El Gobierno analizará a las eléctricas que envían cartas a sus clientes para revisar las tarifas: "No está justificado"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el Gobierno ve con "cierta preocupación" las cartas que están enviando las eléctricas a sus clientes con revisiones de tarifas que, a su juicio, no están justificadas y por eso están analizando la situación.

"Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio", ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

"Creemos que si hay algún tipo de problema no puede ser algo que perjudique ni a consumidores ni a industriales ni a trabajadores, con los que tenemos la obligación de hablar para tender lo que está ocurriendo y cómo podemos reaccionar", ha señalado Ribera tras defender las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto del encarecimiento del mercado mayorista eléctrico, hoy en máximo, en el recibo de la luz.

Tras insistir en que el precio que pagan los usuarios por la electricidad no es el mismo que el que marca el pool (mercado mayorista), Ribera ha afirmado que, gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, la factura de la luz "está razonablemente controlada a pesar del rali internacional del precio del gas".

Real decreto

Para amortiguar el impacto de la subida del pool en el recibo de la luz de hogares y empresas por los altos precios del gas, el Gobierno aprobó un real decreto ley que, entre otras medidas, incluye rebajas fiscales u obligar a nucleares, hidroeléctricas y renovables sin primas a devolver el 90 % de los beneficios "extra" que generen hasta marzo de 2022 por los altos precios de una materia prima que no usan.

Esta medida levantó las críticas de la práctica totalidad del sector, que amenazó con el cierre de plantas por su pérdida de viabilidad y aseguró que defenderá sus intereses ante la justicia, tanto española como europea.

"Esas manifestaciones hechas por la industria eléctrica son un tremendo error, evidentemente no pueden intervenir en los términos que estaban anunciando", ha dicho Ribera, que ha opinado que la inmensa mayoría de los españoles están de acuerdo con anteponer la protección de los consumidores sobre el interés de los beneficios extraordinarios de las empresas.

Beneficios "groseros"

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha definido, a preguntas del PP, lo que considera beneficios empresariales "groseros": aquellos que se dan cuando "existe un gran abismo entre los costes de producción y los beneficios de esas empresas".

"También hablamos de beneficios groseros cuando cuatro grandes empresas concentran los beneficios de las mismas y hay multitud de familias que no pueden afrontar o tienen dificultades para pagar el recibo de la luz", ha apuntado.

Citando datos de Eurostat, la ministra de Trabajo ha denunciado que los beneficios sobre ventas de las eléctricas españolas se sitúan en el 18,5 %, mientras que la media europea es del 10,5 % y la alemana del 5,6 %

Según datos del Banco de España, el beneficio sobre ventas de las eléctricas en relación con la media de todas las empresas del país es del doble, ha añadido Díaz, quien ha criticado que en diez años, una empresa como Endesa ha repartido entre sus accionistas 27.641 millones de euros en dividendos.

"Supongo que le preocupará saber por qué la media de una eléctrica española en beneficios sobre ventas triplica a una alemana (...) Esto es un problema para las familias que no hacen más que perder poder adquisitivo y también para las pymes que pierden competitividad", ha contestado Díaz al diputado del PP, Teodoro García Egea.

"¿De qué lado están ustedes? Dejen que nosotros defendamos a la gente y a nuestro país y ustedes sigan haciendo de abogados de las eléctricas", ha dicho la ministra a García Egea, quien ha asegurado que las medidas del Gobierno para controlar el precio de la luz están demostrando ser "inútiles".