Los incentivos a la contratación impulsan a los jóvenes pero no activan a los parados de larga duración
Las bonificaciones a la contratación suponen un tercio de los recursos que destina España a las políticas activas de empleo -tres veces más que el conjunto de países de la Unión Europea- por lo que es prioritario evaluar sus resultados. El Consejo Económico y Social (CES) ha desarrollado esta tarea dentro de su Memoria Socioeconómica y Laboral de España de 2023, en la que se advierte de su aplicación generalizada puede tener un efecto de peso muerto, es decir, bonificar contrataciones que se hubieran dado sin ese apoyo. Aunque advierte de que existe una fuerte dificultad para evaluar las políticas activas de empleo y el uso de estos fondos.
A comienzos de enero de 2023, el Gobierno trató de racionalizar estas ayudas a través del real decreto-ley 1/2023 pero en opinión del pleno integrado por representantes de las patronales, los sindicatos, los principales sectores económicos y expertos del ámbito de la academia "presenta ámbitos de mejora evidentes en términos de simplificación y eficacia". El grupo sí reconoce que en los cuatro meses analizamos se aprecia un impulso a la conversión de contratos a indefinidos y que ha aumentado el peso de las personas con discapacidad y el de los jóvenes entre los beneficiarios, aunque el primero de estos grupos es mayor.
"En cambio, en los cuatro meses de comparativa disponible se detecta una menor reactividad entre las personas desempleadas de larga duración o, en menor medida incluso, entre las personas en riesgo de inclusión" advierte el citado informe. Precisamente, este es el grupo que centra las preocupaciones de los diferentes actores del mercado laboral, incluido el Ministerio de Trabajo, como se ha puesto de manifiesto en la negociación de los subsidios por desempleo y en concreto, el destinado a los mayores de 52 años. Esta se concretó en una reserva específica de los fondos destinados a las comunidades autónomas y el compromiso de desarrollar una estrategia global para parados de larga duración.
Por ello, el CES advierte de que esta figura de bonificación tiene que ser suficientemente flexible como para incorporar a los grupos que estén en cada momento en situación de vulnerabilidad. En este sentido, pone la tarea de desarrollar las herramientas para hacer un perfil a los parados para identificar cuáles son sus dificultades de inserción y centrar en estos los incentivos. Asimismo, los vocales se inclinan por ampliar los fondos destinados a la formación, aunque el presidente, Antón Costa, advierte de que "no vale cualquier formación, el gasto eficaz es el que viene de la mano de las empresas como hemos comprobado con la FP dual".
"Se gasta mucho en total y poco por parado" resumía el doctor en Economía Jose Ignacio Conde-Ruiz y presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado el informe. España está a la cabeza de los 27 al destinar 7.495 millones de euros en 2023 (0,5% del PIB) pero en contra, está entre los que menos fondos destina por parado debido a que es el país de la UE con mayor tasa de desempleo -tanto para la población general como para los jóvenes-. En 2023 se destinó un 4,4% más a estas políticas activas de empleo que el CES entiende que es moderado por "tratarse de valores corrientes y habida cuenta del contexto de descenso del paro" que condiciona la participación y la demanda de estos servicios.
Estas políticas tienen un papel destacado también dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que marca la hoja de ruta para recibir los desembolsos de los fondos europeos. Y estas también destacan en términos de ejecución (un 57,2% de las partidas frente al 40,1% registrado a nivel general). Si bien, hacen mención a "retrasos significativos en el despliegue de nuevas competencias para la doble transición -climática y digital- y sobre todo, en la gobernanza e impulso de las PAE" señala el grupo. E insisten en los problemas para llevar a cabo la evaluación por la falta de datos desagregados.