Los pueblos arruinados por sus alcaldes: "No podíamos cambiar los adoquines"

Los años pasarán y varios de los municipios más endeudados de España seguirán cargando con la losa de la mala gestión de sus antiguos alcaldes. Hablamos de cuatro pequeñas localidades que, pese a los ajustes implementados en el año 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales, siguen muy lejos de conseguir sanear sus cuentas. Ya  sea por la construcción de complejos faraónicos, como una marina naútica en un pueblo a 70 kilómetros de la costa, o bien por una gestión negligente durante los años de bonanza económica de la primera década de este siglo, todos se ven ahora sometidos a una austeridad espartana por el desenfreno de aquella época. 

"A mí me encantaría tener cuatro grandes parques en el pueblo, pero en cambio lo único que puedo hacer es reparar los columpios de los que hay", así resume la acutal alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Valle Luna, la situación a la que se enfrenta en su localidad desde que se hiciera hace ocho años con el bastón de mando. Este municipio madrileño de algo más de 5.000 habitantes arrastra unos 36 millones de euros de déficit, aunque Luna los sitúa en 42, fruto de la administración de su predecesor, Carlos Estrada (PP), imputado en la trama Púnica. Unas cifras que se traducen en un ratio de deuda de 6.904 euros por moralejeño. 

Precisamente, esta trama de corrupción es en parte responsable de la delicada situación de Moraleja, según Valle. "Tenemos una deuda de 24 millones procedente de un plan de proveedores con facturas sin pagar. Ahí están las de Walter Music, por traer conciertos de Ana Belén, Isabel Pantoja o Víctor Manuel a este pueblo", resalta la alcaldesa. La otra gran carga del municipio está en las dos grandes infraestructuras construidas bajo el mandato de Estrada: un complejo acuático (El Galeón) con un coste de ocho millones de euros y un centro cultural por el que se pagaron otros cuatro millones. 

"Nosotros no nos podíamos permitir cambiar toda una fila de adoquines en una acera. Pero solo teníamos la posibilidad de ir haciendo parches. Y así con todo", asegura Luna, que también denuncia que esta carga "es un impedimento" para desarrollar un plan de crecimiento sostenible enfocado "a la gente joven", la que tiene que mantener la vida del pueblo en las próximas décadas. "Estamos buscando un equilibrio casi imposible entre solucionar estas cuestiones del pasado y dar salidas al municipio. Los vecinos no se merecen estar castigados constantemente", se queja la alcaldesa de Moraleja de Enmedio.  Un análisis en el que coincide su hómologo en el municipio gaditano de Los Barrios, Miguel Alconchel, cuya deuda asciende en estos momentos hasta los 162 millones de euros, lo que supone que cada habitante responde por 6.834 euros de lo que adeuda el consistorio. "En el día a día es algo que se nota, a nosotros nos faltan barrenderos o jardineros", resalta.

La situación de Los Barrios, que cuenta con unos 23.000 ciudadanos empadronados, proviene también de los años de la primera mitad de la década de los 2000. Entonces, con la alcaldía en manos del PSOE, el consistorio llegó a tener en nómina a 700 trabajadores, con pagos que superaban el millón de euros. El municipio contaba con un equipo de baloncesto en la segunda división del baloncesto español, la LEB Oro y con instalaciones deportivas de primer nivel. La crisis provocó que varias empresas municipales se fueran a la quiebra, lo que ha provocado la actual situación de endeudamiento de Los Barrios. "Lo peor es que va a seguir creciendo. Nos faltan por liquidar dos de estas empresas municipales fantasmas, que entre las dos suman otros 70 millones. La cifra real de nuestra deuda tiene que estar entre los 200 y los 220 millones", denuncia Alconchel.

El ayuntamiento andaluz, igual que Moraleja, está sometido actualmente a una serie de planes de ajuste supervisados por Hacienda, con el objetivo de reconducir las arcas municipales. "Es como una espada de Damocles que está siempre pendiendo sobre ti. Más en situaciones como la de pandemia, en la que al bajar sustancialmente el nivel de ingresos, no te queda más remedio que recortar la partida de gastos, lo que te deja en una situación de pobreza absoluta", advierte el regidor de Los Barrios. Otra alternativa sería una subida de impuestos a sus ciudadanos, algo que siempre ha descartado hacer. 

Vallada y Os Blancos

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de proyectos faraónicos que arruinan a pequeños pueblos es el de Vallada (Valencia), cuyos casi 28 millones de deuda responden al nombre de 'La mar de dins' (La mar de dentro). La idea del exregidor popular, Fernando Giner, pasaba por construir una marina con un astillero y escuela de vela incluida en una explanada de 1,3 millones de metros cuadrados. El problema reside en que esta localidad valenciana se encuentra a 70 kilometros del punto más cercano a la costa. 

Giner, que ocupó también la presidencia de la Diputación valenciana durante dos legislaturas, vislumbró el proyecto en mitad del frenesí marítimo provocado por la Copa América en la Comunidad Valenciana. Luego trató de transformar el proyecto en un epicentro logístico, pero la crisis del 2008 acabó por devorar cualquier posible viabilidad a las parecelas, que solo sirvieron para dejar al municipio de Vallada con una deuda de 9.128 euros por habitante.

Por su parte, el concejo gallego de Os Blancos (Ourense) es otro de los casos en los que la mala gestión acumulada durante años acaba repercutiendo en los algo más de 700 habitantes del municipio. La deuda es apenas de 4 millones de euros, pero se reparte a 5.285 euros por vecino. La llegada al despacho de alcaldía de José Antonio Rodríguez Ferreiro (PP) primero, y Juan José Puga (PP) vino de la mano de un aumento de 13 trabajadores del consistorio.

Ferreiro acabó en la cárcel tiempo después, condenado a cinco años por sendos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación. El ayuntamiento quedó en bancarrota. Una situación que no mejoró con la llegada de un Puga que, en lugar de intentar reducir las cifras de endeudamiento, siguió con el carrusel de préstamos para mantener el tren de vida de Os Blancos. Como resultado, el concejo se convirtió en el primer consistorio intervenido en la historia de Galicia, teniendo que ser la Diputación de Ourense la que se haga cargos de los gastos de una parte importante de los servicios públicos.