El Abogado General del TJUE se pronuncia contra la nulidad retroactiva de las cláusulas suelo

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE Paolo Mengozzi considera que limitar en el tiempo la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas sí es compatible con la legislación europea.

Los bancos españoles, si se siguiera finalmente este criterio, solo tendrían que devolver a los consumidores lo cobrado de más a partir del 9 de mayo de 2013, cuando el Supremo declaró nulas las cláusulas, y no desde que se firmaron los contratos individuales. Esto no es una sentencia y se trata de un dictamen no vinculante, aunque el Tribunal suele tenerlo en cuenta a la hora de pronunciarse.

El letrado insiste en que la retroactividad que demandan varios afectados por vía judicial no es obligada según el derecho de la UE. Y añade que las "repercusiones macroeconómicas" particulares de 2013, asociadas a la amplitud con la que se utilizaron las cláusulas, justificarían, "a título de excepción", dicha la limitación, dice el TJUE en una nota.

El alto tribunal español consideró que las cláusulas suelo que incluían las hipotecas de varias entidades eran "abusivas", ya que los clientes no podían comprender lo que significaban en términos económicos, de modo que las declaró nulas. El Abogado destaca que en ningún momento se consideró que las cláusulas suelo, en sí mismas, eran abusivas, sino que recibieron esa calificación porque los profesionales que las introdujeron en los contratos no informaron adecuadamente sobre ellas a los consumidores.

No obstante, tuvo en cuenta el impacto que podría tener esta nulidad sobre el aún frágil sistema bancario español, cuyos problemas mezclados con la tensión que pesaba sobre los países periféricos en la crisis del euro habían llevado un año antes a España a pedir a sus socios un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear la banca en dificultades.

El Abogado indica que son los tribunales internos los que tienen que detallar cómo se limitan los efectos de sus resoluciones cuando declaran abusivas ciertas las cláusulas de un contrato y da la razón, en este caso, al Supremo, ya que dice que la prohibición y la limitación que impuso "contribuyen a la realización de los objetivos perseguidos por la Directiva" por su "efecto disuasorio".

El dictamen recuerda que el Tribunal de Justicia "ya ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta" y que "no se hace evidente que, para restablecer el equilibrio entre el consumidor y el profesional, resultara necesario, o incluso posible, en cada caso, devolver todas las cantidades abonadas en virtud de una cláusula suelo". "Alcanzar el equilibrio tan perseguido por la Directiva no equivale a favorecer al consumidor", añade. El abogado no comparte todo lo que dijo el Supremo, pero sí el aspecto de las repercusiones macroeconómicas.

Aunque no hay datos concretos, distintos cálculos estiman que entre el 30% y el 40% de las hipotecas suscritas en España incluía el suelo entre sus condiciones, lo que afecta a más de dos millones de personas que han pagado de media 3.000 euros más al año. La sentencia definitiva sobre este caso no llegará hasta finales de año, probablemente en otoño.

CaixaBank ha cifrado en unos 1.250 millones de euros el coste que tendría la devolución total de las cláusulas suelo hipotecarias, de los que ya tiene provisionados 515 millones.

BBVA, para la que un informe del banco de inversión Goldman Sachs estima un impacto de algo más de 1.800 millones de euros, acatará cualquier sentencia, igual que hicieron cuando se conoció la del Supremo en España, explicó el consejero delegado, Carlos Torres Vila, durante la presentación de resultados de la entidad.

Al Banco Popular, Goldman le calcula un impacto de 334 millones de euros, en tanto que para Bankia alcanzaría 160 millones de euros, según la entidad estadounidense.

Pero durante la vista previa a la publicación de este dictamen, la defensa de las entidades esgrimió un informe del Banco de España, que no se ha hecho público, que apunta a que la cantidad total a devolver se encontraría entre los 5.000 y 7.600 millones de euros, una cantidad muy superior a la calculada por Goldman.

Asimismo, durante las sesiones circuló un documento preparado por BBVA y Popular que cifraba el impacto en 5.800 millones.

La organización de consumidores Facua ha tildado de "indignantes y grotescas"  las conclusiones del abogado general. En un comunicado, ha lamentado que este haya mostrado una "extraordinaria sensibilidad con los intereses de los banqueros y no con los de las familias que han sido víctimas de un fraude de miles de millones, que ha contribuido a provocar multitud de desahucios y una larga y aterradora lista de suicidios".

Facua ha recordado que las conclusiones del abogado general del TJUE no coinciden con las que emitió el año pasado la Comisión Europea" y considera "aberrante" perdonar a los bancos "el dinero que se han embolsado irregularmente durante años".

La asociación considera también "aberrante que el Gobierno español defendiese los intereses de la banca frente a los de los consumidores" y, de hecho, en sus alegaciones el Ejecutivo esgrimió que es "necesario limitar los efectos económicos de la nulidad por una cuestión de seguridad jurídica para las empresas".

Por su parte, la organización CECU ha mostrado "su plena disconformidad con esta resolución, que deja en la estacada a los consumidores perjudicados por una cláusula que fue considerada abusiva en 2013". Esperan que el dictamen "no tenga reflejo en la sentencia definitiva y se respeten los derechos vulnerados a los usuarios, resarciendo con carácter retroactivo las cantidades cobradas indebidamente".

En un acto celebrado a las puertas de la sede de la Comisión Europea en Madrid, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha catalogado de "pésima noticia para Europa" el dictamen y ha asegurado que "a primera vista", el abogado del TJUE "parece equivocarse", ya que habla de sanciones cuando las cuestiones elevadas a Luxemburgo se limitaban a la interpretación de la legislación europea de protección de los consumidores.

"¡Pobrecita banca española que ha hecho un fraude enorme y ahora no lo puede pagar!", ha dicho en tono irónico el presidente de la asociación, que ha asegurado que tras el resultado del informe se encuentra el "lobby" del sector bancario "que ha logrado presionar e impresionar para librarse de hacer justicia".

Nada más conocerse el sentido del dictament de l Abogado General, los bancos españoles se disparaban en Bolsa. Sabadell lideraba a las 10.15 horas los avances con un repunte del 5,54%, hasta los 1,275 euros, seguido de Popular (+3,5%) y Caixabank (+2,29%). BBVA ganaba un 0,6% y Bankia un 0,2%.

Por el contrario, Santander (-0,15%) y Bankinter (-0,1%), dos entidades que no comercializaron hipotecas con cláusulas suelo, se mantenían en negativo. Este impulso de los bancos llevaba al Ibex 35 a ganar un 0,24%, hasta los 8.523 puntos básicos. Desde la apertura, el selectivo ha dudado entre el positivo y el negativo, pero tras conocerse el dictamen ha comenzado a repuntar ayudado por la banca.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo se colocaba en 128,5 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 1,16%. Mientras, en el mercado de divisas, el euro se intercambiaba a 1,1045 dólares.