El Tribunal Constitucional de Italia declara ilegal parte del impuesto a las energéticas
El Tribunal Constitucional de Italia ha establecido que parte del impuesto a las energéticas introducido en 2022 por el Gobierno de Mario Draghi es ilegal. Esta decisión abre la puerta a una posible pugna con las compañías para que se les abone la devolución de parte de lo pagado por este tributo.
El fallo explica que "no pueden considerarse una justificación para la introducción de ningún tipo de impuesto" la situación excepcional en la que se impuso el tributo ni su temporalidad, "aun cuando, en momentos particulares, se trate de necesidades extraordinarias y preeminentes de la comunidad".
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara ilegítima la parte del gravamen que establece que para su cálculo no se debe excluir de la base imponible los impuestos especiales pagados al Estado e indicados en las facturas activas.
Según la sentencia, "no parece arbitrario que se haya identificado el fortísimo aumento de los precios de los productos energéticos en la situación económica excepcional" que se produjo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y el mercado específico en el que operaban las empresas energéticas.
Unos 2.800 millones recaudados
En 2022, el ejecutivo dirigido por Draghi impuso un impuesto a las empresas del sector energético que permitió al Tesoro recaudar 2.800 millones de euros. Este impuesto se destino a financiar medidas de ayuda para familias y empresas afectadas por los altos costes de la energía debido a la crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia.
El impuesto en Italia contaba con una tasa equivalente al 50% de los ingresos comerciales de 2022, al menos un 10% más que el ingreso promedio declarado entre 2018 y 2021.
En España, el Gobierno también aprobó un impuesto extraordinario para las energéticas y bancos con vigencia de dos años, para 2022 y 2023, a liquidar siempre en el ejercicio posterior. Esta tasa, cuya prórroga más allá de finales de este año está en el aire, en 2023 representó un impacto de casi 1.400 millones de euros para las principales energéticas, que lo han recurrido.