Sánchez trató de frenar la ley energética de AMLO con una cita discreta en marzo
El pasado jueves, la Suprema Corte de México concluyó que los artículos que habían sido añadidos por el presidente López Obrador (más conocido como AMLO) a la última ley energética del expresidente Peña Nieto y que, más tarde, fueron impugnados por los jueces y algunos grupos de la oposición, eran constitucionales. Lo que permitirá a la empresa pública CFE (Comisión Federal de Electricidad) adquirir nuevas competencias en generación y distribución de energía, aminorando el margen de maniobra de las compañías extranjeras. Un dictamen que supone una 'pequeña' victoria para el presidente mexicano ya que él sigue apostando por la reforma constitucional -que se votará esta próxima semana en la Cámara de Diputados- y que podría suponer un cambio radical en el sistema energético del país: el 56% de toda la generación eléctrica pasaría a ser exclusivo de la empresa estatal CFE.
Una votación que, aunque trata un tema doméstico de los mexicanos, tiene una trascendencia internacional que tendrá muy pendiente a dos países en concreto: EEUU y España. Los dos territorios, a través de sus compañías energéticas, han disparado su inversión extranjera directa en México en las últimas décadas. Así, 'gigantes' estadounidenses -como ExxonMobil, Chevron o General Electric- y españoles -como Iberdrola, Repsol o Acciona- pueden ver comprometido su negocio en territorio azteca si la reforma sale adelante.
En el ejecutivo de Biden son conscientes de la importancia de esta reforma. De hecho, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró que están en riesgo inversiones por un valor de 10.000 millones de dólares. Esta es, posiblemente, la razón de peso por la que EEUU ha estado presionando a lo largo de estos últimos meses al gobierno de López Obrador. Así, en noviembre de 2021, el presidente norteamericano invitó, después de cinco años, a un mandatario mexicano a la Casa Blanca. Allí, ambos conversaron de forma agradable "para relanzar el diálogo económico".
Un peso fuerte de Washington, John Kerry, intentó sin éxito negociar la nueva ley energética
Dos meses después, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió en México con AMLO para explorar posibilidades que pudieran evitar la firme decisión que el mandatario tenía sobre el sector energético de su país. Por último, y hace escasos días, hubo de nuevo una cumbre de alto nivel. Esta vez asistió un peso fuerte de Washington. El exsecretario de Estado John Kerry, y actual enviado especial del Clima, intentó sin éxito -junto con empresarios de energéticas norteamericanas- negociar con el presidente mexicano su nueva ley energética.
Una intensa agenda diplomática por parte de EEUU que dista mucho de la que ha mantenido España en los últimos meses, pese a ser también un afectado por la nueva reforma. "Nuestros contactos son habituales con las autoridades de México. El pasado 9 de marzo, el ministro Albares se reunió con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, y entre las cuestiones que se trataron estaba la reforma energética. Además, el ministro se reunió en la Cámara de Comercio Hispanoamericana con empresarios españoles que tienen inversiones en México", aseguran fuentes del Ministerio de Exteriores. Una cita discreta de la que no trascendieron detalles y que no contó con la presencia de AMLO. La última vez que el presidente Sánchez se reunió con su homólogo mexicano fue en enero de 2019 (hace más de dos años) y, según las mismas fuentes, no hay, de momento, ninguna otra cumbre prevista de alto nivel.
España es el segundo país que más invierte en México (70.000 millones), por detrás de EEUU. Por lo que esta nueva ley afecta directamente a los intereses de múltiples empresas de nuestro país, como, por ejemplo, Iberdrola, que lidera la inversión en energía renovable. Pero también Siemens Gamesa, Acciona o Repsol. Ninguna de ellas ha querido pronunciarse sobre el contexto actual allí y han declinado dar una respuesta oficial. "No solemos pronunciarnos sobre las acciones de los gobiernos, ni en México ni en ningún lado", comentan fuentes internas de Repsol.
Para sacar adelante la reforma constitucional, AMLO necesita una mayoría cualificada (334 diputados de los 500) en la Cámara de Diputados. De momento, tiene atado los siguientes apoyos: los 202 escaños de su partido (Morena), 42 de los ecologistas y los 33 del Partido del Trabajo. En total, 277. Por lo que aún necesita 57 diputados más. Una cifra que no parece muy lejana si se suman los 15 legisladores de Revolución Democrática (que calificaron de "traición" la última reforma energética, por permitir al sector privado explotar los hidrocarburos de México) y los diputados rebeldes de Acción Nacional o el PRI. AMLO asegura tener información de diputados de estos últimos que no están de acuerdo con "defender empresas particulares extranjeras" y confía en que se rebelen y no secunden la disciplina de voto de su partido. "Que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que tengan la arrogancia de sentirse libres".