Los ayuntamientos usan el silencio para esquivar la revisión de contratos de obra
El aumento generalizado de los costes ha golpeado especialmente al sector de la Construcción, que cuando superaba los cuellos de botella registrados durante la pandemia se vio sorprendido por los efectos colaterales de la invasión de Ucrania. Para muchas empresas, la ejecución de las obras dejó de ser rentable, puesto que los presupuestos quedaban obsoletos en cuestión de días por la inflación. Esta problemática también se trasladó a los contratos de obra pública, por lo que las autoridades pusieron en marcha un sistema de revisión excepcional de precios al que los ayuntamientos han hecho caso omiso a través del uso del silencio administrativo negativo, según denuncian desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Los precios de los materiales siderúrgicos se han elevado un 68%, los del aluminio un 59% y los de la energía un 88%, según recoge el Índice de Precios al Consumo (IPC) y destaca el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. Este aumento, explica, puede llevar a incrementar un 30% los costes de una obra, mientras que el límite fijado en la revisión excepcional de precios de contratos públicos es del 20%. Sin embargo, han identificado que en una multitud de casos tampoco se está llevando a cabo la actualización dentro de este umbral. Fernández Alén apunta a que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está "cumpliendo" en este sentido, pero el escenario es muy diferente al descender al plano de las comunidades autónomas y los consistorios.
El representante de la patronal de la Construcción, explica que las entidades locales encuentran muchas dificultades para elaborar los proyectos, por lo que para cuando emiten las licitaciones los precios no están actualizados, lo que deja cientos de convocatorias desiertas por no llegar a solventar los costes. Sin embargo, estas tampoco se muestran dispuestas a revisar los precios de los contratos ya adjudicados, según reclama la CNC, dado que no responden a las solicitudes de revisión que remiten las constructoras. Los ayuntamientos recurren así al silencio administrativo negativo, dejando sin margen de actuación a estas empresas, que con frecuencia, según explican, son de tamaño reducido.
Este problema, explica el presidente de la CNC, también está mermando el impulso que representan los fondos Next Generation EU para el sector. Según los cálculos del Banco de España, 7 de cada 10 euros de estas transferencias pasan de forma directa o indirecta por la Construcción, en cambio, esto también supone un reto que demanda incorporar importantes cantidades de mano de obra para dar respuesta a las demandas del sector público y privado. En el momento de la presentación de los fondos se calculó que sería necesario incorporar a 700.000 trabajadores, un volumen que tampoco logran cubrir, al tiempo que ven incrementados los costes de personal.
Por tanto, Fernández Alén entiende que a pesar de que el sector no atraviesa un problema de actividad y que la inyección de fondos europeos "va a seguir siendo importante en el corto y medio plazo", el escenario se ve ensombrecido por el dilema de los costes. Reflejo de ello es el dato de que 6.400 empresas del sector de la construcción echaron el cierre durante 2022, un 17% más que el año anterior. Además, otras 1.600 constructoras e inmobiliarias se declararon en concurso de acreedores al verse asfixiadas por el aumento de los costes de las materias primas, un volumen un 28% superior al de 2021.
Piden incorporar los costes de la mano de obra
En el balance realizado este viernes, el presidente de la CNC también ha hecho alusión al incremento de los costes asociados a los salarios de los trabajadores, que a pesar de situarse por encima del Salario Mínimo Interprofesional -cuya subida se ha aprobado definitivamente esta semana-, han observado un "efecto muelle" en los tramos salariales inmediatamente superiores, en los que se han comenzado a demandar subidas en el mismo sentido. Fernández Alén ha manifestado que los empresarios están especialmente preocupados por la subida acumulada en los últimos años, dado que el aumento de estos costes no entra en las revisiones de precios de los contratos públicos de servicio.
Desde la patronal, entienden "imprescindible" que se dé un cambio en este sentido para que las alzas salariales también puedan trasladarse a los precios de los contratos. En especial, apuntan a que con estas subidas los pagos a la Seguridad Social ya ascienden al 30% del coste de cada trabajador, lo que denuncian representa un problema para este tejido empresarial que está protagonizado por microempresas de fuerte especialización. La CNC también ha llamado a las autoridades a prorrogar el sistema actual de revisión de contratos públicos que caducará en el mes de marzo. La propuesta de Fernández Alén es alargarlo sine die, dado que no pueden determinar cuándo va a ser el fin del conflicto.
Por el contrario, al ser preguntado por los beneficios, el presidente de la patronal de la Construcción ha asegurado que espera que estos sean elevados y continúen la tendencia observada en los últimos periodos. Sin embargo, ha apuntado a que estos provendrán en gran medida de las obras realizadas en el extranjero, que según ha descrito, son de gran envergadura y están "muy bien pagadas" -algo que, ha apuntado, no ocurre en España-.