Sánchez desoye a las empresas y acelera la activación de la nueva 'tasa google'

"Esperamos que nos hagan caso". El representante de una de las principales organizaciones empresariales de la economía digital mostraba hace apenas unos días su esperanza de que el Gobierno de Pedro Sánchez atendiera más al contexto internacional que a sus perentorias necesidades presupuestarias y retrasara, aunque fuera solo por unos meses, hasta 2021, la puesta en danza del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como la 'Tasa Google'. 

Durante todo el año pasado, siempre que han tenido oportunidad, y también en los contactos preliminares que ya han venido manteniendo con el Gobierno en el arranque de la nueva legislatura, las empresas y organizaciones del sector tech han deslizado al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez la conveniencia de retrasar hasta 2021 la puesta en marcha del nuevo impuesto bajo el principio de prudencia y con dos argumentos esenciales: la evidencia de que la OCDE prevé presentar antes de que finalice este año 2020 una propuesta de modelo de imposición sobre la economía digital que aspira ser el patrón de uso común por el conjunto de los países desarrollados y la tensa situación generada en Francia por la amenaza de la Administración Trump de establecer nuevos aranceles a los productos provenientes de ese país por la decisión del Gobierno Macron de implantar un impuesto digital -similar al que se quiere activar en España-.

El precedente francés no ha amilanado al nuevo Gobierno de coalición de las izquierdas que, como ya anticipó La Información, ha decidido activar con urgencia la tramitación parlamentaria del 'pack fiscal' que decayó con la finalización de la XII legislatura y que no solo incluye el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales sino también el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que se ha popularizado como 'Tasa Tobin' y el proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal que incluye todo un inventario de soluciones para cerrar las puertas al fraude y sacar de paso un puñado de millones de euros más que alimenten la recaudación por el camino.

Objetivo: que entre en vigor este mismo año

El nuevo 'pack fiscal' será sometido este martes a la aprobación del Consejo de Ministros, como ha adelantado El País y ha podido confirmar La Información, con el objetivo de que los tiempos de su tramitación parlamentaria permitan su entrada en vigor ya en este año 2020. Al tratarse de impuestos indirectos, su capacidad recaudatoria no se activará hasta que entren en vigor de forma oficial, así que sus ingresos se limitarán probablemente a la segunda parte del año, pero al menos sí aportarán varios cientos de millones de euros a las arcas públicas si se cumplen las estimaciones recaudatorias del Ejecutivo.

En este sentido, parecen haber pesado más las perentorias necesidades de nuevos recursos que agobian al Gobierno en su camino por cumplir la recién revisada por tercera vez senda de reducción del déficit que el temor a una posible reacción punitiva por parte de la Administración de los Estados Unidos, que considera que la implantación de esta figura persigue penalizar a sus empresas. 

El Gobierno calculó en su día que podía llegar a obtener hasta 1.200 millones de euros con el nuevo impuesto a las tecnológicas, unas cuentas que fueron cuestionadas de forma abierta tanto por la Autoridad Fiscal, que estimó que su recaudación oscilaría entre los 500 millones en el peor de los casos y los 950 millones en el mejor de los escenarios; y por la Comisión Europea. El Ejecutivo también estimó que el impuesto a las transacciones financieras generaría 850 millones de euros, en tanto que la Airef redujo esta cuantía a la mitad.

La propuesta de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales formalizada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas líneas maestras fueron ya apuntadas por el anterior ejecutivo que estaba trabajando en un borrador también de impuesto de esta naturaleza, tenía la forma de un impuesto indirecto y pretende gravar principalmente tres tipos de operaciones: la transmisión de datos entre empresas, la publicidad online y los servicios de intermediación online que prestan plataformas como Uber, AirBnB, etcétera, a las grandes tecnológicas que tengan una facturación global superior a los 750 millones de euros y que al menos facturen tres millones de euros en España (la propuesta de la Comisión Europea era de un umbral de cinco millones de euros).

Los expertos ya han advertido de que no será un impuesto pacífico, que su condición de impuesto indirecto es muy cuestionable y que es probable que su aprobación desencadena una oleada de recursos judiciales para evitar su implantación real. Hasta el colectivo de inspectores de Hacienda ya advirtió en su día que su control sería casi imposible.