Patronal y sindicatos meditan una respuesta a la reforma del CES con cuatro frentes abiertos
La mención al Consejo Económico y Social (CES) en el real decreto-ley de la reforma del subsidio pilló por sorpresa a CEOE y Cepyme, también a los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- que habían participado en la redacción del texto y habían escenificado un acuerdo junto a la ministra de Trabajo apenas dos semanas antes. "Cuando me lo dijeron no me lo podía creer" señala uno de los presentes en la mesa de negociación. "Nos pilló por sorpresa, no habíamos hablado nunca de esto, ni en esta ni en otras negociaciones" apunta otra fuente del diálogo social.
Hablan de la disposición transitoria segunda del texto, que concede un plazo de tres meses para modificar el reglamento interno del organismo para "adecuar la composición del grupo segundo" -el de los empresarios- a la nueva redacción de la ley que creó el CES en 1991. Con este paso se abre la puerta a que estén representadas las asociaciones empresariales más representativas a nivel autonómico -como ocurre con los sindicatos- teniendo que reunir un mínimo el 15% de empresarios y trabajadores y con la condición de no estar integradas en una confederación estatal.
Las principales beneficiarias serían las organizaciones Pimec y Pimeb, aunque está por ver cómo se traduce esta representatividad porque estas también forman parte de Conpymes, de ámbito nacional pero que no está representada en las mesas de negociación impulsadas por el Gobierno. La patronal que preside Antonio Garamendi, CEOE, que perdería puestos en el organismo publicó un comunicado en el que criticaba la "injerencia" del departamento que dirige Yolanda Díaz por priorizar los convenios autonómicos y "querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses".
CCOO y UGT también denunciaron que el Gobierno hubiera burlado el artículo 7 de la Constitución al no consultarles por dos cuestiones que les afectaban directamente. "Nos sentimos traicionados, porque llevábamos meses negociando esta norma y con un intenso intercambio de papeles para terminar la compatibilidad entre el paro y el empleo, pero no nos avisaron" señala una fuente sindical. Otras fuentes apuntan a que tiene que responder a un acuerdo con Junts para que los nacionalistas voten a favor del real decreto-ley, ya que la última vez se abstuvieron de votar. Ni el grupo parlamentario de Sumar ni el equipo de Díaz ha querido hacer comentarios sobre esta posibilidad.
Representantes de los empresarios y de los trabajadores comenzaron a intercambiar llamadas para medir qué respuesta dar ante este atropello. Todos pusieron a trabajar a sus equipos técnicos para estudiar cuál era su margen de maniobra y hasta qué punto era posible bloquear una reforma del reglamento que necesita reunir una mayoría absoluta en el pleno del CES. Quieren dar una respuesta en bloque y aún no han decido qué forma tomará, pero parece que los intentos por frenar los cambios se verían frustrados por el peso de una norma frente a su reglamento. "Quedará en un gesto, será una escenificación más que un bloqueo como tal" apunta un vocal del organismo.
El presidente del CES, Antón Costas, se remitió a la que será la posición expresada por el pleno, en el que también están representados algunos sectores económicos y expertos del ámbito de la academia. No obstante, dejó claro que tal y como figura en el reglamento y en la norma, Díaz estaba obligada a consultar estos cambios antes de llevarlos a cabo a través del citado real decreto-ley-.
Este 'golpe' coincide con el desarrollo de cuatro mesas de negociación en la esfera del Ministerio de Trabajo en las que los agentes sociales tratan de sacar adelante el reglamento contra el acoso del colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral, reducir la jornada laboral, modificar la ley de prevención de riesgos y en concreto, actuar sobre los de las empleadas del hogar. Este jueves tuvo lugar la primera reunión tras la publicación del texto que las fuentes consultadas califican de "alta tensión" y sobre la que ni Trabajo ni CCOO quisieron hacer valoraciones, mientras que UGT se limitó a pedir a la patronal que pongan sobre la mesa sus propuestas tras siete meses de negociación. Las empresas no hicieron comentarios, como es costumbre.