Montero lo fía todo a un gobierno de Illa en Cataluña para sacar adelante los Presupuestos
"El Gobierno está en condiciones tanto técnica como políticamente de presentar los Presupuestos en tiempo y forma, pero tenemos que seguir dialogando con los grupos". María Jesús Montero, 'número dos' del Gobierno se muestra confiada en que podrá sacar adelante las cuentas públicas de 2025 y descarta como escenario una nueva convocatoria electoral en Cataluña que pueda tumbar el principal proyecto económico que tiene que aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En plenas negociaciones de los socialistas catalanes con ERC para lograr su apoyo a un gobierno de Illa, Montero ha incidido en que no prevé "ninguna turbulencia política en el horizonte" y considera poco probable una repetición de los comicios catalanes que dé al traste con las cuentas de 2025, como ya sucedió con las de 2024 -a las que el Ejecutivo Central se vio obligado a renunciar-.
"Sería muy importante que la única posibilidad de investidura que hay en este contexto, que es Salvador Illa, se abra camino y vea la luz", zanjaba. A su juicio Cataluña tendrá un gobierno más pronto que tarde, por lo que dice estar preparada para incorporar a las cuentas todas las prioridades y exigencias del resto de grupos parlamentarios. "Siempre es mejor tener Presupuestos", añadía el martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras ser preguntada sobre la relevancia de los mismos a la hora de garantizar la estabilidad de la presente legislatura.
En el ministerio que encabeza se encuentran en plena vorágine y mantendrán el ritmo actual de trabajo hasta llevar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados después del verano, de forma que puedan estar aprobados en tiempo y forma y entrar en vigor el 1 de enero. Ese trabajo interno incluye las conversaciones con el resto de ministerios para conocer de primera mano cuáles son sus prioridades de gasto de cara a 2025.
Contención del gasto por las nuevas reglas fiscales
Por lo pronto, el Ejecutivo ha aprobado este martes un techo de gasto récord de 195.353 millones de euros sin contar con los fondos europeos que, sin embargo, supone un alza del 3,2% en relación al de 2024, un incremento menor al de ejercicios anteriores. Incluyendo las transferencias a fondo perdido de los Next Generation el límite de gasto no financiero se mantiene prácticamente en relación al aprobado para 2024 al situarse en 199.171 millones. En ambos casos la clave de la contención está en la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales.
Estas obligan a España y al resto de socios a presentar un plan de ajuste fiscal a medio plazo antes del próximo 20 de septiembre. En esta 'hoja de ruta' el Gobierno deberá detallar cuáles son sus objetivos de gasto y las inversiones y reformas estructurales que prevé aprobar. De momento, Hacienda se ha comprometido a reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y a rebajar la deuda del conjunto de las administraciones por debajo del 100% (desde el 107,7% al que despidió el año pasado) al final del horizonte de proyección.
Las autoridades comunitarias dan por hecho que el país cerrará este año con un desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos equivalente al 3% de su PIB, lo que le ha permitido evitar el brazo sancionador con la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Dos de las mayores economías de la Eurozona, Francia e Italia, no han podido evitar la apertura de dicho expediente, dado que se prevé que sitúen su agujero en el 5,3 y en el 4,4%, respectivamente.
España se plantea un ajuste a cuatro años a realizar en 3
Con arreglo a las nueva gobernanza, en vigor desde el pasado 30 de abril, la Comisión fijó una serie de recomendaciones específicas por país que proporcionan orientaciones para las reformas y los compromisos de inversión. De este modo, los Estados que lo deseen pueden lograr algo más de oxígeno ampliando su período de ajuste presupuestario de los cuatro años previstos inicialmente hasta los siete. Este alargamiento de la fase de ajuste permitiría una reducción del esfuerzo presupuestario anual global que necesite el Estado en cuestión.
Fuentes del Ministerio de Hacienda inciden en que Bruselas pondrá el acento en el ajuste a cuatro años y en que, pese a poder contar con más margen, España centrará todo su esfuerzo de consolidación en los próximos tres ejercicios gracias al impulso 'extra' que seguirá dando la economía y a su previsible traslación a los ingresos. El Ejecutivo contempla que la recaudación tributaria crezca al 6,5% el año que viene, a un buen ritmo aunque inferior al avance de dos dígitos que vinieron registrando los ingresos por impuestos los últimos ejercicios -a raíz de la fuerte recuperación de la actividad tras la pandemia y de la crisis inflacionaria-.
El nuevo paradigma europeo coloca en el centro de ese ajuste la evolución del gasto primario neto de medidas de impuestos, obligando a los socios a tirar de prudencia a la hora de elaborar sus políticas de gasto. Este incluye el gasto público total, excluidos los intereses de la deuda o los destinados a prestaciones por desempleo, entre otros.
El Gobierno afronta esta contención necesaria en un momento en que las proyecciones macro le sonríen. En concreto, ha elevado su cálculo de PIB para este año al 2,4% (al igual que han hecho también el Fondo Monetario Internacional y organismos como el Banco de España o la propia Comisión), sitúa el avance en el 2,2% el próximo y prevé un aterrizaje progresivo en 2026 y 2027 hacia el crecimiento potencial del 2%.