El rompecabezas demográfico en que se va a convertir el sistema de pensiones en los próximos años va a provocar que cada vez sea más habitual ver a personas mayores trabajando en oficinas, comercios o fábricas. La sostenibilidad del sistema de pensiones, que va a tener que soportar un fuerte aumento del gasto en las próximas décadas, se fía a que los trabajadores alarguen sus carreras laborales al máximo posible. Así lo espera el Gobierno, que prevé que en apenas diez años la mitad de los ciudadanos de 65 años esté trabajando. Una proporción que duplica con creces el 20% de población de dicha edad que trabaja en la actualidad.
Así se refleja en las proyecciones de gasto público en pensiones, un documento con el que el Ejecutivo concluye la reforma del sistema de pensiones. En él, el Gobierno defiende con decenas de fórmulas, tablas y gráficos la viabilidad de su propuesta, que cuenta con el visto bueno de Bruselas, pero arroja dudas a organismos como la Airef o el Banco de España.
La principal medida para ahorrar en pensiones que ha propuesto el Gobierno son los incentivos a la jubilación demorada, con la que el Ejecutivo pretende reducir el gasto en 1,4 puntos de PIB (unos 18.850 millones en euros de 2023). Entre estos incentivos, la reforma plantea penalizar más las jubilaciones anticipadas y fomentar que los trabajadores prolonguen sus carreras profesionales más tiempo a cambio de una mayor pensión en el futuro o haciendo que sea más fácil compaginar el empleo con una pensión. A ello se le añade el retraso en la edad legal de jubilación, que se situará en los 67 años en 2027.
Con todos estos elementos en la mano, el Gobierno confía en que los mayores aumenten rápidamente su participación en el mercado laboral. Las expectativas son llamativas. Si se cumplen las previsiones, casi un tercio de la población de entre 65 y 74 años seguirá trabajando en 2040, una proporción que cuadriplicaría la tasa actual del 7,6%. Para el año 2050, la mitad de las personas de 65 y 66 años deberían tener un empleo.
Sin embargo, para que estas cifras lleguen a materializarse, los trabajadores y las empresas tendrían que cambiar radicalmente su comportamiento. En los últimos años, apenas el 5% de los trabajadores han optado por retrasar su jubilación, aunque es cierto que en lo que llevamos de 2023 el 8% de las jubilaciones han sido demoradas. No obstante, para conseguir el ahorro que persigue el Gobierno, ese porcentaje tendría que incrementarse hasta el 55%, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
De hecho, la Autoridad Fiscal discrepa considerablemente de las previsiones del Gobierno y apuesta porque la contención en el gasto que vendrá por esta vía será de 0,8 puntos de PIB en 2050 (10.800 millones). Analistas como Fedea van más lejos y apuntan que las medidas para demorar la jubilación que plantea el Gobierno tendrán un efecto neutro en 2050. Es decir, que a la larga no supondría ahorro alguno. Hay que tener en cuenta que, pese a los incentivos, no todos los trabajadores querrán jubilarse más tarde y a muchos, de hecho, su empresa no les dejará.
Pleno empleo, migraciones y productividad
Aunque el retraso en la jubilación es una de las bases de la reforma, los números que sustentan los planes del Gobierno dibujan también otros supuestos clave. Para que el sistema sea sostenible con todas las medidas que ha introducido el Ejecutivo, la economía española tendría que alcanzar el pleno empleo en las próximas décadas.
La tasa de paro tendría que reducirse a la mitad en 20 años, desde el 12,2% actual al 5,5% para 2050 y alrededor del 80% de los españoles tendrían que estar trabajando en esa fecha. Unos registros a los que España nunca se ha acercado, siquiera en los años del boom inmobiliario, pero que en principio debería ser más factible alcanzar en el futuro por el cambio demográfico. Al haber menos mano de obra disponible por el aumento de las jubilaciones, para mantener los niveles de empleo actuales, las tasas de ocupación tendrían que ser mayores.
En este sentido, el Gobierno tiene puestas muchas esperanzas en que las reformas del mercado de trabajo tengan efectos permanentes en el futuro. En concreto, el Ejecutivo espera que las subidas del SMI, la reforma laboral o el afloramiento de la economía sumergida aporten 0,8 puntos de PIB (unos 10.800 millones de euros) en ingresos para el año 2050.
Finalmente, otra de las grandes claves para lograr el pleno empleo y que la reforma tenga éxito pasa por la inmigración. El Gobierno ha dibujado un escenario demográfico en el que los flujos migratorios repuntarán en los próximos años, adaptados a las necesidades del mercado laboral. En concreto, se espera que las llegadas netas de migrantes (descontadas las salidas) superen las 400.000 a partir de 2045, el doble de lo que espera el INE para todo el horizonte de predicción.
Además, para que las pensiones sean sostenibles según el plan que ha diseñado el Gobierno la economía y la productividad del trabajo tendrán que crecer de manera robusta en los próximos años. El Ejecutivo plantea que la economía avanzará a un ritmo del 2% anual durante los próximos 27 años. Un 2% anual es lo que ha crecido, de media, la economía española en los últimos 22 años. Sin embargo, la Airef prevé que el PIB avance a un ritmo del 1,1% en ese tiempo.
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