El debate sigue abierto y, de momento, las posturas se mantiene alejadas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020, fijado en 950 euros brutos mensuales en 14 pagas, para dar más margen a la negociación de una subida con patronal y sindicatos. En concreto un mes más, teniendo en cuenta las tensiones entre los miembros de la coalición a este respecto.
El objetivo de la prórroga es seguir negociando, dar seguridad jurídica y protección a los jugadores que están pendientes de este SMI y que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre, según afirmaron fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno, por lo tanto, no va a subir el salario mínimo, de momento, pero lo cierto es que el 48,9% de los ciudadanos consideran que sí es un buen momento para un nuevo incremento, frente aun 42,7% que no estaría de acuerdo. Las personas que actualmente trabajan son las que muestran un mayor apoyo a esta subida (50,6%). Igualmente, los principales apoyos a esta medida se producen entre los votantes de Unidas Podemos (79,6%) y PSOE (51,7%), así como entre los votantes de izquierda (77,2%) y centro izquierda (61,9%). Es una de las conclusiones de la encuesta de DYM para 20minutos. Precisamente este también ha sido otro motivo de discrepancia entre los partidos de la coalición.
La prórroga de la vigencia del real decreto que fijó el SMI de 2020 forma parte de los temas a analizar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes. El salario mínimo interprofesional de 950 euros brutos mensuales en 14 pagas vence el 31 de diciembre.
Desde Trabajo aclaran no se trata de una congelación, sino de una prórroga que permitirá seguir negociando y dar seguridad jurídica a los trabajadores afectados por el SMI, que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre.
Eso sí, aunque haya cierta unidad entre los votantes de ambos partidos, lo cierto es que en el Gobierno hay dos bandos sobre este asunto. Uno liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y otro encabezado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Díaz quiere la subida ya. Calviño, en cambio, prefiere esperar a que España asome la cabeza tras la crisis provocada por el coronavirus.
El año pasado por estas fechas, con el Gobierno socialista todavía en funciones, ya se acordó la prórroga de la vigencia del SMI de 2019 hasta que se alcanzara un acuerdo en el marco del diálogo social que permitiera fijar el de 2020.
El acuerdo para la subida del SMI del 5,5 % en 2020 se firmó el 30 de enero y el real decreto se aprobó en el primer Consejo de Ministros de febrero con efecto retroactivo del 1 de enero.
Movilizaciones de los sindicatos
Por su parte, CC OO y UGT se están planteando iniciar movilizaciones en febrero ante el bloqueo del diálogo social, que ven comprometido por las diferentes posturas dentro del Gobierno de coalición respecto a este tema.
Fuentes sindicales explican a EFE que el salario mínimo no es la única razón para movilizarse, aunque podría ser la gota que ha colmado el vaso tras haber quedado también en suspenso la negociación de la ley que regula el trabajo en las plataformas digitales o los cambios en la reforma laboral de 2012.
A los sindicatos no se les escapa la pugna existente dentro del Gobierno, que ha condicionado el diálogo social tras las declaraciones de algunos de sus miembros que han vinculado la subida del SMI a conseguir el acuerdo de patronal y sindicatos, lo que creen que ha dado alas a la CEOE para poder vetar el alza de la remuneración mínima y otros cambios en la legislación laboral.
En este sentido, los CC OO y UGT rechazan que la crisis económica se ponga como coartada para dilatar el calendario de negociación comprometido en el marco del diálogo social y por ello se plantean ir a la movilización a principios de febrero, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias y de seguridad vigentes.
Los sindicatos también ven con recelo la concreción de las reformas estructurales que el Gobierno tiene que comunicar a Bruselas como parte del procedimiento de obtención de los fondos para la recuperación.
En este proceso se ha puesto encima de la mesa del Gobierno la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años, una cuestión que los sindicatos no van a aceptar porque no aparece en las recomendaciones del Pacto de Toledo ni está en la mesa de diálogo social para la reforma de las pensiones.
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