¿Quién es Díez-Picazo?: el magistrado cuyo voto determinó la polémica sentencia sobre hipotecas
El Tribunal Supremo ha dictaminado que es el cliente quien tiene que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en un polémico debate entre 28 magistrados que ha durado dos días y en el que por 15 votos contra 13 el pleno decidió desestimar los recursos planteados.
De este modo, se vuelve a la situación que había hasta el pasado 16 de octubre, día en el que el que tres sentencias establecieron que tenía que ser la banca -el prestamista-, y no el cliente -el prestatario-, el que se hiciera cargo de la citada tasa.
El fallo le costaba a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligaba al presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, a convocar el pleno de esta semana en el que finalmente se ha sentenciado que alrededor de 1,5 millones de hipotecados no podrán recuperar el importe abonado por este concepto.
Y fue precisamente el voto de este jurista el determinante para que el Supremo decidiera cargar el impuesto de hipotecas al cliente después de que la votación quedase en empate.
El lado de la banca
Luis María Díez-Picazo es el presidente de la Sala Tercera del Supremo y uno de los referentes españoles en derecho civil. Se licenció en Derecho en 1980 en la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor por la Universidad de Bolonia.
Es letrado del Ministerio de Justicia tras concursar en una oposición y catedrático de Derecho constitucional desde 1990.
Desde 2008 es magistrado del Tribunal Supremo y en 2009 se convirtió en uno de los jueces que dictó sentencia en relación a la asignatura escolar ‘Educación para la Ciudadanía’.
En el día de ayer su nombre ha trascendido más allá del ámbito jurídico después de que su voto cambiara de forma radical la deliberación sobre si el impuesto de hipotecas lo asumiría el cliente o el banco.
Según fuentes jurídicas, durante su intervención ante los otros 27 magistrados, Díez-Picazo se había mostrado favorable a la 'tercera vía' planteada por la magistrada Pilar Teso, quien proponía que el impuesto recayese sobre la banca pero a partir de la sentencia, es decir, sin el carácter retroactivo que habría supuesto un desembolso de entorno a 5.000 millones de euros.
Sin embargo, llegado el momento de votar pasadas las siete de la tarde, Díez-Picazo ha cambiado de postura tras observar que se estaba produciendo un empate entre quienes apostaban por cargar el impuesto a los bancos y quienes defendían que lo hiciese el ciudadano. Él, el último por turno en votar, se ha decantado del lado de la banca.
Malestar en los usuarios
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, por su "gestión pésima" del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de "bochornosa".
A juicio de la OCU, se trata de una decisión sin precedentes que va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y que socava los cimientos de la justicia en España.
Considera, además, que pone en entredicho la independencia del poder judicial que se ha visto "doblegada por los intereses económicos de la banca" en perjuicio de los millones de familias hipotecadas.
"Daño irreparable"
Asimismo, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que el Tribunal Supremo debe tener "razones poderosas" para "contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario" con su decisión sobre las hipotecas, y considera que el daño hecho a la Justicia es irreparable.
"Si se hubiera gestionado bien desde el principio no se habrían generado esas expectativas en los ciudadanos, y ahora esta frustración", ha señalado el portavoz de esta asociación, Ignacio González Vega.