Moncloa planea incentivos fiscales para artistas, mecenas e inversores foráneos

Embarcado en una búsqueda permanente de nuevos ingresos fiscales el Gobierno ha decidido someter al microscopio 15 de los beneficios fiscales más gravosos del sistema tributario para ver si cumplen realmente o no con el objetivo para el que fueron creados y, en su caso, plantear su supresión y la consecuente liberación de nuevos ingresos para las arcas públicas. Los servicios de Hacienda calcularon en su día que se podían conseguir de esta forma hasta 5.000 millones de euros extra y el el Ejecutivo ha programado esa 'poda' para el año 2023. Sin embargo, en paralelo a ese proceso, el Plan de Recuperación remitido a Bruselas recoge un puñado de nuevos incentivos fiscales para sectores muy concretos, que al cabo restarán de nuevo recursos a las arcas públicas.

Artistas, mecenas de actividades culturales, inversores extranjeros, nuevas formas de familia...dentro de las más de 3.000 páginas remitidas a la Comisión Europea con la hoja de ruta que pretende seguir el Gobierno en los próximos años se han colado una serie de ayudas fiscales, convenientemente alineadas con los objetivos planteados desde Bruselas pero que en algunos casos ya estaban previstas y únicamente han encontrado en el Plan el vehículo perfecto para garantizar su activación.

Uno de los objetivos de esa ofensiva fiscal será el impulso a la industria cultural. El Gobierno abordará lo que denomina una "adecuación del marco fiscal" para mejorar el tratamiento que el sistema tributario propina a los artistas y también favorecer la afluencia de capital privado a la financiación de la industria cultural, uno de los grandes déficits del sector cultural español. El Plan incluye los retoques en la regulación del Impuesto sobre la Renta, el IVA y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sobre las que el Gobierno lleva años discutiendo, aunque no las precisa. El objetivo, asegura el Ejecutivo, es adaptarse a las peculiaridades de la actividad artística, caracterizada por un flujo irregular de ingresos y cierta dependencia de los fondos públicos.

La propuesta de Estatuto del Artista que salió del Congreso de los Diputados abogó por implantar un tipo reducido del 10% en el IVA - en la actualidad es del 21% - y por establecer una exención del 30% a los ingresos obtenidos por actividades artísticas en el IRPF, además de considerar como deducibles sus gastos en formación, compra de instrumental de trabajo o incluso las comisiones de los representantes. La idea del Gobierno es tener una propuesta normativa a finales de 2021 y tramitarla en 2022. El esquema prevé también una mejora del tratamiento fiscal al mecenazgo para resolver el problema de déficit de inversión privada en la industria cultural.

Transición ecológica y digitalización

A estas alturas ya nadie duda de que la transición ecológica y la digitalización de la economía son los dos grandes ejes de la propuesta de transformación de la economía española a futuro del Gobierno. Amparado bajo esos principios el Gobierno orientarán las nuevas ayudas fiscales hacia esos objetivos. Por un lado, con la ya anunciada aprobación, que quiere activar en este año 2021, de una nueva desgravación fiscal de hasta el 60% en el IRPF sobre las inversiones de particulares y comunidades de vecinos en rehabilitación de viviendas y edificios, orientadas a la mejora del rendimiento energético de los edificios. El Gobierno prevé dejarse 450 millones de euros del IRPF en este plan que se prolongará hasta 2023.

Para fomentar la digitalización de la economía, el plan fiscal del Gobierno avanzará en dos direcciones. Por una parte, Moncloa prevé reducir la presión fiscal a los operadores de telefonía para alentar las inversiones asociadas a la red de 5G, con un coste estimado para las arcas públicas de 90 millones de euros. Por otra, aprovechará la futura Ley de Startup para establecer incentivos fiscales que favorezcan el crecimiento de los proyectos tecnológicos de nueva planta y también consigan atraer a inversores extranjeros para que desarrollen sus proyectos tecnológicos en España. En este sentido, como adelantó La Información, el Gobierno baraja la posibilidad de mejorar el tratamiento fiscal de los no residentes a través de lo que se conoce como Ley Beckham.

El último eje de actuación en el que pretende operar el Gobierno es en el de las ayudas a familias. El Ejecutivo ha concluido que es necesario alterar el mix actual entre ayudas fiscales y ayudas directas a las familias para fortalecer las segundas, más efectivas a la hora de luchar contra la desigualdad. Pese a ello avanza que abordará una revisión de las desgravaciones fiscales por menores a cargo en el marco de la Ley de Protección de Familias con el objetivo de reforzar la protección a las familias y reconocer su diversidad.

Según la propia hoja de ruta dispuesta por el Gobierno, estos nuevos incentivos fiscales ya estarían sujetos a los nuevos controles que pretende implantar el Ministerio de Hacienda y que exigirán definir de forma precisa los objetivos que se buscan con la activación de esos incentivos fiscales y ponerles un horizonte temporal específico, para impedir que como ha venido ocurriendo hasta la fecha este tipo de beneficios fiscales acaben perpetuándose en el sistema fiscal, perdiendo su eficacia y generando un sobrecoste a las arcas públicas.