Podemos afina la 'ley rider': pide que las plataformas les faciliten bicis y motos

La futura ley que pretende acabar con los falsos autónomos que está diseñando el Ministerio de Trabajo supondrá un vuelco en las relaciones laborales de plataformas como Glovo o Deliveroo con sus repartidores, los conocidos como 'riders'. Los pocos detalles que se conocen de la misma salieron de la consulta pública que se mantuvo abierta hasta el pasado 22 de junio, y en la que el departamento de Yolanda Díaz ya anunciaba su intención de obligar a las empresas a reconocerles como trabajadores por cuenta ajena. Pero el propio grupo parlamentario de la ministra, Unidas Podemos, ya da pistas de qué aspectos les gustaría que incluyera esa ley. El principal interés de los morados es que esa norma incluya la obligatoriedad para las firmas de proporcionar los medios para realizar el trabajo. Por lo que tendrían que ser estas las que les proporcionaran las bicicletas o motos con las que llevarían a cabo los repartos.

Esa es la principal reclamación que hace la confluencia que ahora lidera Pablo Echenique en una Proposición No de Ley registrada en el Congreso, y a la que ha tenido acceso La Información. En concreto, los morados han presentado un texto ante la Comisión de Trabajo en el que buscan la "regulación de la laboralidad de los 'riders' al servicio de plataformas digitales". Una propuesta que casi coincide en el tiempo con la futura legislación, que ha recibido aportaciones de ciudadanos, empresas o administraciones durante dos semanas del pasado mes junio. A las que ahora se suma públicamente Unidas Podemos a través del Parlamento, con varios apuntes que pueden servir para 'afinar' la ley y que así responda a la defensa de este colectivo que han abanderado.

En el documento, UP mete prisa a Trabajo para que regule la figura de los 'riders', instando al Ministerio a que establezca "la laboralidad de este tipo de relación entre empresario y persona trabajadora basada en plataformas digitales". Un anticipo a la propuesta más ambiciosa de los morados, donde inciden en que se lleve a cabo la regulación expresa de "las condiciones que dan lugar a este tipo de relación laboral con el fin de evitar situaciones de abuso creadas por un vacío normativo, como se ha producido hasta ahora".  Lo que iría acompañado de "establecer la duración mínima de su jornada así como las condiciones de la prestación laboral, en especial la ajenidad en los medios". Una cuestión con la que se busca evitar que la persona trabajadora tenga que poner los medios para realizar su propio trabajo", como señala la PNl, firmada por el portavoz económico Txema Guijarro.

Esta idea de UP busca acabar con una de las circunstancias que marcan el desempeño de los 'riders', que además de no tener ninguna vinculación contractual con la empresa porque esta les considera autónomos, tienen que disponer de un elemento clave como es el vehículo en el que se desplazan para hacer los repartos que les llegan a través de la plataforma. Algo que ha ido ligado históricamente al reparto de comida, donde en las ofertas de los locales de restauración en las que se ofertaban puestos de este tipo se establecía el requisito de que tuvieran moto o bici para poder desplazarse. Esto no cambió con los nuevos vientos de Glovo, Deliveroo o Uber Eats. De hecho, es habitual ver en ciudades como Madrid a jóvenes que van con la mochila de estas empresas subidos en bicicletas municipales de alquiler a pesar de que es ilegal, ya que está prohibido que sean empleadas con fines comerciales.

Su última petición tiene que ver con los riesgos para su integridad que afrontan los 'riders' por la naturaleza de este trabajo. En concreto, UP exige "garantizar que se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales en este sector, regulando expresamente las peculiaridades de la actividad", en la que el trabajador está expuesto por tener que circular por carretera. Además, piden que se dicten "instrucciones precisas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que garantice la prestación del trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud". "La precariedad en este colectivo se extiende a la peligrosidad inherente a la prestación de sus servicios y la nula inversión por parte de sus empleadores en prevención de riesgos laborales", denuncia la confluencia, que asegura que las firmas no asumen "su responsabilidad en materia de control de la prestación, vigilancia de la salud y garante de la prestación del trabajo en condiciones de seguridad y salud adecuadas".

Esta cuestión ya ha generado polémica en varias ocasiones, ya que el pasado año murieron al menos tres de ellos tras ser atropellados. El caso más conocido fue el ocurrido en Barcelona en mayo de 2019, cuando un joven nepalí fue arrollado por un camión de basuras mientras repartía aunque no era el titular de la cuenta de Glovo en la que se repartían los pedidos. Lo que sirvió para confirmar que la práctica de realquilar licencias dentro de la plataforma era algo habitual. Tras la presión, la empresa aceptó considerarle como un repartidor más y abonó una parte de la indemnización a la familia, mientras que de la otra se encargó el seguro de la subcontrata de basuras del Ayuntamiento de Barcelona. Aun así, en un principio la plataforma se refirió a lo ocurrido como "accidente de tráfico" y no como siniestro laboral.

Pendientes del Supremo

En la consulta pública, el departamento de Yolanda Díaz ya dejó claro que no iba a incluir en la ley la figura del 'Trade digital' o 'autónomo digital', que serviría al sector para mantener su modelo laboral. Por tanto, la única opción que habrá sobre la mesa es la de que sean considerados trabajadores por cuenta ajena. El principal argumento de Trabajo es la ley de California que entró en vigor en enero de 2020, por la que el estado de EEUU obligó a Uber y Lyft a contratar a sus chóferes con todos los derechos que eso conlleva. También había alusiones a las distintas sanciones que ha impuesto la Inspección de Trabajo a las firmas de esta actividad. Una norma que, de aprobarse, supondrá un varapalo económico para las compañías, que tendrán que afrontar el establecimiento de un salario mínimo, una jornada laboral máxima o indemnización por despido

El Ministerio dio este paso el mes pasado a pesar de que la cuestión de los 'riders' y sus empresas ya ha llegado al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal será quien pueda marcar la jurisprudencia y decidir si los repartidores son falsos autónomos, como denuncian las asociaciones y el Gobierno de coalición, o si da un aval a las plataformas para continuar con esta política de no hacerles un contrato. Lo que podría alterar los planes de Yolanda Díaz y del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, que en su pacto de gobierno incluyó la promesa de perseguir "el fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones en las que los ingresos obtenidos procedan de un único cliente o empleador".