Yolanda Díaz aflora la competencia desleal para negociar con CEOE el control de jornada
El Ministerio de Trabajo, las patronales y los sindicatos cerraban este miércoles una nueva reunión sobre la reducción de la jornada laboral en la que se habían producido escasos avances, pero que confirmaba el giro en la posición de la cartera de Yolanda Díaz que ahora quiere asegurar un acuerdo con los empresarios antes de mandar el texto al Parlamento. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, se abría a estudiar herramientas de flexibilidad -como reclaman las organizaciones empresariales- pero también ponía en el centro de la conversación la competencia desleal entre empresas para atraer a CEOE a un pacto sobre el control de jornada.
"Nunca podemos olvidar que cuando reducimos la jornada legal de trabajo, pero también cuando cambiamos el registro horario o cuando establecemos medidas de control y de sanción eficaz de la jornada, lo que hacemos es avanzar en una competencia leal entre las empresas e impedir que aquellos, pocos, que incumplen la ley se beneficien de los incumplimientos legales y se sitúen en ventajas competitivas respecto al resto" advertía el 'número dos' de la vicepresidencia segunda a la salida del encuentro con los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.
El Gobierno incluyó en el último borrador una mayor flexibilidad en las horas de distribución irregular de la jornada -la posibilidad que tiene la empresa de decidir sobre un 10% para concentrar el trabajo en ciertos días sin que haya un acuerdo entre las partes-. Esta ha sido bien acogida por los empresarios y ha llevado a las dos partes a enterrar el 'hacha' de guerra que había marcado las intervenciones públicas de la responsable de Trabajo y también, del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. No obstante, el Ejecutivo es consciente de lo complicado que va a ser abordar el control horario, el melón que no llegaron a abrir en la mesa bipartita.
Es un tema que ha pasado a un segundo plano en la mesa de negociación, pero que tanto para el Ministerio como para los sindicatos es vital para garantizar que se produce una reducción efectiva de la jornada de trabajo. La propuesta inicial -y que de momento no ha experimentado cambios- abogaba por que el registro tuviera que hacerse con medios digitales de forma obligatoria en las empresas de más de 50 trabajadores y facilitar el acceso en remoto de la Inspección de Trabajo, que usaría la Inteligencia Artificial para crear un sistema de alertas que se activaría ante sospechas de que las compañías estén cometiendo un fraude.
El Gobierno buscaba mejorar así el real decreto-ley 8/2019 que impulsó la exministra Magdalena Valerio y que introdujo la obligación de registrar el inicio y el fin de la jornada de laboral de cada miembro de la plantilla. Los representantes de los sindicatos y de las patronales están de acuerdo en que el modelo actual no funciona, porque permite anotar las entradas y salidas de forma manual (a papel) y las compañías pueden modificarlo. El nuevo modelo depositaría esta responsabilidad en el empleado, aunque no ha terminado de definirse qué herramientas será necesario usar y si se podrá seguir usando sistemas automatizados como los que están en vigor.
Desde el entorno empresarial se muestra poco interés por este punto, al entender que responde a un marco de relaciones laborales anticuado que no tiene en cuenta las nuevas dinámicas del mercado de trabajo, los empleos centrados en objetivos y el rechazo a la cultura del presentismo. No obstante, la organización empresarial no ha llegado a discutir ni a fijar una posición oficial al respecto, según confirman distintas fuentes de las patronales, al entender que este sería un segundo estadio de la mesa al que aún no se ha llegado. Si bien, expresan dudas sobre las implicaciones legales que puede conllevar este acceso en remoto a los datos internos.
Tal y como publicó este medio, desde el sector de empresas del registro horario también intentan persuadir a los empresarios con la lucha contra la competencia desleal como eslogan. El Consejo Español para el Registro de Jornada (CERJ) habría mantenido al menos una reunión con miembros de CEOE para trasladarles las ventajas de introducir un sistema eficaz con un coste que aseguran que se puede reducir hasta los 30 céntimos por empleado. Esta entidad se remite a la Encuesta de Población Activa (EPA) para estimar que en 2023 no pagaron 3.174 millones de euros en concepto de horas extraordinarias, equivalentes a 66.000 puestos de trabajo, así como otros 1.143 millones de euros defraudados a la Seguridad Social.
Pese a que las conversaciones se extienden ya desde hace siete meses, la negociación apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos y el acuerdo parece aún lejos, por lo que el escenario más probable es que este tema no se retome hasta el mes de septiembre. No obstante, su construcción será clave para enmarcar el nuevo límite de 37,5 horas semanales -en términos anuales- que se tiene intención de aplicar ya en 2025. La figura será determinante para dar soporte a la agravante de las sanciones sobre incumplimiento de jornada laboral que planteó Díaz la semana pasada. Como publicó La Información, se incluirán no solo como incumplimiento en materia de relaciones laborales, sino como prevención de riesgos lo que puede dar lugar a multas de hasta 980.000 euros en los supuestos más graves.