El pacto PSC-ERC prevé un "aumento sustancial" de la capacidad para modificar impuestos estatales en Cataluña

El preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC contempla que el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña se base en una negociación bilateral entre Estado y Generalitat, y que sea el propio Govern el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos. El objetivo final del pacto es incrementar sustancialmente la capacidad normativa del Ejecutivo autonómico sobre los tributos estatales, aunque siempre en coordinación con el Gobierno Central y con la Unión Europea, puesto que lo contrario vulneraría la Constitución.

"Es necesario un aumento sustancial y progreso de la capacidad normativa en todos los tributos generados en Cataluña para poder adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país y disponer de la cesación de los rendimientos de estos tributos", apunta el documento que dio a conocer ERC el martes. En su artículo 133.1 la Carta Magna establece que la "potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley". En el punto segundo añade que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos, si bien siempre de acuerdo con la propia Constitución y con las leyes.

A lo largo de las veinticinco páginas del documento elaborado por PSC y ERC se menciona de forma expresa hasta en cinco ocasiones esa aspiración de que Cataluña cuente con una mayor potestad normativa a nivel tributario. Fuentes próximas al Gobierno, que inciden en que se trata de un principio de acuerdo entre dos formaciones políticas -del que se desvinculan, pero que celebran- insisten en que lo pactado respetará el marco fijado por la Constitución. 

Es una opinión que, sin embargo, no termina de calar entre algunos de los colectivos que podrían verse afectados de forma directa por el nuevo modelo singular que ambas formaciones han puesto sobre la mesa. Desde la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) mantienen que el objetivo final será, con toda probabilidad, que Cataluña tenga sus propios impuestos sobre la Renta, sobre Sociedades y su propio IVA. Para lograrlo, advierten a este diario, empiezan por reclamar la recaudación de los mismos.

En la práctica, se apunta a un régimen foral solidario con una Agencia Tributaria propia que asuma la totalidad de la gestión de los impuestos en el territorio y se añade una suerte de cupo catalán para compensar al Estado por los servicios no transferidos en la región. Habría, además, una cuota de solidaridad entre autonomías con un fondo de reequilibrio territorial que deberá negociarse en un futuro.

Las negociaciones llevarán un tiempo y coincidirán con el trámite de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Las mismas fuentes oficiales inciden en que el objetivo es que las cuentas del año que viene puedan estar aprobadas en tiempo y forma para que entren en vigor el próximo 1 de enero. Si bien, reconocen las dificultades que la situación en Cataluña añadirá al proceso y cómo su resultado dependerá en buena medida de la aritmética parlamentaria.

Junts volvió a evidenciar hace poco más de una semana la debilidad parlamentaria del Gobierno al alinearse con PP y Vox y votar en contra de la senda de estabilidad presupuestaria aprobada por el Ejecutivo, senda que servía de base para la elaboración de dichas cuentas. El Consejo de Ministros deberá aprobar de nuevo los objetivos de déficit y deuda para volver a presentarlos en la Cámara Baja. 

Las dudas sobre cómo reaccionará el partido de Carles Puigdemont -tanto si Salvador Illa es investido President como si no- son evidentes, lo que dejaría aún más en el aire el proyecto económico más importante para garantizar la continuidad de la actual legislatura. 

Concierto económico... pero sin Illa

Al final, el documento publicado el martes no busca otra cosa que facilitar la llegada Illa a la Generalitat y desde JxCat ahora hacen hincapié en que los objetivos que plantea el preacuerdo entre ERC y los socialistas catalanes, entre ellos el concierto económico, pueden alcanzarse a través de las negociaciones abiertas para dar estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez y en que no sería necesario investir a Illa como presidente catalán para lograrlo.

De momento, tampoco está claro que el pacto vaya a salir adelante, dado que sobre él deberán pronunciarse el próximo viernes los 8.700 militantes de ERC. Lo que decidan las bases será vinculante, de tal manera que la dirección del grupo independentista ha descartado reabrir negociaciones con los socialistas en caso de que estas lo rechacen.