La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado que este lunes inicia nuevas movilizaciones en toda España para que la banca pague "por todas las cláusulas abusivas frente a los intentos de blanquearlas".
La campaña, según ha anunciado la PAH en un comunicado, también quiere exigir al Tribunal Supremo y al Congreso que en la Ley de Créditos Inmobiliarios "han de seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de los consumidores y anular los abusos bancarios".
La PAH inicia la campaña coincidiendo con que el pleno de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha dado comienzo este lunes por la mañana para analizar la doctrina sobre el impuesto de las hipotecas, que una sentencia conocida el pasado 18 de octubre estableció que debía recaer en las entidades financieras.
Según la PAH, "el TJUE declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato, gracias a lo cual el afectado ha podido reclamar al banco el dinero pagado de más o incluso suspender su ejecución hipotecaria en los tribunales, abriendo nueva jurisprudencia".
Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota.
La PAH denuncia en este sentido que "en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de 700.000 desahucios ejecutados a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca".
Así, la PAH asegura que el Estado está "presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total".
La PAH y las organizaciones que le dan apoyo —reza el comunicado— exigen al Pleno de la Sala que no haga otra cosa que ratificar la sentencia 1505/2018, confirmando la obligación por parte de los bancos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al cliente el pago de la misma y admitiendo la retroactividad desde el origen por la anulación de esta cláusula abusiva".
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