La reducción de jornada agravará la situación de las empresas que tienen contratos públicos
Las empresas con un contrato en vigor con la Administración Pública para dar servicios que están externalizados o realizar una obra están en una situación complicada. Tras una o varias subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) que no han podido repercutir a la entidad pública que les asignó licitación, estas compañías siguen de cerca la negociación de la jornada laboral, ya que temen que se traduzca en un nuevo incremento salarial que recortará el margen de beneficios que en la mayoría de casos ya es estrecho y que está dejando cada año más convocatorias desiertas.
El origen de esta situación está en dos normas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis financiera, la Ley de Desindexación de la Economía y la de Contratos Públicos. Esta normativa bloquea cualquier tipo de revisión de costes y aunque el Ministerio de Hacienda abrió un paréntesis en el marco de la crisis de precios generada por la invasión de Ucrania, estas condiciones nunca se han llegado a extender a los salarios. De hecho, esta fue una de las condiciones presentadas por la CEOE en la negociación del SMI de 2024, que obtuvo el respaldo de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo, pero una vez más se topó con la negativa de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Esta tesitura afecta especialmente a los servicios de los ayuntamientos, que abarcan desde el mantenimiento de las instalaciones públicas a la atención a domicilio de personas mayores o con alguna discapacidad, donde es habitual que los contratos se extiendan por varios años y los últimos cambios en salarios y cotizaciones sociales han llevado a algunas de ellas a trabajar a pérdidas o a márgenes muy reducidos que no resultan rentables. Por ello, varios asociados de la patronal han transmitido su preocupación por un cambio que la ministra de Trabajo lleva anunciando casi un año, pero que será un gasto inesperado y no planificado si llega a superar el trámite parlamentario.
Algunas compañías han optado por acordar revisiones de las condiciones de forma anual para aminorar los efectos de 'atarse' a un contrato público, pero esto no evita que la redacción actual de la norma que regula estos acuerdos ahonde en el problema. Las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas o Estado) tienen que decantarse por la oferta más barata, por lo que este criterio se impone sobre otros criterios de calidad o las condiciones de los trabajadores que prestarán el servicio, lo que a criterio de los sindicatos se traduce en que el Estado sea la principal fuente de precarización en unos sectores con mucho tiempo parcial y una mayor presencia de mujeres.
Además, según el criterio de la patronal, esta coyuntura no solo afecta a las empresas que tienen trabajadores que cobran el SMI, sino que por el efecto arrastre de las tablas salariales repercute en muchas más nóminas. Desde CCOO y UGT explican que esta situación ha llevado a que algunas mesas de negociación lleguen a plantear (y aprobar) dos tablas salariales, una para los empleados que desarrollan las labores asociadas al contrato público y otra para el resto de la plantilla, al ser frecuente subrogar los trabajadores que prestaban el servicio con la anterior adjudicataria.
El último borrador remitido por el Gobierno recogía la posibilidad de que los empleados que contaran con una jornada parcial pudieran mantener el mismo horario, lo que supondría un incremento adicional al que se le aplicaría a los trabajadores que desempeñen actualmente 40 horas a la semana -en términos anuales-. Reducir su jornada en la proporción que resulte equivalente -en función de si ahora trabajan 30, 20 o 15- y obtener la misma remuneración que perciben actualmente ya supondría un alza, por lo que mantener el número de horas de trabajo implicaría una subida de salario extraordinaria que afectaría de plano a estas empresas.
Por el momento, parece difícil que los empresarios puedan brindar su apoyo al Ministerio de Trabajo en su objetivo de introducir las 38,5 horas semanales antes de que concluya 2024 y 37,5 en 2025. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han protagonizado un fuerte intercambio de duras declaraciones; pero el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a llevar una nueva propuesta el próximo lunes ante la ausencia de respuesta escrita de las patronales antes de avanzar hacia un acuerdo solo con los sindicatos.