Amnistía fiscal: rechazada por inspectores de Hacienda... y políticos cuando hacen oposición

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los más austeros de la democracia, suponen un recorte de 27.300 millones de euros con los que el Gobierno busca llegar, mediante ajustes y medidas como subir la luz o algunos impuestos, al objetivo de déficit marcado por Bruselas del 5,3% del PIB. Sin embargo, una de las medidas anunciadas ya está generando polémica: la amnistía fiscal.

Esta propuesta consiste en un "gravamen especial" del 8% o el 10% para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país, evitando así ser sancionado. Esta medida, con la que el Gobierno de Rajoy espera recaudar 2.500 millones de euros, no ha gustado a los inspectores de Hacienda, que la califican de "muy injusta" e incluso de anticonstitucional.

El Gobierno ha justificado este gravamen recordando que es una recomendación de la OCDE para países con especiales dificultades económicas, y pese a que en un pasado despreció esta medida, ahora la han recuperado insistiendo que incluso Felipe González la aplicó en dos ocasiones, una en 1984 y otra en 1991.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) "rechaza totalmente" la creación de un "gravamen especial" del capital que retorne a España de un 10% y del 8% en caso de dividendos de sociedades en paraísos fiscales. Los inspectores aseguran que de esta forma se crea una amnistía fiscal, ya que cualquier defraudador queda exonerado de cualquier penalización o sanción.

A su parecer, esta medida es "muy injusta" y va contra el artículo 31 de la Constitución: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y  progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio", señala dicho artículo.

Además, los inspectores recuerdan que el PP consideraba "impresentable, injusta y antisocial" esta medida y consideran paradójico que se suban los impuestos a los que pagan y se les perdonen a los que no cumplen. "Esta medida dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria", afirman.

Además, creen que puede provocar un "derrumbe" de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y de la recaudación en periodo voluntario, lo que además provocaría efectos "muy perjudiciales" en la economía española.

Cuando el PP estaba todavía en la oposición, la amnistía fiscal no estaba en la mente de Mariano Rajoy. El entonces líder de los 'populares' llegó a decir en junio de 2010 que no apoyaría esta medida porque con la política del Ejecutivo "los que pagan van a hacerlo más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado".

Según Rajoy (en 2010), "lo que España necesita para atraer financiación y capital no es una amnistía fiscal, sino confianza en la política económica del país y en el Gobierno que la debe implementar".

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha defendido la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno alegando que, a diferencia de la propuesta por el PSOE en 2010, esta "no es un negociete", sino que permite al Estado recaudar por un dinero que en la actualidad "no paga" impuestos. En rueda de prensa en la sede de la calle Génova, el dirigente 'popular' ha recordado que la "barbaridad" que propusieron los socialistas consistía en "regularizar todo el dinero que comprara deuda pública" sin aplicarle ningún tipo de retención y concediéndole, además, los intereses y la devolución completa al vencer los títulos.

"Era un negociete para quien defraudaba a Hacienda", ha resumido, puntualizando que la iniciativa que promueve ahora el Ejecutivo supondrá el pago de un "gravamen especial" del 8 o el 10% para el capital que retorne a España o que esté oculto en el país, quedando, eso sí, exonerado de cualquier penalización o sanción.

"Nosotros decimos que saquen el dinero, les cobramos un 10% y los localizamos como contribuyentes, tal y como recomienda la OCDE", ha insistido Floriano, apuntando además que esta es una manera de reforzar la lucha contra el fraude stricto senso.

Ante la objeción de que la recaudación fiscal que se lograría si estas cantidades pagaran impuestos de forma regular sería superior a la estimada con la 'amnistía', el 'popular' ha replicado que "el problema es que ahora no pagan", indicando así que este 10% fijado será siempre más que nada.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado que los presupuestos generales del Estado "consagran" la subida de impuestos a los trabajadores, mientras, por el contrario, incluyen una "amnistía" a los "grandes defraudadores".

Esa ha sido la razón por las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ha "escondido" hasta que pasaran las elecciones andaluzas, a pesar de que en sus resultados hayan supuesto una "carta de despido" para el candidato Javier Arenas, que no logró la mayoría absoluta pese a alzarse como primera fuerza.

Desde el Gobierno se hace hincapié en que no es la primera vez que la amnistía fiscal se aplica en España. Así, con Miguel Boyer al frente de Economía y Hacienda en 1984 se puso en marcha una amnistía permitiendo la adquisición de pagarés del Tesoro. En 1991 Carlos Solchaga planteó canjear pagarés del Tesoro por una especie de deuda pública especial, con un tipo de interés inferior al de mercado.

Fuentes gubernamentales subrayan que esta medida se ha aplicado en muchos países de nuestro entorno, como Alemania en 2003, en Portugal en 2010 o en Italia en 2009. De hecho recuerdan que el Gobierno de Silvio Berlusconi recaudó alrededor de cinco mil millones, si bien en ese país la amnistía se vinculó a la compra de deuda pública, algo que no se ha planteado en España.

Igualmente, las mismas fuentes señalan que fuera de la UE otros países como Estados Unidos, Argentina o México pusieron en marcha amnistías fiscales en términos parecidos a la que ahora se va a poner en marcha en España.

Montoro ha insistido en que se trata de una medida "excepcional y extraordinaria" para afrontar la importante caída de la recaudación de los ingresos. "La idea me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla porque en el país hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos, que perjudicarían la economía. Son medidas difíciles para tiempos difíciles y si se consigue recaudar más, será positivo para todos", ha manifestado.