El Gobierno rechaza pactar la subida del salario mínimo antes del 10-N

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año que viene es uno de los compromisos que el Gobierno tiene en cartera, como de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, pero de momento no tiene previsto tomar ninguna decisión. Ni aunque se lo pidan los sindicatos, tal y como planean hacer en los próximos días. CCOO enviarán una carta a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para emplazarla a empezar ya las negociaciones con los actores sociales de la subida del salario mínimo para el año que viene. UGT, por su parte, esperará aún "un tiempo", a que haya un Gobiernoen plenas funciones que cumpla su obligación de llamar a los agendes sociales para negociar la subida.

De momento, CCOO no ha desvelado qué subida propone pero UGT recuerda que su objetivo es que en 2020 se sitúe en 1.000 euros mensuales, en 14 pagas. Supondría un aumento de 100 euros con respecto a los 900 euros actuales y un paso previo al objetivo que comparten los sindicatos y el Gobierno de Sánchez para situarlo, en principio en 2023, en el umbral que marca la Carta Social Europea, el 60% del sueldo medio, unos 1.100 euros en España.

Sin embargo, ya antes de recibir la petición formal de CCOO, la respuesta del Ministerio de Trabajo es que no hay inconveniente en hablar, en crear grupos de trabajo, pero que no se tomará ninguna decisión hasta el 10-N. Probablemente hasta más tarde, cuando se aclare quién gobernará. La CEOE tampoco ve motivos para entablar ahora la negociación, que deben ser en una mesa de diálogo social y sin «urgencia ni emergencia».

Frente a la propuesta de negociación, fuentes del Gobierno anticipan que estando en funciones cualquier decisión de este tipo es "muy complicada". Para no levantar expectativas, recuerdan que un acuerdo para subir el salario mínimo debe contar también con el visto bueno de Hacienda porque "compromete al siguiente Gobierno" y que el Ejecutivo esperará hasta que la situación política quede clara tras las elecciones.

El 10-N condiciona no solo la postura del Gobierno, también la de CCOO. Fuentes de este sindicato reconocen que en esta ocasión han querido adelantar una negociación que normalmente no se aborda hasta el mes de diciembre. Lo normal, después el Gobierno aprueba el real decreto ley a final de año y así la subida puede entrar en vigor en enero del año siguiente. Pero quiere ver si, con unas elecciones a las puertas, el Gobierno asume un mayor compromiso con los trabajadores. UGT no seguirá esta estrategia y, más en línea con el Gobierno, esperará aún hastsa "dentro de un mes" para ver si la subida del salario mínimo se canaliza a través de la negociación entre el Gobierno, sindicatos y patronal o en cumplimiento del acuerdo con CEOE y CEPYME.

El año pasado, por ejemplo, Consejo deMinistros acordó subir el salario mínimo en su reunión del 21 de diciembre, cuando dio luz verde al mayor alza desde 1977, un 22%. En 2018, el salario mínimo era 735 euros al mes y el 1 de enero de 2019 subió a los 900 euros.

Junto al de los sindicatos, el Ministerio de Trabajo también quiere contar con el visto bueno de la patronal e insiste en que no tiene problema en reunir ya a todos los agentes sociales, en unas mesas de negociación que decayeron con la convocatoria electoral del 28-A y que de momento no han vuelto a reunirse. Según Trabajo, en vista de que el Gobierno iba a estar en funciones todavía algún tiempo, se les ofreció retomarlas pero ni sindicatos ni patronal lo consideron oportuno.

Ahora, con la cercanía de las elecciones, CCOO quiere entrar en materia y negociar la subida del salario mínimo, pero Trabajo deja claro que no tiene previsto asumir ningún compromiso sobre una cuestión que además no forma parte de las decisiones que puede tomar un Gobierno en funciones.

El Ejecutivo de Sánchez aún permanecerá unos meses en funciones y en esta circunstancia no puede tomar decisiones de tanto calado. El Congreso y el Senado que salgan de las urnas el 10-N no quedarán constituidos hasta el 3 de diciembre, de manera que aun en el caso en el que los resultados sean tan claros como para permitir una pronta investidura, esta no podría producirse antes de mitad de diciembre. En este caso, aún daría tiempo para que el Consejo de Ministros acordara la subida, siempre que ese siguiera siendo su propósito.

Si el 10-N arroja resultados poco claros, la investidura podría retrasarse a una vez entrado 2020, de manera que una eventual subida del salario mínimo ya no podría entrar en vigor en la fecha supuesta del 1 de enero.

La subida del SMI es una de las decisiones que, enprincipio, el Gobierno no puede tomar estando en funciones. Solo podría hacerlo si la Abogacía del Estado determina que se trata de un asunto de urgencia suficientemente acreditado o de interés general.

De momento Trabajo no ha cursado una consulta a la Abogacía del Estado en este sentido.