Economía y finanzas

MADRID. LOS COOPERATIVISTAS DE FERNÁNDEZ RAIMUNDO VILLAVERDE ACUSAN AL AYUNTAMIENTO DE PARALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS

- Pagan seguridad privada, casas provisionales y cuotas mientras negocian con el Ayuntamiento el plan para construir. La cooperativa del Residencial Maravillas, creada para gestionar la construcción de viviendas en un antiguo solar del Ministerio de Defensa en la calle Raimundo Fernández Villaverde, en Chamberí, acusaron hoy al Ayuntamiento de Madrid de ralentizar el proyecto, con el consiguiente perjuicio económico para las más de 300 familias afectadas.
Tras reunirse con la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, señalaron que el Gobierno municipal de Manuela Carmena tiene paralizado el proyecto y plantea requisitos que, a su juicio, no se ajustan a la normativa, como la exigencia de que el patio interno del futuro edificio sea de uso público.
Estas familias compraron hace dos años estos terrenos situados a unos metros del Paseo de la Castellana, que colindan con Nuevos Ministerios. Lo hicieron en subasta pública del Ministerio de Defensa para construir viviendas, pero insisten en que el Ayuntamiento tiene “paralizado” el plan y les pide que una parte del terreno sea público para construir un jardín y la cesión de locales comerciales.
Desde que se hicieron con el terreno, los afectados pagan una cuota a la cooperativa que incluye, entre otros servicios, el pago de seguridad privada para custodiar los terreno o el contrato con una agencia de comunicación. “Pueden entrar okupas”, explicó uno de los afectados a Servimedia, en relación al servicio de seguridad.
Puesto que aún no han llegado un acuerdo con el Consistorio para edificar, muchos de los cooperativistas viven de alquiler hasta que puedan disfrutar de sus pisos. “Muchos hemos tenido que pedir dinero a padres y suegros”, señalan los afectados.
Su principal queja es que se está retrasando el proyecto para poder construir sus viviendas a causa de las discrepancias con el Consistorio y señalaron que no se trata “de un pelotazo” como, según dicen, piensa en Ayuntamiento de Madrid. “Somos un montón de familias jóvenes que queremos venir a un barrio envejecido”.
Por su parte, Esperanza Aguirre subrayó la “división interna” que supone este asunto para el Ejecutivo local, ya que manifestó que hay diferencias entre los “partidarios de respetar la legalidad”, como el concejal responsable del área, según Aguirre, y “los que quieren hacer aquí el matadero del norte”.
Respecto a la exigencia del Ayuntamiento de que una parte del terreno sea de propiedad pública, la concejal del PP indicó que el Gobierno municipal de Manuela Carmena quiere "que se convierta en un parque de hacer botellón”.
Los afectados explicaron que “a lo mejor tenemos que venir en comunas” para que el Ayuntamiento se fije en su caso y les preste mayor atención, y denunciaron que lo que hace el Consistorio por el momento es estirar los tiempos, mientras ellos necesitan una solución para que “podamos tener nuestras casas cuanto antes”.

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