese pastel.