MADRID. EL AYUNTAMIENTO COMPLETA LA CONGELACIÓN DE FONDOS QUE LE IMPONE HACIENDA APLAZANDO TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, y el Pleno municipal lo hará esta tarde, el acuerdo de no disponibilidad de 134 millones que completa los 238 que le exigía inmovilizar el Ministerio de Hacienda y Función Pública, aplazando a finales de año transferencias a empresas municipales que luego podrá realizar con ingresos con los que el Consistorio ya cuenta o da por seguros.
El Ayuntamiento tenía de plazo hasta el fin del presente mes de mayo para dejar en suspenso los 238 millones que el Ministerio le exigió inmovilizar para compensar el exceso sobre la regla de gasto en que incurrió en el presupuesto de 2016 y tras no aceptar el Plan Económico y Financiero (PEF) 2017-2018 que le presentó inicialmente el Consistorio. El Pleno de abril aprobó la no disponibilidad de 104 y el de mayo convalidará la de los 134 restantes.
No obstante, fuentes del Área de Economía y Hacienda aseguran haber realizado con sus inmovilizaciones de fondos lo mismo que habrían hecho si el Ministerio le hubiera aceptado el PEF: pasar a inversiones financieramente sostenibles (IFS) sufragables con cargo al remanente de tesorería inversiones por valor de 144 millones que antes computaban en déficit, y el resto, hasta los 238 millones, con otras operaciones pero sin recortar en políticas sociales.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con una enmienda del PP que permite a los ayuntamientos proseguir en 2018 la ejecución de las IFS que hasta ahora tenían que terminarse dentro del año, garantiza la finalización de todas y es, admiten en el Ayuntamiento, un “balón de oxígeno” para evitar apreturas de tiempo.
Además de estas inversiones financieramente sostenibles, para las que la Junta de Gobierno lleva mes y medio aprobando suplementos de crédito, la Comisión de Economía y Hacienda ha aprobado reclasificar una serie de transferencias con empresas públicas. Así, se pospondrán al último cuatrimestre aportaciones por valor de 37,3 millones a la EMS, de 21,4 a Madrid Destino, de 24,7 a la EMT y de 10,9 a Madrid Calle 30.
También se aplazará una transferencia de 11,8 millones para rehabilitaión de viviendas, otra de 6,2 para limpieza y aseo en la vía pública, se ahorrarán 3,8 millones en bajas de adjudicación de contratos y otros 2,7 millones en una transferencia a la Agencia para el Empleo. Estas cantidades, más 14,8 millones catalogados como “otros”, suman los 134 millones que le faltaban al Ayuntamiento por inmovilizar hasta los 238.
No obstante, desde Economía y Hacienda aseguran que ya tienen el dinero con el que realizar estas inversiones aplazadas, gracias a los 42,8 millones que le ingresará la EMT por reparto de dividendos, 8,6 millones por una tasa a las empresas de telecomunicaciones que no se incluyó en los presupuestos pero ya ha cobrado, 8,9 millones por una devolución que le ha cursado la Seguridad Social por exceso en las cotizaciones sociales de empleados municipales y 3,8 millones por benta de suelo en el entorno del estadio de La Peineta.
En el área, además, cuentan con que, incluso una ejecución presupuestaria elevada, de un 93%, dejaría en las arcas municipales unos 400 millones sin utilizar, que compensarían de sobra los 238 millones que le acusa el Ministerio de haber gastado de más en 2016. Un exceso en el que, admiten, probablemente vuelvan a incurrir en 2017, lo que obligaría a nuevas estrategias presupuestarias en 2018 que unas cuentas saneadas como las de Madrid permitirán realizar.
Ello si, para entonces, no ha fallado a su favor el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que el Ayuntamiento recurrió el lunes los acuerdos de no disponibilidad a los que le ha obligado el Ministerio de Hacienda, alegando que la interpretación de la regla de gasto que le hace incurrir en un exceso no está incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, impidiendo innecesariamente a los ayuntamientos que tienen superávit a reinvertirlo en políticas públicas. El recurso pedía la aplicación de medidas cautelares que dejarían en suspenso la obligación de inmovilizar los mencionados 238 millones.